CIUDAD DE PANAMÁ (10 Octubre 2015).- Harry Díaz,
magistrado fiscal en el proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue al
expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos en su gobierno,
presentó ayer ante el juez de garantías –Jerónimo Mejía– una acusación en su
contra por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto
y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.
La acusación fue presentada un día después de
declarar cerrada la investigación por las escuchas, que comenzó el 13 de
agosto.
Díaz también pidió al juez la apertura del juicio
oral a Martinelli, y remitió a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) una
notificación para que a través de Interpol se emita una alerta azul para ubicar
al exmandatario.
Martinelli salió de Panamá el 28 de enero pasado con
rumbo a Guatemala –donde está la sede del Parlacen– y su paradero es
desconocido.
Díaz sustentó en el escrito que Martinelli dio
órdenes a miembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para realizar las
interceptaciones de comunicaciones.
Destacó que el exgobernante estableció un aparato
organizado de poder, a través del cual giraba instrucciones al CSN para
ejecutar estas actividades ilícitas que violan los derechos humanos.
El fiscal anunció que en el juicio oral presentará
documentos y testimonios de exministros y exfuncionarios que estuvieron cerca
del poder con Martinelli e hicieron señalamientos sobre los pinchazos.
Ángel Álvarez, abogado de varias de las víctimas que
se querellaron en este proceso, dijo que solicitó al fiscal que tramite una
orden de detención contra Martinelli por la gravedad de los delitos que se le
acusan. Indicó que la alerta azul solo lo pone en preaviso y permite que el
supuesto infractor evada la justicia.
En tanto, la defensa de Martinelli señaló que el
fiscal Díaz violó el Código Procesal Penal al obviar la fase de imputación de
cargos y presentar la acusación.
Piden hasta 21 años de cárcel
Tras concluir la investigación por las interceptaciones
telefónicas durante el pasado gobierno, que afectaron a por lo menos 150
personas, en su mayoría opositores, el magistrado fiscal Harry Díaz pidió hasta
21 años de cárcel para el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y
expresidente del país Ricardo Martinelli.
En el escrito de acusación, que presentó la tarde de
ayer ante el juez de garantías de la causa, Jerónimo Mejía, el magistrado
fiscal acusó a Martinelli de la supuesta comisión de cuatro delitos y solicitó
aplicar la pena máxima en cada uno de ellos.
El fiscal también pidió al juez de garantías la
apertura del juicio oral del proceso que se le sigue al diputado.
Los
delitos y penas
Por el delito contemplado en el artículo 167 del
Código Penal –interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial–,
el fiscal solicita la aplicación de una pena de cuatro años.
Por el delito establecido en el artículo 168 del
mismo código –seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial–
pide cuatro años de cárcel.
Además, por el delito establecido en el artículo 338
del Código Penal –peculado por sustracción o malversación– solicita la pena de
10 años; mientras que por el delito señalado en el artículo 341 del mismo
código –peculado de uso–, el fiscal solicita al juez que aplique la pena de 3
años de cárcel.
Díaz concluyó este jueves, 8 de octubre, la
investigación seguida a Martinelli por las escuchas en su mandato, que fue
admitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 12 de agosto.
Durante las investigaciones, el fiscal Díaz entrevistó
a varios testigos y víctimas de los pinchazos, quienes vincularon al
expresidente con dichas interceptaciones.
Este expediente llegó a la CSJ, luego de que en la
investigación que instruyó el Ministerio Público, agentes del Consejo de
Seguridad Nacional (CSN) y un testigo protegido señalaron a Martinelli como el
supuesto responsable de los pinchazos telefónicos.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que
instruyó el expediente en el Ministerio Público, logró que el Juzgado
Decimosexto Penal llamara a juicio a los exjefes del CSN Gustavo Pérez y
Alejandro Garuz, actualmente detenidos en El Renacer, y a los exagentes del CSN
Ronny Rodríguez y William Pittí, prófugos.
El juicio se celebrará en marzo de 2016.
Fuente: LA PRENSA
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