BOGOTÁ (8 Junio 2015).- Paraguay está en la mira del mundo por el caso de
una niña de 10 años con un embarazo de seis meses al parecer producto de la
violación por parte de su padrastro, quien se encuentra arrestado. Su madre
también está detenida, acusada de complicidad, mientras la menor se encuentra
en un centro de acogida de la Cruz Roja en Asunción. La legislación no le
permite abortar.
Así como el caso de esta menor, en la región se han
desatado duras polémicas por las legislaciones que impiden el aborto en algunos
países, o la intención de algunos otros de flexibilizarlas a pesar de la
oposición de la Iglesia y grupos conservadores.
El caso paraguayo es emblemático. Allí solo se
contempla el aborto si la vida de la madre corre peligro. Dado que las
autoridades aseguran que no es así, no lo han autorizado, lo que ha provocado
la intervención de varias ONG, como Amnistía Internacional (AI), que han
emprendido una ardua batalla para proteger los derechos de la menor.
“Forzar a una niña de diez años violada a parir y no
darle la opción de un aborto seguro la convierten en víctima de tortura, una
violación grave de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional”,
asegura a EL TIEMPO Guadalupe Marengo, directora adjunta para América de AI.
En el caso de países como Nicaragua, República
Dominicana, El Salvador y Chile el aborto está totalmente penalizado y las
mujeres pueden enfrentar penas de cárcel, incluso si el aborto es espontáneo.
“La vida de mi hija valía más que ese embarazo que
tenía un par de semanas”, dice a este diario exaltada Rosa Hernández, madre de
Esperancita, una joven dominicana que murió hace casi tres años, víctima de
leucemia. El tratamiento para su enfermedad lo recibió de forma tardía, ya que
los médicos no querían aplicarle quimioterapia por su embarazo.
El aborto es la tercera causa de muerte materna en
este país. Por esta razón, el colectivo Mujer y Salud busca promover el debate
sobre su despenalización. “Las mujeres con mayor posibilidad económica pueden
acceder a un aborto medicado, al uso del Misoprostol. Es por eso que prima una
doble moral que penaliza a las mujeres más pobres”, afirmó Sergia Galván,
directora de la organización.
En Nicaragua, la ONG internacional Ipas
Centroamérica trabaja con el objetivo de sensibilizar a los profesionales de la
salud sobre guardar el secreto profesional y no denunciar las mujeres de las
que sospechan se han practicado un aborto intencional. “La ley que penaliza
todo tipo de aborto afecta fundamentalmente a las mujeres de bajos recursos. Es
una ley discriminatoria e injusta”, asegura su directora, Marta Blandón.
En el caso de El Salvador, las penas por aborto
pueden estar entre los dos y ocho años de prisión y pueden ser excarcelables,
pero si la condena es por homicidio agravado (fallecimiento del feto después de
las 22 semanas) la pena puede ir entre 30 y 50 años de cárcel.
Según un estudio de la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto, en un 57 por ciento de los casos los procesamientos
a mujeres por delitos relacionados con el aborto se inician por la denuncia de
los centros médicos.
Dennis Muñoz, abogado de la agrupación, afirma que,
a pesar de las duras condenas, hay una indiferencia política para meterse de
lleno en el tema: “Se cree que no tenemos que discutir eso. Se piensa que,
aparte de pecado, es delito”.
La labor de este colectivo es visibilizar las
consecuencias de la penalización del aborto, aunque sus promotores son tachados
de ‘pecadores’. “En el país se vive un ambiente de fundamentalismo y
conservadurismo muy hegemónico”, dice Muñoz.
En Chile, a inicios de este año, la presidenta
Michelle Bachelet presentó ante el Congreso el proyecto para despenalizarlo por
violación, riesgo de vida de la madre y malformación fetal (como lo estipula la
ley colombiana).
“Las mujeres se encuentran desprotegidas con la
actual legislación, no les dan ninguna oportunidad de decidir sobre su cuerpo”,
dice Claudia Dides, directora de la corporación Miles Chile.
Esta entidad ha estado en los últimos días en el ojo
del huracán por una campaña en la que mujeres muestran de forma irónica cómo
causar un aborto (rodando por las escaleras o arrojándose a un carro). Al final
de todos ellos se lee: “En Chile, un aborto accidental es el único aborto que
no es un delito. Apoya la ley y termina con la discusión”.
Dides asegura que se trata de una de las tantas
campañas para sensibilizar a la población de la necesidad de despenalizar el
aborto. “Más del 70 por ciento de la población está de acuerdo con las tres
causales, entonces es un buen momento para lograrlo”.
En
Colombia
La Corte Constitucional despenalizó hace 9 años el
aborto en tres condiciones específicas: violación, riesgo para la vida o la
salud de la madre y malformaciones del feto incompatibles con la vida. Sin
embargo, Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia, asegura que
aunque año tras año ha mejorado la aplicación de esta sentencia, las
colombianas aún se estrellan con barreras que les impide cumplir con este
derecho.
Por
DIANA RINCÓN HENAO/El Tiempo
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