CIUDAD DE MÉXICO (7 Agosto 2014).- Un año de trámites, más de 100 días de negociación
parlamentaria con sesiones históricas hasta de 20 horas, manifestaciones,
pancartas, y multitud de 'performances' incluidos desnudos en plena cámara
(para ilustrar el "despojo" a México que supone, según la izquierda,
la reforma energética), víboras serpenteando entre los escaños (y no es
metáfora) o voces de ultratumba (ahora sí lo es) del mismísimo general Lázaro
Cárdenas lamentándose ante los diputados del fin de un modelo que inició con la
nacionalización del petróleo en 1938.
La nueva era energética de México, con los sectores
del petróleo, el gas y la electricidad totalmente abiertos a la participación
privada, iniciará en cuanto el presidente Enrique Peña Nieto promulgue las
leyes la semana que viene. Pero el camino para llegar a la promesa más
ambiciosa (y mejor vista en el exterior) del mandatario, ha sido intenso y
terriblemente politizado.
Aunque el apoyo del PRI (el partido Peña) y el PAN
(derecha) garantizaba desde un principio mayorías absolutas en el Congreso y el
Senado, ambos han discutido mucha letra pequeña y la izquierda ha querido dar
la batalla en contra hasta el final.
De hecho, tanto el PRD (el partido tradicional de
izquierda) como Morena (el nuevo grupo del ex candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador) confían en poder celebrar un referéndum en 2015 que
bloquee lo aprobado ahora. "Vamos a luchar para cambiar lo que hoy dan
como un hecho consumado", dijo el senador Miguel Barbosa, coordinador del
PRD en el Senado.
Para sus defensores, la reforma, cuya aprobación
culminó casi a medianoche de este miércoles y conllevó cambios a la
Constitución, es el inicio de un futuro de inversiones que se traducirá en un
impulso económico para el país, un aumento de la producción de hidrocarburos, y
mejores precios y servicios para los mexicanos.
"Hoy estamos haciendo una nueva historia",
dijo Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el senado. "Los
resultados que queremos son crecimiento económico y empleo para todos los
mexicanos, disminución de la desigualdad y la pobreza", añadió.
Para la izquierda, es despojar al país de su
principal sustento, el petróleo, responsable del 37% de los ingresos de México
y no garantizar que prime el bien común sobre el empresarial. Mientras, las
grandes energéticas internacionales se frotan las manos.
Los académicos, en general, consideran la reforma
positiva porque rompe 76 años de monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex), un
modelo que, para casi todos, era insostenible porque la producción de crudo
bajaba (de los 3,5 millones de barriles al día de 2004 se pasó a los 2,5
millones actuales), la petrolera tiene pérdidas millonarias, no tiene capital,
ni tecnología para proyectos ambiciosos y estaba lastrada por la corrupción.
Sin embargo, muchos dudan de que México tenga la
fortaleza institucional para que la apertura del sector se haga en las
condiciones de competitividad y transparencia necesarias para que se traduzca
en beneficios para la mayoría y no solo para unos pocos.
Y es que pese a todas las leyes y debates, las
condiciones de los contratos que permitirán entrar en el sector a las empresas
privadas, el gran quid de la cuestión, están "subreguladas". Es
decir, "el margen de acción del gobierno a la hora de redactarlos es
amplísimo y sin reglas fuertes de transparencia podrían favorecer solo a unas
empresas determinadas", explica a EL MUNDO la profesora del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), Miriam Grunstein.
"¿Qué me dicen las leyes? Que vamos a tener que
trabajar muy duro para que esto pueda funcionar pero no va a ser nada
fácil" manifiesta Grunstein.
Las claves de la reforma
Estas son las claves de las leyes más esperadas del
paquete de reformas estructurales prometido por Peña Nieto.
1. ¿Cómo participará la iniciativa privada en el
petróleo o el gas?
A través de contratos y licitaciones podrán
participar en la explotación, producción, transporte y venta de hidrocarburos.
Desde 2008 Pemex ya poda contratar a empresas que ofrecieran determinados
servicios pero dichas compañías no eran dueñas de su producción. Ahora sí
pueden serlo en porcentajes a determinar en cada caso.
Sendas comisiones reguladoras, una para
hidrocarburos y otra para electricidad, serán las que definan y otorguen los
contratos siguiendo las directrices de la Secretaría de Energía. Se esperan los
primeros contratos este otoño. Pemex tendrá prioridad en proyectos
estratégicos.
Las gasolineras serán uno de los cambios más
visibles ya que a partir de ahora no tendrán que ser solo de Pemex. Además a
partir de 2017 podrán comercializar combustible importado.
