BUENOS AIRES, Argentina (30 Octubre 2014).- La
escena tuvo ribetes holliwoodenses, aunque se haya registrado en plena Capital
Federal, a la luz de un día agobiante. Fue frente al Aeroparque Jorge Newbery,
de esta ciudad. Siete colombianos fueron detenidos en circunstancias
sospechosas. Se trasladaban en tres carros y dos motos cuando, advertidos por
los custodios del fiscal porteño Carlos Stornelli, intentaron fugarse y fueron
reprendidos con disparos.
Cuatro escaparon. Después se supo que se trataba de
un grupo de ‘pincharruedas’, ya que se les incautaron cuchillos y punzones. Sin
embargo, a raíz de esta detención, se desató el debate en el medio de la
reforma del Código Procesal Penal que lleva a cabo el Congreso argentino.
“Estamos infectados de delincuentes extranjeros y deberían ser deportados
inmediatamente”, sentenció el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Y ayer, en
el mismo tono, se refirió el director nacional de Migraciones, Martín Arias
Duval, quien le apuntó directamente a Colombia porque dos de los siete presos
ingresaron de manera irregular a Argentina y cinco de ellos tienen
antecedentes.
Los colombianos estaban a bordo de un VW Bora, un
Citröen C4 y un Nissan Tiida. El primer vehículo es propiedad de una mujer que
durante 2014 fue detenida tres veces por resistencia a la autoridad, robo y
falsificación. El segundo, de un hombre que tiene una orden por drogas y
estafa. La identificación no tardó en llegar, aunque llamó la atención el caso
de Frank Jair Miranda Reyes (29 años) y John Brandon Castillo Yankel (21), de
quienes no hay datos de ingreso migratorios. Las autoridades no saben cómo
hicieron para entrar al país. Ambos tienen prontuario. Miranda Reyes, incluso,
fue procesado en Colombia por hurto calificado, porte de armas y municiones,
por lo que fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante dos años y
ocho meses. A Castillo Yankel lo penaron con un año y nueve meses de cárcel por
hurto calificado y agravado, pero la condena quedó en suspenso. Aquí tiene una
orden por hurto y otra por drogas, de la que fue sobreseído.
El resto de los detenidos son Jefferson Andrés Rojas
Pedrán (27 años). Ingresó a Argentina el 20 de julio de 2010. Tiene los papeles
vencidos desde octubre de ese año. También una orden por robo simple y está
siendo investigado por el robo al periodista Alfredo Leuco, en noviembre de
2013. Hace un mes había sido liberado.
David Leonardo Silva Wateros (19 años).
Entró al país en enero; en julio cayó preso por robo en vía pública; tiene una
proceso abierto, pero como víctima, por lesiones dolosas y robo con armas;
había salido de prisión hace un mes. Carlos Bernal Valenzuela (33 años).
Ingresó al país en julio de 2012 y fijó residencia en el hotel Melía de
Recoleta. Tiene un proceso por abuso de armas y disputa ocasional. Cuando lo
detuvieron, estaba herido. Lo investigan por supuesta vinculación con bandas.
Jesús Alberto Silva Moyano (36) y Óscar Martínez Monroy (44) entraron
legalmente al país y no tienen antecedentes penales.
Para Ramiro Rúa, abogado de los colombianos, “hay
una estigmatización” de sus defendidos y aseguró que sólo estaban fumando
marihuana cuando se detuvieron en un semáforo y fueron interceptados por los
custodios del fiscal Stornelli.
Aunque casi todos tenían antecedentes, “no
teníamos esa información y no fue comunicada por la autoridad judicial
colombiana a Interpol. Si no hay una comunicación fehaciente del país de origen
sobre si el inmigrante cuenta con antecedentes en el mundo delictivo, no
tenemos manera de saberlo”, se quejó el funcionario de Migraciones, Arias
Duval, quien utilizó el mismo tono que Berni. “El 20% de los detenidos por la
Policía Federal son extranjeros, y luego son excarcelados inmediatamente. Y,
del total de los que están en las cárceles, el 5% proviene del exterior”,
afirmó el secretario de Seguridad. Para el jefe de la Policía Metropolitana,
Ricardo Pedace, el 50 o 60% de los detenidos en el área del Microcentro porteño
son extranjeros que, especialmente, se dedican al “punguismo, arrebato o
descuidismo”. En este contexto, cobra vigencia el informe que sacudió a la
opinión pública hace unos meses, cuando fuentes policiales revelaron que en
Argentina detienen a un colombiano cada tres días.
Aquí ellos operan en bandas. Los “apartamenteros” se
hicieron famosos por montar cerrajerías, duplicar las llaves de los vecinos y
desvalijar departamentos. Hicieron sus primeros pinitos en la zona de Congreso,
Balvanera y Monserrat, circuito turístico de la capital, pero el asedio
policial los obligó a mudarse a la zona oeste del Gran Buenos Aires. Otra de
las modalidades que adoptaron los colombianos, que se dedican a cometer
ilícitos aquí, es pinchar ruedas. En un semáforo le hacen un tajo al neumático
del blanco elegido y lo asaltan por sorpresa. Mientras tanto, Argentina quiere
expulsar a “extranjeros” y a eso apunta la reforma de la ley, que aquellos que
sean detenidos in fraganti puedan ser deportados, muy a pesar del discurso de
un gobierno que pondera la consolidación de la Patria Grande, un plan que busca
la regularización de los inmigrantes.
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