Egipto abre la tercera causa contra Mursi por fugarse de la cárcel durante la revolución de 2011

EL CAIRO.- En menos de una semana el derrocado Mohamed Mursi ha multiplicado sus procesos judiciales pendientes. La Fiscalía General ha anunciado este sábado la tercera causa contra el islamista por el asesinato de policías y el asalto y huida de la cárcel de Wadi Natrum, en el norte del país, durante los primeros días de las revueltas que forzaron la salida de Hosni Mubarak en 2011. Otras 129 personas compartirán banquillo con el ex mandatario.

El caso, desempolvado a finales del pasado junio por una corte de la ciudad de Ismailia, basa sus pruebas en la fuga de reclusos que tuvo lugar en esta prisión en enero de 2011. Entre los fugados, figuraba el ex presidente, que había sido detenido al inicio de las protestas por "intento de derrocar el régimen". Según la fiscalía, miembros de la Hermandad cooperaron con camaradas de los movimientos palestino Hamás y libanés Hizbulá y beduinos de la península del Sinaí para asaltar las prisiones y liberar a sus miembros encarcelados.

El complot -señala la tesis del Ministerio Público- comenzó a urdirse el 25 de enero de 2011, coincidiendo con la primera jornada de manifestaciones. Entonces varios ataques a agentes de la policía en el Sinaí sirvieron para que militantes extranjeros accedieran a Egipto a través de los túneles con Gaza.

El golpe definitivo tuvo lugar el 29 de enero, con el asalto a varias cárceles egipcias para liberar a sus presos. Una de las principales acciones sucedió en el penal de Wadi el Natrum, situado en el desierto, entre El Cairo y Alejandría. Según los testigos, los atacantes irrumpieron en el complejo penitenciario con ametralladoras y maquinaria pesada para derribar muros y puertas. Un total de 11.171 presos fueron liberados. Entre ellos, Mursi y los dirigentes de la Hermandad Esam el Erian, Sobhi Saleh y Saad Katatni, actual presidente de su brazo político La Libertad y la Justicia.

La causa ha sido enviada este sábado al Tribunal Penal de la capital, que debe fijar una fecha para el comienzo del juicio. Mursi afronta otras dos causas. El ex presidente, encarcelado en una prisión cercana a Alejandría, inauguró el pasado 4 de noviembre el primero de sus juicios por instigar la muerte de manifestantes durante los choques que sus partidarios y detractores protagonizaron el 5 de diciembre de 2012 a las puertas del palacio presidencial de Ittihadiya. El proceso se reanudará el próximo 8 de enero.

Además, el pasado miércoles la Fiscalía General abrió un segundo juicio contra Mursi y otros 35 dirigentes islamistas por conspirar con Hamas y Hizbulá para "cometer actos terroristas en el país, divulgar secretos de estado a países extranjeros y financiar el entrenamiento de terroristas para alcanzar los objetivos de la organización internacional de la Hermandad".

En concreto, la justicia acusa a la cofradía de diseñar un "plan terrorista" junto a Hamas y Hizbulá. El complot, que habría sido pergeñado en 2005, consistiría en enviar a militantes a la franja palestina de Gaza para recibir entrenamiento militar por parte de Hizbulá y la Guardia Revolucionaria iraní. Una vez formado, el pelotón se uniría a los grupos "yihadistas" que operan en la península del Sinaí en busca del establecimiento del "califato islámico".

La fiscalía -que calificó el juicio como "la mayor conspiración de la historia del país"- también señala a la Hermandad, un verdadero poder fáctico del país con una amplia red de caridad y 85 años de historia, como responsable de explotar el caos que sucedió al levantamiento popular contra Mubarak y llevar a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad en el norte del Sinaí, en la frontera con Gaza e Israel. En un comunicado, la cofradía tildó las acusaciones de espionaje de "irrisorias" e "intento desesperado y descarado" de "legitimar el golpe ilegal" del pasado 3 de julio.

Desde la asonada, las autoridades egipcias han lanzado una dura campaña de represión contra Hermanos Musulmanes y aliados, a los que acusan de promover el terrorismo y propagar el caos. Cientos de seguidores del ex presidente han muerto y miles -entre ellos, el núcleo duro de la cofradía- han sido detenidos. La agrupación, con una amplia red de caridad, ha sido ilegalizada. Una docena de organizaciones de derechos humanos locales han reclamado una investigación imparcial del desalojo de las acampadas islamistas de Rabea al Adauiya y Nahda que se cobró cientos de vidas en agosto.

Por FRANCISCO CARRIÓN/El Mundo