EL CONSEJO DE ESTADO CONSIDERA RESOLUCIÓN SECESIONISTA ES UN "DESACATO" A CONSTITUCIÓN
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MADRID (10 Noviembre 2015).- La Comisión Permanente
del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un informe favorable a la
intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la
resolución independentista aprobada este lunes por el Parlamento de Cataluña,
han informado fuentes del órgano consultivo.
En el dictamente, en el que respalda al Gobierno en
la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra la resolución
secesionista, considera que la resolución secesionista del Parlament muestra
una "voluntad de desobediencia o desacato" a la Constitución y al
orden institucional y afirma que contraviene los principios constitucionales de
la soberanía nacional y unidad de la nación española.
Implica la vulneración evidente del núcleo esencial
de la Constitución Española La resolución aprobada el lunes por el Parlament,
afirma el Consejo de Estado, "implica la vulneración evidente del núcleo
esencial de la Constitución Española -la atribución de la titularidad del poder
constituyente-" y "niega" el orden constitucional vigente en su
conjunto, "proclamando expresamente una ruptura con la primacía
incondicional de la Constitución".
"Existen fundamentos jurídicos suficientes para
impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC)", dice el acuerdo aprobado.
La Comisión Permanente ha estado reunida desde las 13.00 horas de este martes
para estudiar el trabajo realizado por la sección primera del Consejo, la
encargada de estudiar el expediente que este lunes por la tarde le entregó el
Ejecutivo.
Tras más de una hora de reunión, el informe
favorable ha sido aprobado por unanimidad y remitido al Gobierno.
"Producirá la suspensión" El dictamen del máximo órgano consultivo
del Gobierno se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que
el Gobierno podrá impugnar ante el TC las decisiones adoptadas por los órganos
de las comunidades autónomas y que esta impugnación "producirá la
suspensión" automática de la resolución recurrida. Esa suspensión,
continúa el artículo, deberá ser ratificada o levantada por el Tribunal
Constitucional en un plazo no superior a cinco meses.
Además de a este precepto constitucional, el Consejo
de Estado se refiere a los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional que aluden a la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y
resoluciones de las comunidades autónomas.
El Consejo de Estado no ha agotado así las 24 horas
de plazo que dio el Gobierno en su petición del preceptivo dictamen, y que
expiraban a las cinco de la tarde de este martes.
La Comisión Permanente está presidida por el
presidente del órgano consultivo, José Manuel Romay Beccaría, y por los
consejeros permanentes, que actualmente son Landelino Lavilla, Miguel
Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma,
Alberto Aza, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique
Alonso García. Uno de ellos, José Luis Manzanares, ha afirmado a los medios de
comunicación al terminar el encuentro que el Consejo de Estado está "muy
de acuerdo con lo que ha propuesto el Gobierno".
Inminente recurso del Gobierno El presidente,
Mariano Rajoy, tiene previsto presentar este miércoles el recurso ante el TC,
para lo cual reunirá primero a su Consejo de Ministros y luego lo hará la
Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que elevará propuesta de
recurso. Previamente, necesitaba tener este informe del órgano consultivo del
Estado, aunque no está obligado a seguir sus indicaciones ya que no es
vinculante.
Según ha señalado Mariano Rajoy, en el recurso de
inconstitucionalidad solicitará "por ser una prerrogativa del Gobierno",
la "inmediata suspensión" de esta iniciativa y "de todos sus
posibles efectos". Además, Rajoy ha dejado claro que pedirá al
Constitucional que la suspensión de la declaración del Parlamento catalán, en
caso de ser acordada, sea comunicada "expresamente" a la presidenta
del Parlamento catalán, Carme Forcadell, "para que tenga en cuenta que la
iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna
consecuencia".
El Gobierno ya apuntó el pasado viernes a Forcadell
como primera responsable política y jurídica de lo que ocurra a partir de este
lunes.
Fuente:
20 MINUTOS.ES
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