Los delitos imputados a Cristina, la hija del Rey Juan Carlos, supondrían seis años de cárcel
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MADRID.- El juez José Castro ha imputado a la
Infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales y otro fiscal
presuntamente cometidos por la hija del Rey en su condición de copropietaria de
Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros
públicos desde el Instituto Nóos.
El auto de 227 páginas, que acaban de recibir las
partes, cita a la hija pequeña del Rey a declarar dentro de dos meses.
Concretamente, el sábado 8 de marzo a las 10.00 horas de la mañana. El
magistrado instructor del caso Urdangarin ha dado ese amplísimo margen con un
obvio objetivo: que a la Audiencia Provincial de Palma le dé tiempo a fallar el
más que seguro recurso de la Fiscalía Anticorrupción.
Los delitos que el titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Palma atribuye a Doña Cristina están severamente
castigados por el Código Penal. El blanqueo de capitales conlleva una pena de
cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la
cantidad de dinero lavada. El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de
estancia en prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra
distraída a Hacienda.
El magistrado instructor sostiene que la
contabilidad de Aizoon, sociedad instrumental que en estos momentos preside la
duquesa de Palma, "distaba mucho de ajustarse a la realidad". Y tilda
de "fiscalmente opaco" el reparto de dividendos entre los dos
titulares de la empresa familiar: Cristina de Borbón y Grecia e Iñaki
Urdangarin.
Una de las acusaciones más graves del auto viene a
continuación, casi sin solución de continuidad, en un párrafo que no deja lugar
a la duda: "Esos ingresos [procedentes del reparto de dividendos
fiscalmente opacos] nunca los tributó en sus declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas [IRPF]".
Segunda
imputación
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita
como imputada a la infanta Cristina, pero cuando lo hizo por primera vez en
abril de 2013 tuvo que suspender poco después la citación porque de que la
Fiscalía Anticorrupción había presentado un recurso ante la Audiencia
Provincial. La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas
líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en
posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es
propietaria al 50 % junto a su esposo.
El juez Castro apunta en el auto que Iñaki
Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin,
cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho
que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira
para otro lado".
Una forma de actuar que el magistrado considera
irregular "por omisión", recalcando que no podría entenderse que la
Duquesa de Palma no estuviera "alertada" del proceder de su marido,
tanto por su "sólida formación" como por una intervención
parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el
diputado socialista Antoni Diéguez, en la que "se suscitaron dudas sobre
las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas".
Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del
auto, Castro se pregunta por qué la Infanta no utilizó su "paritario
potencial participativo" en la sociedad Aizoon -de la que es copropietaria
junto a su esposo y a través de la cual se habría defraudado al fisco- para
rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de esta empresa.
La
Infanta recurrirá
La defensa de la infanta Cristina recurrirá ante la
Audiencia de Palma su imputación. En declaraciones a los medios de
comunicación, Miquel Roca, abogado de la infanta, ha señalado que discrepa de
la decisión del juez Castro de imputar a Doña Cristina, por lo que presentará
un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma para evitar que tenga que
acudir a declarar el próximo 8 de marzo.

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