2. Los acuerdos más polémicos sobre los contratos
El primero es la "ocupación forzada" que
impide al propietario de un terreno negarse a que ahí se instale una explotación
aunque no llegue a un acuerdo con la energética. La ley establece
compensaciones para los propietarios ("más dinero de lo que muchos
campesinos han visto nunca pero que para las empresas puede ser una
carcajada", dice Grunstein) pero ciertas comunidades pueden verse
desplazadas.
Además, según la investigadora, las compensaciones
aprobadas pueden generar la especulación de terrenos. "Hay cadenas de
hoteles que están comprando haciendas en estados petroleros y en cuanto haya un
inversor que empiece a operar ahí, además de la renta cobrará un 3% de
utilidades".
El segundo acuerdo polémico es que se podrá utilizar
la técnica del 'fracking' (perforar el suelo e inyectar agua y químicos a
presión) muy cuestionada por algunos sectores por los daños al medioambiente
que puede ocasionar.
3. El mercado de la electricidad
Se liberaliza la generación y la venta a los grandes
usuarios, es decir, una empresa privada podrá generar toda la electricidad que
quiera (ahora solo podía ser para el autoconsumo) y podrá venderla a grandes
usuarios (los que consuman más de 5 megawatts diarios) - un municipio, a otra
empresa, a la CFE- pero no a un particular, de eso se encarga la CFE.
4. Cambios en PEMEX y CFE
Las 'paraestatales' se convierten en empresas
"productivas", es decir, deben buscar beneficios, ser estratégicas.
El Estado sigue siendo su dueño pero no su administrador aunque el gobierno de
turno controlará al menos la mitad de los respectivos consejos de
administración.
El Estado asume pasivos laborales de ambas
compañías, es decir, sus pensiones y jubilaciones, que suman 1,6 billones de
pesos (casi 100.000 millones de euros). El objetivo: que tengan más facilidad
para competir. Deberá realizarse una auditoría para ver el origen de todo el
pasivo y se debe renegociar el convenio colectivo. Ninguna de estas tareas será
sencilla.
La carga fiscal actual de Pemex es enorme. La
reforma la reduce levemente pero, sobre todo, la flexibiliza. Cuando Pemex
opere con socios privados tendrá un régimen preferente, es decir, pagará menos
impuestos.
Además, se crea un Fondo Nacional del Petróleo (un
fideicomiso en el Banco de México) para gestionar sus ingresos y un fondo de
compensación para los estados menos petroleros.
5. El sindicato de petróleos
Sale del Consejo de Administración de Pemex pero su
poder se mantiene. Su dirigente, Carlos Romero Deschamps, un senador priísta
(del Partido Revolucionario Institucional) muy cercano a Peña Nieto, acumula
escándalos pero se mantiene intocable. En 2003, por ejemplo, fue acusado de
desviar 1.500 millones de pesos (846 millones de euros) del sindicato a la
campaña presidencial del PRI.
Entre los 'sorprendentes' beneficios de los
trabajadores de Pemex están jubilaciones incluso con 42 años, herencia de
plazas, o bonos de gasolina de por vida.
6. ¿Se reducirá la corrupción?
Se multiplican los órganos de control del sector
pero, según Grunstein, eso no significa más transparencia. "Falta capital
humano y el que hay, no tiene experiencia regulando mercados energéticos".
Además, indicó que "ya se sienten las 'exigencias' de determinadas
empresas lo que se puede entender como una amenaza o como la diferencia entre
tener inversión o no tenerla".
La corrupción está presente en "todos los
sectores de Pemex", en palabras de la académica Teresa Magallón. Además,
como demuestra la periodista Ana Lilia Pérez en su libro "El Cártel
Negro", la infiltración del crimen organizado es total: el narco 'ordeña'
los oleoductos o gaseoductos, controla la venta clandestina de gasolina,
secuestra camiones, extrae ilegalmente material de la empresa, impone su ley en
algunos campos de producción, extorsiona, hostiga o secuestra a trabajadores y,
sobre todo, corrompe. Ninguna reforma energética parece que cambiará esto.
7. Precios
Según el gobierno, la reforma conllevará una bajada
de precios para el consumidor pero los expertos afirman que no se puede
garantizar porque "dependerá de la fuerza del estado, el grado de
competencia y que no haya manipulación de precios", afirma Grunstein.
En el caso de la luz se mantendrán, de momento, los
subsidios al servicio público de electricidad.
El precio del gas se liberalizará completamente en
el 2017. El de la gasolina y el diesel en 2018 aunque hasta entonces el
gobierno establecerá unos precios máximos.
Por
MARÍA VERZA/El Mundo
No hay comentarios.: