WASHINGTON (31 Octubre 2014).- La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió ayer a la República Dominicana
que acate y convierta en un "elemento clave" de su legislación la
sentencia de la CorteIDH, que condenó al país por deportar a haitianos y
dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
El país rechazó esta semana cumplir la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "por violar la
soberanía de la nación dominicana", tema que se trató en la audiencia
pública de la CIDH de la última jornada de su 153 periodo de sesiones, que se
celebra en Washington.
"No es meterse en asuntos internos. Son
obligaciones internacionales que la República Dominicana adquirió
voluntariamente", señaló el comisionado Felipe González, en referencia a
la adhesión de la República Dominicana a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
El comisionado pidió al país que convierta esta
sentencia en un "elemento clave" de su legislación, pues "si
cada Estado interpreta los tratados internacionales como se le antoja, no
tendría ningún sentido que hubiera tribunales internacionales encargados de su
interpretación".
La desnacionalización desde 2013 -como fruto de una
resolución constitucional- de algunas personas anteriormente consideradas como
dominicanas, mayoritariamente de padres haitianos, supone "un problema de
gran magnitud", advirtió González, en declaraciones a los periodistas tras
la audiencia.
"No existe una situación comparable en términos
de peligros de apatridia", alertó González, quien validó las cifras de la
CIDH, que habla de la privación del derecho a la nacionalidad de 200.000 hijos
de haitianos nacidos en la República Dominicana, cifra que el Ejecutivo
dominicano niega.
Por ello, los peticionarios pidieron hoy que deje de
violarse "su derecho a la nacionalidad" y que se cumpla la sentencia,
que fijaba que el Estado debe "regular un procedimiento de inscripción de
nacimiento" para todas las personas nacidas en su territorio,
independientemente de su ascendencia.
Así, ante la CIDH, un ente autónomo de la
Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron las
"ineficiencias" de la Ley 169-14, que fija un reglamento para que las
personas nacidas en el país de padres extranjeros, que no tienen documentación,
puedan obtener un documento que acredite su identidad y eventualmente la
nacionalidad dominicana por naturalización.
"Esta solución no nos satisface", afirmó
uno de los peticionarios, Natanael Santana (CEDAIL RD), quien criticó que la
ley divida "en categorías" a los nacidos en República Dominicana y
obligue a una parte de la población a decir que es extranjera para poder,
posteriormente, adquirir la nacionalidad.
"El Estado sigue empecinado en entender que los
dominicanos de ascendencia haitiana que han nacido en territorio de la
República Dominicana son extranjeros. Lo que pedimos es que se reconozca el
derecho de los dominicanos por haber nacido en el territorio y no por venir de
padres haitianos", dijo Santana.
Ante estas acusaciones, la ministra consejera de la
Misión de República Dominicana ante la OEA, Ellen Martínez, consideró que
"un mito" rodea al país, que es "injustamente señalado".
"Hoy nos enorgullece decir que hemos creado
sociedad inclusiva", afirmó Martínez, quien consideró la ley 169-14 como una
muestra del "trabajo sin descanso del Gobierno para solucionar los
problemas de registro y control migratorio de ciudadanos extranjeros".
Como resultado de esta ley, afirmó, 83.000
inmigrantes de más de 100 países han comenzado el proceso de regularización
mediante un proceso gratuito, cuyos costes -25 millones de dólares- ha asumido
el Estado.
"En menos de un año -subrayó martínez-, la
República dominicana ha avanzado sustancialmente en materia de regularización y
naturalización. Lo ha hecho más de lo que hacen países en décadas, y eso solo
ha sido posible por voluntad política del presidente, Danilo Medina".
La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, valoró la
intervención de Martínez, pero consideró que el Estado tenía una
"excelente oportunidad" de responder a algunas preguntas.
"¿Cómo el Estado dominicano interpreta sus
obligaciones dentro de la Corte Iberoamericana "vis a vis" (frente) a
la Constitución dominicana, que se compromete a reconocer y aplicar las normas
de derecho internacional?", preguntó la comisionada Rosa María Ortiz.
Martínez aseguró que estas cuestiones serán
trasladadas a las autoridades dominicanas para que respondan por escrito.
La sentencia debe de cumplirse en un plazo de seis
meses, según fijó la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica y cuyos fallos
son de acatamiento obligatorio.
No hay comentarios.: