OBAMA PIDE AL SUPREMO DETENER DEPORTACIÓN DE CINCO MILLONES DE INDOCUMENTADOS

WASHINGTON (20 Noviembre 2015).- El gobierno del presidente Barack Obama pidió el viernes a la Corte Suprema que resuelva rápidamente sobre sus planes para impedir la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular y darles permisos de trabajo.

Los documentos presentados piden al alto tribunal un “examen inmediato” del deseo del gobierno de proteger hasta 5 millones de inmigrantes, que en su mayoría son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en situación regular.

La apelación, presentada un año después de que Obama anunció sus medidas ejecutivas sobre inmigración, pide a la Corte que intervenga en una disputa entre 26 estados principalmente de gobierno republicano y el gobierno central demócrata, en medio de una campaña electoral en el cual la inmigración es un tema crucial.

Si la corte acepta el caso y fallar hacia fines de junio y si el fallo es favorable al gobierno, a Obama le quedarán siete meses para aplicar sus planes.

Sin embargo, el tiempo vuela. Texas, el estado que encabeza la demanda, tiene 30 días para responder, pero puede pedir una extensión. Si los jueces no aceptan el caso para mediados de enero, el asunto probablemente no se resolverá durante la presidencia de Obama, que finaliza en enero de 2017.

Lo que está en juego es el programa de suspensión temporal de deportaciones de padres de estadounidenses, que según Obama permitiría a las personas que han vivido en Estados Unidos durante más de cinco años y tienen hijos que se encuentran en situación regular en el país “salir de las sombras y quedar en acuerdo con la ley”.

Texas impugnó rápidamente el programa y ha ganado cada apelación hasta ahora, lo que le ha permitido bloquear el plan.

Recientemente, la corte de apelaciones del 5ro circuito falló a favor de los estados.

El gobierno presenta tres argumentos principales a la Corte Suprema: los estados no tienen derecho a impugnar la norma ante la justicia federal; el gobierno se atuvo a las normas de procedimiento y tiene amplia discreción en materia inmigratoria.