LA HABANA.- La Ley Código Trabajo fue aprobado por
la Asamblea Nacional del Poder Popular, tras un debate de varias horas en la
sesión matutina de la primera jornada en plenaria del máximo órgano del Estado
en el segundo período ordinario de su VIII Legislatura.
El nuevo Código del Trabajo, además de actualizar la
norma con respecto a las nuevas formas de labor aprobadas en el país, tiene
como objetivo esencial recuperar la disciplina, fortalecer el papel de la
administración, prever cualquier acto de injusticia que se manifieste en las
relaciones empleado-empleador y consolidar el rol de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales en la eficiencia productiva y de los servicios.
Así expresa el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos sobre el Proyecto de Ley Código de Trabajo, leído
por José Luis Toledo Santander, presidente de esa entidad parlamentaria y que
dio paso al debate del documento por parte de los diputados.
El dictamen asegura, además, que esa norma es
expresión de la democracia revolucionaria cubana, donde el pueblo, como actor
esencial de la misma, participa efectivamente en el ejercicio del poder.
Explicó que luego de la realización de un proceso de
consulta —que se materializó en 69 056 asambleas, en las que participaron más
de 2 800 000 trabajadores—, el anteproyecto fue sometido a una detallada
revisión.
Este escrutinio motivó la modificación de más de
cien artículos, la inclusión de 28 nuevas normativas, y la total reelaboración
del Capítulo II —referente a las organizaciones sindicales—, del artículo 2,
sobre los principios que rigen el derecho de trabajo, y la modificación parcial
del Capítulo XV, referente a las autoridades de trabajo.
Ulises Guilarte de Nacimiento, presidente de la
Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC, significó que el análisis del
anteproyecto por la masa obrera cubana constituyó un amplio proceso democrático
y de debate popular que involucró al 91 por ciento de los trabajadores,
incluyendo a 926 secciones sindicales de colectivos no estatales y a más
de 40 000 colaboradores cubanos en el
exterior.
En su intervención, el también miembro del Comité
Central del Partido argumentó que se realizaron más de 171 000 propuestas,
entre modificaciones, preocupaciones, adiciones y supresiones.
El 70 por ciento de las intervenciones, argumentó,
estuvieron referidas a los contratos de trabajo, las regulaciones de trabajo y
descanso, solución a los conflictos laborales, la representatividad sindical y
el salario.
Al respecto, la diputada Margarita González
Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, destacó que fue consenso en
los debates la necesidad de actualizar esta norma, la cual cumple con la
premisa de proteger los derechos y contribuir a que se cumplan los deberes de
los trabajadores.
Igualmente, dijo, propicia los mecanismos para que rija una mayor disciplina laboral y reafirma la autoridad de las
administraciones.
También ratifica los principios de igualdad en el
trabajo, protección a la mujer, y el derecho al descanso y a la capacitación.
A su vez prohíbe el trabajo infantil, y establece
protección especial a los jóvenes entre 15 y 18 años de edad que se incorporan
al trabajo al concluir su preparación en los institutos politécnicos.
También ratifica la última actualización de la edad
para la jubilación —que establece como términos los 60 y 65 años para mujeres y
hombres, respectivamente— ante el evidente envejecimiento de la sociedad
cubana, y destacó que en 2025 disminuirá la cantidad de personas en edad
laboral con respecto a 2012.
Propuestas hasta última hora
En un ejercicio de democracia llevado hasta el
último minuto de la votación, los parlamentarios cubanos, desde distintas
aristas, sugirieron la modificación o inclusión de varios aspectos en el
proyecto de Código del Trabajo.
El diputado Mario Valentín, de Bayamo, solicitó
estudiar lo planteado en el artículo 30, que prohíbe a los cuadros,
funcionarios, técnicos y profesionales de la salud y la investigación, así como
a maestros, profesores, contralores y auditores, desempeñar otro cargo o empleo
remunerado, con excepción de los asignados a ellos por la entidad.
Sobre ello, estimó que se impone revisar el salario
y condiciones de trabajo en sectores como la salud, educación y la
investigación, los cuales son hoy vitales para el país.
También Ariel Ovidio Álvarez Suárez, diputado por
Media Luna, Granma, expresó su preocupación sobre cómo evitar que el sector de
los trabajadores por cuenta propia se convierta en un futuro en una carga para
la seguridad social.
Este punto fue aclarado por la ministra Margarita
González, al explicar que se han previsto regímenes especiales de contribución
a la seguridad social diseñados para los trabajadores por cuenta propia, que es
el equivalente del registro de salario del trabajador que labora en el sector
estatal.
Por su parte, la diputada Mariela Castro Espín
propuso modificar el lenguaje del Código para darle un enfoque más inclusivo,
así como plasmar explícitamente el respeto a la identidad de género y la
obligación del empleador de respetar y velar por la integridad física,
psicológica y moral del empleado, atendiendo sus opiniones y quejas mediante
mecanismos que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos y deberes.
Otras modificaciones planteadas fueron la propuesta
por Vilma Patricia Alvarado Godoy, del municipio de Playa, referida a la
igualdad en el trabajo para las personas que tengan algún tipo de discapacidad;
y la de Zuleica Romay, diputada por el municipio de La Habana Vieja, sobre la
manera en que se plasma en el documento lo relativo al salario mínimo, entre
otras cuestiones vinculadas con las atribuciones de los empleadores.
Mientras, Mirta Millán Nieves, de Isla de la
Juventud, opinó que no debe dejarse a decisión del empleador las limitaciones
de las embarazadas para trabajar de manera extraordinaria o en localidades
distantes, sino que sean ellas quienes lo determinen.
Algunas de las inquietudes fueron aclaradas mediante
las intervenciones de la ministra Margarita González, en tanto otras fueron
recogidas para que una comisión aprobada por la Asamblea las materialice en la
letra del Código.
Acerca de los debates, Homero Acosta, secretario del
Consejo de Estado, aseguró que el nuevo Código tiene que ver con las relaciones
que se establecen hoy en el mercado laboral, como resultado de las
transformaciones económicas que vive el país.
Igualmente expresó que se trata de un documento muy
avanzado de la Revolución, pues mientras Cuba busca nuevos derechos para sus
trabajadores, en el mundo
—especialmente en Europa— se está desmontando el modelo de bienestar que
se intentó vender durante tanto tiempo.
Es un Código atemperado a la nueva realidad
económica, donde están reconocidos derechos que en otras partes del mundo son
un sueño, afirmó.
Durante el análisis, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, expresó su
satisfacción por la diversidad de opiniones y puntos de vista vertidos, y dijo
que este no es solo un documento jurídico, sino que también expresa los
principios de la Revolución.
Teniendo en cuenta los señalamientos realizados por
los diputados, Díaz-Canel propuso crear la mencionada comisión, que estudiará y
analizará cómo introducir en el Código del Trabajo las adiciones y
modificaciones propuestas en este debate final, lo cual fue apoyado por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, y aprobado en la votación por los diputados.
Fuente
JUVENTUD REBELDE
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