El Tribunal Supremo de EEUU coloca a Argentina al borde de la suspensión de pagos

WASHINGTON (17 Junio 2014).- Doce años después de su última suspensión de pagos, Argentina vuelve a quedar al borde de la quiebra. En esta ocasión, por 1.300 millones de dólares (960 millones de euros) que el país sudamericano se niega a pagar y que el Tribunal Supremo de EEUU ha decidido este lunes que tiene que abonar.

Es el último residuo, precisamente, de la suspensión de pagos de diciembre de 2001 -la mayor llevada a cabo por un país en la Historia-, y un fracaso político de primera magnitud para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ha reaccionado a la decisión con declaraciones de índice apocalíptico. Según Buenos Aires, una nueva suspensión de pagos "podría desencadenar una catástrofe económica de severas consecuencias para millones de argentinos". El Gobierno de Barack Obama se había puesto del lado del argentino en la disputa.

El mercado, no obstante, cree que aún hay margen para evitar el colapso. Argentina quiere demostrar su 'independencia' del capital exterior. Y los fondos que la han llevado a los tribunales quieren dinero, aunque tengan que conformarse con menos de lo que piden. Así que es posible que el Gobierno de Kirchner negocie con los tenedores de la deuda un acuerdo para pagar pero que le permita salvar la cara políticamente.

La clave del debate es que el Supremo de EEUU ha rechazado la apelación del Gobierno argentino de una serie de sentencias dictadas por tribunales inferiores que determinaban que no hay base legal para que Argentina dé un tratamiento diferente a los tenedores de deuda emitida antes de 2001.

Los hechos

La cuestión es que ese país debe realizar un pago de 903 millones de dólares (666 millones de euros) de deuda el día 30 de este mes y, según los tribunales estadounidenses, tendrá que pagar primero a los que tienen deuda anterior a 2001 que a los que deben cobrar en esa fecha. El Gobierno de Buenos Aires afirma que no tiene reservas suficientes para hacer frente a ambos compromisos.

Además, el Supremo de EEUU ha autorizado a los dos hedge funds (fondos no regulados aunque, desde la crisis de 2008, deben informar a los reguladores de su situación financiera) que actúan como demandantes de Argentina a recurrir a los tribunales estadounidenses para localizar y hacer que sean embargados activos del Estado argentino en caso de que éste no pague.

La consecuencia es que las acciones de la petrolera YPF, controlada por el Gobierno argentino tras su nacionalización a la española Repsol, caían un 13% en Wall Street al conocerse la noticia, aunque posteriormente redujeron su desplome al 7%. En 2013, gracias a la acción de otros fondos especulativos, YPF subió más de un 100%, si bien en lo que llevamos de 2014 su cotización ha estado más bien plana.

La controversia es la siguiente: en 2001, Argentina suspendió pagos de su deuda, que entonces ascendía a 95.000 millones de dólares (70.000 millones de euros). Era, en total, el 14% de la deuda de los países en vías de desarrollo.

Cuatro años después, tras duras negociaciones, el Gobierno de Néstor Kirchner alcanzó un acuerdo con los tenedores del 76% de la deuda argentina en virtud del cual la mayoría de los bonos serian canjeados por otros con un valor nominal de aproximadamente el 30%-35% de su valor. El interés de estos bonos estaría, en su mayor parte, vinculado al PIB del país, que desde entonces ha crecido a tasas que han oscilado entre el 0,9% y el 9,2%. En 2010, en otra ronda de negociaciones, Argentina reestructuró casi la totalidad de la deuda restante. A esa deuda reestructurada es a la que pertenecen los 666 millones que argentina debe pagar el 30 de este mes.

La clave

El problema está en el 6% de los pasivos que quedó sin solución. Una serie de hedge funds compraron esa deuda por un precio de alrededor del 20% de su nominal, es decir, por el valor al que habían sido vendidos en el mercado. Esos hedge funds, a continuación, se dedicaron a ir a los tribunales para exigir que Buenos Aires les pagara. Dado que esos activos no estaban sujetos a las reestructuraciones de la deuda, no se veían afectados por las quitas. En otras palabras, los fondos habían pagado un 20% por activos que valían el 100%. El Gobierno argentino, entretanto, afirmaba que esos bonos debían someterse a las condiciones de los demás títulos reestructurados.

El resultado ha sido una rocambolesca batalla judicial, que alcanzó su cenit cuando el buque-escuela de la Armada argentina, el Libertad, quedó bloqueado en Ghana durante dos meses en 2012 debido a las acciones legales de NML, uno de los hedge funds que reclamaba el pago de la deuda que había adquirido. NML también ha tratado sin éxito de embargar el avión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y el oro de Argentina en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York.

NML ha sido de lejos el fondo más agresivo en la disputa. Su máximo responsable, Paul Singer, es un destacado donante del Partido Republicano de EEUU que, sin embargo, y en abierta ruptura con esa formación política, es también un gran defensor de los derechos de los homosexuales (acaso porque uno de sus hijos es gay). Singer tiene una fortuna estimada en cerca de 1.000 millones de euros, obtenida fundamentalmente gracias a su habilidad para comprar deuda en suspensión de pagos y venderla más cara o llevar a los tribunales al emisor, como está haciendo con Argentina. Un grupo de ex empleados de NML-y su matriz, Elliott Management-tambien tiene deuda argentina a través del vehículo de inversión Aurelius Capital Management.

Otros fondos que han comprado deuda argentina sin reestructurar han tenido una actitud menos agresiva en la disputa. Ése es el caso de Gramercy, que tiene unos 3.900 millones de dólares (2.979 millones de 3euros) y ha asesorado a Buenos Aires en la controversia.

Por PABLO PARDO/El Mundo