SAN JUAN, Puerto Rico (17 Junio 2014).- El Comité
Dominicano de Derechos Humanos (CDDH) en Puerto Rico denunció hoy la muerte de
un compatriota a causa de disparos efectuados presuntamente por un agente
policial fuera de servicio y borracho, un caso todavía sin esclarecer.
El presidente del CDDH, José Rodríguez, señaló a Efe
que el incidente ocurrió el 26 de abril en Caguas, localidad del interior de
Puerto Rico, donde el técnico de computadoras dominicano Epifanio Abreu se vio
envuelto en un forcejeo con el dueño de un establecimiento por diferencias por
el pago de un servicio.
En ese momento, el agente policial, identificado
como Benito Cruz Sánchez, intervino tras lo cual el ciudadano dominicano
resultó lesionado y salió del lugar.
Abreu regresó al establecimiento con un machete,
pero en el camino se encontró con Cruz Sánchez, quien supuestamente le disparó
mientras pronunciaba la frase: "yo voy a matar a este desgraciado".
"Seguimos y seguiremos denunciando estos
atropellos contra la comunidad dominicana en Puerto Rico. Los policías
continúan entrando sin órdenes a las casas y a los establecimientos, de cuales
algunos han tenido que cerrar por miedo", denunció Rodríguez.
Exigió además al alcalde de Caguas, William Miranda
Torres, y a las autoridades a que investiguen y juzguen a Cruz Sánchez.
"Estamos cansados de que el Departamento de
Justicia no haya encontrado culpable a ningún policía por cometer algún delito contra
algún dominicano", indicó.
Ramonita Parra, conocida de Abreu, señaló hoy a Efe
que su compañero nunca tuvo problemas durante los 24 años que vivió en Puerto
Rico.
"Nunca tuvo un no para el prójimo. Nuestro
propósito acá era buscar nuestro sustento para vivir. Eso era todo",
relató Parra.
Esta muerte se suma a otros hechos que la comunidad
dominicana en Puerto Rico ha denunciado durante los pasados meses contra las fuerzas
locales del orden por intervenciones violentas contra negocios gestionados por
inmigrantes de esa nacionalidad.
Se estima que en Puerto Rico vive cerca de medio
millón de dominicanos, muchos de ellos sin la debida documentación migratoria,
en una isla que oficialmente cuenta con una población de 3,7 millones de
habitantes.
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