MADRID.- El fiscal Anticorrupción acusará a Iñaki
Urdangarin de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel, en el
escrito que presentará en las próximas semanas solicitando la apertura del
juicio oral. La petición para el socio del duque de Palma, Diego Torres, será
de cinco delitos, penados con un máximo de 19 años de reclusión.
Sí habrá igualdad en la multa que el fiscal pedirá
que abonen y que asciende a 3,5 millones de euros. Tal y como ha advertido el
fiscal general del Estado, no habrá petición de pena para la Infanta Cristina,
y hay dudas de si también se exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro
Éste es el planteamiento que tiene encima de la mesa
el Ministerio Público y que, salvo sorpresas como un acuerdo de conformidad,
saldrá adelante en el escrito de acusación que entregará al juez Castro después
de Navidad, previsiblemente una vez que se sepa si se imputa o no a la Infanta
Cristina.
Horrach pedirá para los dos protagonistas una multa
conjunta de 2,5 millones de euros
La gran novedad es que Anticorrupción, cuyo fiscal
adscrito a la causa es Pedro Horrach, plantea inculpar de un delito más a Urdangarin
que a Torres. Finalmente, atribuirá seis infracciones penales al duque de
Palma: prevaricación, malversación, falsedad, fraude y dos fiscales. A su
antiguo socio e íntimo amigo le caerán prevaricación, malversación, falsedad,
fraude y uno fiscal. Es decir, cinco.
Eso sí, se librarán del blanqueo de capitales porque
la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con
precisión el autoblanqueo. Esta postura facilitaría a la larga que la hija del
Rey pueda librarse de este tipo penal al no atribuírselo a sus máximos
protagonistas.
En el peor de los escenarios para él, es decir,
tomando como referencia la parte más alta de las penas, Urdangarin podría ser
condenado con hasta 23 años de prisión. A Torres sus actividades delictivas le
supondrían alrededor de 19 de reclusión. A Urdangarin se le castigaría por dos
delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2007 y 2008, ambos por
superar la cuota de 120.000 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Por su parte, Diego Torres habría infringido el artículo 305 del
Código Penal -el que castiga los delitos fiscales- en 2007. La pareja se sirvió
de sus empresas pantalla para pagar fraudulentamente menos al Fisco acogiéndose
al Impuesto de Sociedades en lugar de tributar vía IRPF.
El fiscal sostiene que en las adjudicaciones a dedo
a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó
la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos suscritos con la
Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia
comandado por Rita Barberá, como con los que firmaron con el Govern de las
Islas Baleares presidido por Jaume Matas.
La retahíla de irregularidades es interminable: los
precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco
concurrencia, menos aún fiscalización del gasto y, en algunos casos, todo era
fruto de pactos verbales.
También cuestiona el uso del convenio como figura
legal de la que se sirvieron Urdangarin y Torres -con la complicidad de Matas,
Camps y Barberá- para evitar someterse a un concurso público. El hecho de que
se optase por este atajo legal no basta para hacer desaparecer la ilicitud del
gasto y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su totalidad. Item más:
el Tribunal de Cuentas ha defendido en varias sentencias que "no es
suficiente el contrato para entender justificado el gasto, los contratos deben
tener una causa, lícita por supuesto, y ésta ha de acreditarse".
Anticorrupción entiende, por tanto, que no sólo el
Govern de las Islas Baleares y la Generalitat Valenciana, sino también el
Ayuntamiento de Madrid -con los 144.000 euros que les dio la Oficina Olímpica
de Madrid 2016-, deberían haber elegido un mecanismo diferente al del convenio.
Según la ley, esta figura queda limitada a la colaboración entre instituciones,
cuando las dos partes carezcan de interés patrimonial o cuando no exista una
contraposición de intereses. Es obvio, a la luz de las pruebas que obran en la
causa, que había interés patrimonial, puesto que Urdangarin y Torres se
metieron en sus bolsillos 2,6 millones de euros en Baleares y otros 3,5 en la
Comunidad Valenciana.
El dúo Urdangarin-Torres y los demás imputados
deberán devolver, pues, íntegramente las cantidades recibidas de los erarios
autonómicos. La Fiscalía considera que habría que imponerles una multa de
3.495.000 euros: algo más de un millón de euros por el dinero distraído de
Baleares y 2,3 millones por los fondos públicos que se embolsaron en la
Comunidad Valenciana. Llama la atención la desproporción entre la multa que
reclamará el fiscal y la fianza de responsabilidad civil, aún vigente, que se
impuso solidariamente a ambos: 8,2 millones.
El resto, hasta completar los 6,1 millones de los
que se apropiaron en total en las dos administraciones, lo pagarán los
políticos y funcionarios que colaboraron en el saqueo. Jaume Matas, el
dirigente popular que presidió Baleares de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007 y que
será acusado de prevaricación, malversación y fraude, también tendrá que poner
parte de los fondos detraídos ilegalmente. En concreto, se baraja una multa de
unos 500.000 euros.
El presidente balear posee ya antecedentes: fue
condenado por el Supremo a nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de
influencias y por la Audiencia de Palma a abonar 51.000 euros al Estado por
cohecho.
Por último, la intención de la Fiscalía es dejar al
margen a antiguos colaboradores del duque de Palma, como el empresario Miguel
Zorío.
Esta hoja de ruta de Anticorrupción quedará en papel
mojado si llegan a buen puerto las negociaciones que, pese a lo que mantiene el
fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, siguen abiertas. Torres-Dulce fue tajante
hace un mes cuando este diario destapó esta posibilidad: "No hay abierta
ni va a haber ninguna negociación para cerrar un pacto en el denominado caso
Nóos".
Fuente
EL MUNDO
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