SAN JUAN, Puerto Rico (19 Octubre 2015).- Tres expolicías acusados por actuar ilegalmente
contra un ciudadano dominicano al que interceptaron el 7 de abril pasado, cerca
de una estación del Tren Urbano (TU), fueron sentenciados hoy, lunes, a cinco
años en probatoria por el juez Alberto Pérez Ocasio.
La sentencia que libra de prisión al trío, si cumple
las condiciones de un acuerdo aceptado por el Ministerio Público, se produjo
después que se reclasificaron delitos imputados originalmente a los exagentes.
Gabriel Rivera Pagán, Raúl Rivero Ruiz y Joaquín
Torres Cortina fueron acusados por secuestro, orden de arresto o allanamiento
obtenida ilegalmente y robo agravado. Sin embargo, los delitos de secuestro y
robo fueron reclasificados por tentativa de restricción a la libertad y
apropiación ilegal, respectivamente.
Rivera Pagán, quien trabajaba en la Policía
Municipal de San Juan, así como Rivero Ruiz y Torres Cortina, exagentes
estatales, tuvieron que devolver al perjudicado $1,000 que se alegó le
retuvieron durante la cuestionada intervención en las inmediaciones de la estación
de TU en Las Lomas.
Fueron acusados por el registro ilegal a un
ciudadano dominicano.
Antes de emitir la sentencia, el juez sopesó el
informe de un oficial sociopenal en el que se favoreció la probatoria para los
acusados.
A la vista de sentencia acudieron miembros del
Comité Dominicano de los Derechos Humanos
(CDDH) quienes se mostraron inconformes con la sentencia, pero se
resignaron a la determinación. Mientras, subrayaron la importancia de denunciar
los casos de corrupción policíaca.
"Tenía esperanza de que el juez les hiciera
cumplir por lo menos un año de cárcel. La justicia se quedó corta. No se ha
hecho un trabajo de fiscalización, pero la víctima tuvo el valor de enfrentar a
estos policía", dijo José Rodríguez, líder del CDDH.
“Por más de 20 años hemos denunciado los abusos y
los excesos de la Policía de Puerto Rico. El tiempo nos ha dado la razón”,
agregó.
Este caso pudo ser esclarecido debido a la
intervención de otros policías que vieron cuando los ahora exagentes
intervinieron con el perjudicado y luego los identificaron en el cuartel. Se
les imputó registro ilegal del vehículo del dominicano y luego la retención del
dinero en efectivo que portaba el obrero.
El perjudicado, identificado como Rey Reyes, estuvo
temporeramente en el Albergue de Testigos y Víctimas del Crimen del
Departamento de Justicia porque en un momento temió por su vida.
Al momento de los hechos, los exagentes laboraban en
la División de Vehículos Hurtados, pero sólo Torres Cortina estaba asignado en
propiedad a esa área.
El trío estuvo sumariado en prisión, pero a mediados
de este año quedó libre tras prestar una fianza de US$750,000.
Como parte de las condiciones del acuerdo, los
convictos tendrán que mantenerse trabajando y deben cumplir un horario
específico de entrada y salida de sus hogares.
El juez Pérez Ocasio también le advirtió que no
pueden acercarse al perjudicado, esto como parte una solicitud presentada por
la fiscal Wanda I. Casiano.
Los abogados Maritza Torres, Luis Cabán y Ervin
Sierra, quienes representaron a los expolicías, salieron el tribunal sin hacer
comentarios.
Mientras, Víctor Rosado, otro de los portavoces de
CDDH, instó a los ciudadanos a cooperar para esclarecer casos de corrupción
policíaca.
"Hay muchos casos y se tiene que hacer
justicia", puntualizó.
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