MANAGUA, Nicaragua (19 Noviembre 2014).- El
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que el anuncio de su homólogo
colombiano, Juan Manuel Santos, sobre conversar a cerca de derechos de
navegación en el mar Caribe, fue un acuerdo al que llegaron ambos en 2012,
informaron medios del gobierno nicaragüense.
"Esto fue un acuerdo que tomamos con el
presidente Santos después del fallo (de la Corte Internacional de Justicia
-CIJ-, sobre aguas del mar Caribe), lo tomamos en México hace dos años, el 2 de
diciembre, para la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, ahí nos
reunimos, estaba fresco el fallo", dijo Ortega, de acuerdo con una nota
publicada por el portal oficial El 19 Digital.
El gobernante brindó sus palabras, en un lugar no
precisado, luego de que Santos ordenó ayer iniciar negociaciones para la
protección a los derechos de los habitantes del archipiélago de San Andrés y
Providencia, que desde el 19 de noviembre de 2012 están rodeados de aguas
nicaragüenses, por un fallo de la CIJ.
"Con la población raizal hay una buena
comunicación, han estado aquí por Nicaragua en varias ocasiones, con sus
dirigentes me he reunido en varias ocasiones, es importante el acercamiento,
porque muchos hermanos nicaragüenses que viven en Corn Island y en Bluefields
son descendientes de familias raizales", añadió Ortega.
En noviembre de 2012, tras un juicio de 11 años, la
CIJ restituyó a Nicaragua áreas del mar Caribe que estuvieron bajo
administración colombiana durante 84 años, en las que no incluyó San Andrés y
Providencia.
Dichas extensiones son calculadas en al menos 90.000
kilómetros cuadrados por Nicaragua y en 75.000 kilómetros cuadrados por
Colombia.
A pesar del anuncio de Colombia, ambos países tienen
visitas pendientes en la CIJ a causa de una solicitud y una denuncia,
presentadas por Nicaragua.
En la primera Nicaragua pide a la CIJ que defina sus
fronteras en el mar Caribe, con base en la plataforma continental, que a juicio
de las autoridades nicaragüenses, se extiende más allá de las 200 millas
náuticas.
La segunda es una denuncia de Nicaragua contra
Colombia, país al que acusa por sostener que no acataría el fallo de 2012, que
es inapelable y de ineludible cumplimiento, de acuerdo con las leyes
internacionales.
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