LEGISLATURA APRUEBA LA PROHIBICIÓN DE LAS BOLAS PLÁSTICAS EN PUERTO RICO

SAN JUAN, Puerto Rico (18 Noviembre 2018).- Aunque el uso futuro de las bolsas plásticas desechables había sido prohibido mediante una Orden Ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla, el Senado y la Cámara de Representantes procuraron darle fuerza de ley a ese mandato al aprobar durante el último día de sesión un proyecto para promover la utilización de bolsas reusables.

El Proyecto de la Cámara 1100, de la autoría de los representantes José Báez y Manuel Natal, había quedado relegado luego que, a finales de octubre, sufriera una derrota en la Cámara debido al rechazo de los representantes populares Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres y el fenecido Carlos Vargas Ferrer.

La medida fue reconsiderada de inmediato y se mantuvo activa en la Legislatura, pero García Padilla decidió presentar por su cuenta una Orden Ejecutiva para prohibir la misma práctica.

El cambio principal que se introdujo al proyecto de ley durante su discusión en comité de conferencia fue la eliminación del cargo de 10 centavos por las bolsas de papel que sustituirían a las plásticas en los comercios. Ahora, la propuesta establece que el "costo podrá ser recuperado por el establecimiento a su discreción".

"Estoy bien complacido con el análisis de los compañeros. Yo llegué a hablar con el compañero Luis Raúl Torres, tuvimos la oportunidad de leer la enmienda aprobada por el comité de conferencia que elimina el cargo de 10 centavos a la bolsa de papel, y él me expreso su apoyo al proyecto una vez salió esa enmienda", dijo el autor de la medida, el representante José Báez, a este diario.

La propuesta se aprobó en la Cámara con 28 a favor y 22 en contra, y el Senado avaló la pieza con los cambios en votación 16-9.

Báez afirmó que la medida le da más fuerza a la prohibición de las bolsas desechables en comparación con la Orden Ejecutiva, y destacó que también establece un período más extenso para su entrada en vigor. Mientras la normativa del primer ejecutivo dispone que entraría en efecto el 1 de julio de 2016, la legislación concede a los comercios y consumidores un período de transición de 12 meses, durante el cual el gobierno junto al sector privado implementarán un programa educativo sobre la nueva regulación.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) se mostró confiado en que el mandatario firmará el proyecto de ley una vez llegue a su despacho en La Fortaleza.

“No he hablado con el gobernador, pero él apoya el proyecto. La Orden Ejecutiva fue una alternativa a la no aprobación del proyecto, así que debemos partir de la premisa que lo va a firmar y que lo apoya”, sostuvo Báez.

La pieza legislativa impediría que los negocios provean a los clientes las bolsas plásticas desechables, pero no prohibiría del todo su uso por parte de la ciudadanía. “Nada en esta ley prohíbe al consumidor utilizar bolsas de cualquier tipo (incluyendo las bolsas plásticas desechables) que éste lleve al establecimiento comercial para el acarreo de sus productos”, señala la medida.

Los comercios podrán tener a disposición de la clientela las bolsas de papel en sustitución de las plásticas porque, según la política pública, representan un problema ambiental menor. Además, tendrían disponibles las bolsas reusables para promover su uso.

Quienes incumplan con el estatuto se exponen a una multa de US$100 por la primera infracción, US$150 por la segunda y US$200 por cada violación posterior. Los recaudos generados por las penalidades pasarían al “Fondo Especial para la Reducción, Reutilización y Reciclaje de Residuos Sólidos”, adscrito a la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS).

Durante la fase educativa de 12 meses y los seis meses subsiguientes a ese período no se impondrían multas, y solo se emitirían notificaciones de faltas que no conllevarían penalidad. La ADS y el Departamento de Asuntos del Consumidor son las agencias que tendrían la responsabilidad de formular la reglamentación necesaria para implantar la nueva ley.

La Orden Ejecutiva que hoy está vigente estableció que, “por ser política pública de esta administración la conservación de nuestros recursos naturales, se ordena a la ADS que, a partir del 1 de julio de 2016, prohíba la dispensación de bolsas plásticas por parte de los comercios a través de un programa de reducción de desperdicios sólidos conforme a las facultades que le otorga la Ley 70-1992 (Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos)”.

La directriz García Padilla también incluyó que la ADS debía realizar una campaña de educación para los consumidores y comerciantes y preparar un reglamento sobre las multas a las que se expondrían por violentar su orden.