Las confesiones del asesinato de los 43 estudiantes en México se obtuvieron con torturas
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MÉXICO, D.F. (2 Febrero 2015).- La Procuraduría
General de México (PGR) practicó torturas a los interrogados que confesaron el
asesinato de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Precisamente sobre
estas confesiones se basa la versión oficial de la PGR, que busca cerrar el
caso, y según la cual los estudiantes fueron asesinados por el cártel
'Guerreros Unidos'.
Los detenidos por el asesinato de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa fueron torturados durante las interrogatorios, según revela una
investigación de la revista 'Proceso'.
Dado que los cuerpos de los estudiantes, salvo uno,
nunca fueron hallados, la conclusión de la Procuraduría General de la República
de México (PGR) se basa precisamente sobre las confesiones de los detenidos,
sicarios del cártel 'Guerreros Unidos', policías y otros investigados. Esta
versión sostiene que los estudiantes, cuyo paradero se desconoce desde el
pasado 26 de septiembre, están muertos. En concreto, especifica que los
estudiantes fueron entregados por la policía de la localidad de Iguala a
'Guerreros Unidos' por orden directa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Según la investigación de 'Proceso', los dictámenes
médicos de más de diez policías municipales de Iguala y Cocula (la
municipalidad donde supuestamente fueron incinerados los restos de los
estudiantes) indican que prácticamente todos los detenidos "sufrieron
golpizas" y que "algunos incluso se desmayaron por los choques
eléctricos". Asimismo, habrían sido torturados psicológicamente para
obtener las confesiones. Y pese a la lograrlas, todos los policías fueron
liberados, recuerda la revista.
En particular, fue torturado el radio-operador de
Iguala, David Hernández Cruz, que confesó que fue el alcalde Abarca quien
ordenó por radio el ataque contra los estudiantes. El radio-operador confesó
también que es miembro del cártel 'Guerreros Unidos', pese a lo que fue
liberado por la PGR el pasado 14 de octubre.
Los padres de los jóvenes desaparecidos desconfían
de la versión oficial de la PGR, apelando precisamente a la ausencia de pruebas
científicas en el caso, y a que las conclusiones de la PGR se basan solo en las
confesiones de los detenidos.


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