PARÍS.- El Tribunal Correccional de Marsella, en el sureste
de Francia, ha condenado este martes a cuatro años de cárcel a Jean-Claude Mas,
fundador de la empresa PIP que inventó y fabricó unos implantes mamarios
fraudulentos que afectaron a más de 5.000 pacientes en Francia y 80.000 en el
mundo. En España se calcula que hay unas 18.500 mujeres con estas prótesis de
mama.
Mas, de 74 años, fundó en 1991 la empresa Poly
Implant Prothèse (PIP) y se convirtió en el cuarto fabricante mundial de
prótesis mamarias gracias a sus implantes de bajo coste fabricados con un gel
no homologado por las autoridades.
Unas 80.000 mujeres en el mundo estaban esperando el
veredicto de un juicio a gran escala y sin precedentes que se celebró hace
siete meses y en el que Mas se mantuvo imperturbable. Además de los cuatro años
de cárcel, Mas ha sido condenado a una multa de 75.000 euros, frente a los
100.000 reclamados por la acusación, y a la prohibición de ejercer una
profesión en el terreno sanitario o médico.
"Nos sentimos muy desanimadas. Cuatro años en
prisión y 75.000 euros no nos deja satisfechas. Este hombre ha hecho muchísimo
daños", comenta Eva Giménez a EL MUNDO, presidenta de la Asociación
Nacional de Afectadas por las Prótesis PIP. "Esperemos que en España se
haga más justicia". Tal y como señala esta afectada, no hay ninguna
española entre las 5.000 denunciantes de la causa francesa. "Nosotras
interpusimos una demanda en la Audiencia Nacional que se admitió a trámite y
ahora está en instrucción. Estamos a la espera", agrega.
Además del creador de las prótesis PIP, el Tribunal
condenó a otros cuatro trabajadores de la empresa a penas de entre tres años de
cárcel, con dos exentos de cumplimiento, y año y medio de prisión sin
cumplimiento.
"No sólo se es culpable por acción, también por
omisión y en España se ha omitido mucho. Muchos cirujanos sabían desde hace
años que las PIP estaban dando malos resultados y eran corrosivas, pero
siguieron implantándolas", apunta Giménez.
Todos ellos han sido considerados culpables de haber
puesto en marcha un proceso para engañar a las autoridades sanitarias francesas
y poder fabricar en su planta del sureste francés prótesis con un gel no
homologado, derivado de una silicona industrial diez veces más barata que la de
sus competidores, lo que les convertía en las más competitivas del mercado.
Hasta su prohibición en 2010, poco después de que se
multiplicaran los incidentes con las prótesis mamarias PIP, la acusación estimó
que la empresa se ahorró un millón de euros anuales en gastos de fabricación.
PIP llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera
de Francia, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se
estima que 33.000 mujeres fueron operadas para implantarles esas prótesis.
Pese a las acusaciones de fraude, durante el juicio
Mas confesó utilizar una silicona industrial, pero afirmó que sus prótesis no
tenían ningún riesgo sanitario y acusó a las mujeres que lo llevaron ante los
tribunales de ser "frágiles" y de pretender "sacarle el
dinero".
Un dinero que asegura que no tiene, porque, según
explicó en la audiencia, el cierre de su empresa le dejó en la ruina, algo que
los abogados de las denunciantes consideran falso, por lo que han pedido que se
investigue la posibilidad de que tenga fondos ocultos en paraísos fiscales.
En el ojo del huracán también está ahora la empresa
alemana Tüv, que durante años certificó las prótesis de PIP pasando por alto
que estaban fabricadas con un gel no homologado.
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