CADA SEIS DIAS MUERE UN "SIN TECHO" EN LAS CALLES DE ESPAÑA, ADMITE EL GOBIERNO

MADRID (7 Noviembre 2015).- El Consejo de Ministros aprobó ayer la primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar que tiene el objetivo de mejorar la atención a este colectivo, reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con esta medida el Ejecutivo pretende atender a los entre 25.000 y 30.000 sin techo que se estima que hay en el país, un colectivo que ha experimentado un aumento del 30 por ciento en los últimos años.

Este programa, que abarca el período 2015-2020, parte de un enfoque integral, que se basa en la defensa de los derechos humanos, en la unidad de acción, en la prevención y actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda.

Según señaló el responsable de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, el plan cuenta con cinco líneas estratégicas que son la prevención, la sensibilización, la seguridad, la restauración del proyecto de vida y la mejora de la información.

Asimismo, destacó la importancia de conocer las causas que llevan a estas personas a vivir en la calle y explicó que casi la mitad de ellas alude a la pérdida del empleo, el 26 por ciento a dificultades para pagar su alojamiento, un 20,9 por ciento a la separación de su pareja y un 19 por ciento a un cambio de localidad que le ha impedido conseguir vivienda.

El ministro alertó, además, del incremento de los episodios violentos contra personas sin hogar, que se encuentran en una situación «francamente vulnerable». Y es que cada seis días muere una persona sin hogar en un espacio público y más de un tercio de estos fallecimientos sucede como consecuencia de una acción violenta. «Hay que evitar la discriminación y garantizar la seguridad y los derechos de estas personas, considerando el agravante de la aporofobia, el odio al pobre», insistió.

Alonso anunció su voluntad de poner en marcha, a través de las administraciones, el programa housing first para proporcionar una vivienda a estos ciudadanos «y a partir de ahí ir estableciendo con ellas un compromiso para trabajar en su inclusión».

El programa pretende también reforzar la atención y la red para atender a estas personas.

El proyecto, que forma parte el Plan de Inclusión Social, fue consensuado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las organizaciones del tercer sector y las comunidades autónomas, que lo aprobaron en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

Por su parte, el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, dio la bienvenida a esta estrategia, «como a cualquier otra política a favor de las personas que viven en la calle», pero subrayó que la pobreza no se resuelve con este tipo de medidas, sino con puestos de trabajo.

Así, solicitó a los gobernantes que se acuerden también de aquellas personas que sí tienen una casa en la que vivir, pero ni tienen comida, ni pueden hacer frente a las facturas de la luz, el agua o la calefacción. «De esas hay muchas», afirmó.

Por último, lamentó que solo se tomen este tipo de medidas en tiempos de elecciones.