CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ORDENA INVESTIGAR PRESIDENTA CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DN

SANTO DOMINGO, República Dominicana (12 Febrero 2016).- Otra jueza será interrogada en la República Dominicana. El Consejo del Poder Judicial ordenó este viernes investigar a la magistrada jueza Pilar Rufino quien dictó prisión domiciliaria a Pascual Cordero, mejor conocido como El Chino.

Rufino es la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Será investigada luego del pronunciamiento del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quienes cuestionaron la prisión domiciliaria a El Chino, sin presentar certificados de problemas de salud.

El imputado tiene una acusación en la Fiscalía del Distrito por narcotráfico, lavado de activos y asociación de malhechores, siendo apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado, que lo había declarado en rebeldía por no haberse presentado al proceso, no obstante de haber quedado debidamente citado.

Por igual, Cordero Martínez tiene una acusación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos en la provincia de La Altagracia, siendo acusado de ser el jefe de una red internacional dedicada al tráfico de sustancias controladas en varios países, caso por el que también fue declarado en rebeldía.

En diciembre del 2015, el imputado fue arrestado por un equipo de investigadores de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y entregado al Ministerio Público. Posteriormente fue presentado a medida de coerción en La Altagracia, dictándosele prisión preventiva.

Por su parte, la Fiscalía del Distrito presentó a Pascual Cordero Martínez al Cuarto Tribunal Colegiado y solicitó a la presidencia del tribunal que variara la medida de coerción a prisión preventiva, en virtud de que había sido declarado en rebeldía, tiene una acusación por narcotráfico internacional y utilizó su libertad para continuar traficando drogas, además de ser declarado en rebeldía también en el proceso llevado a cabo en provincia La Altagracia.

A pesar de estos alegatos, la jueza presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado, Pilar Rufino, dispuso arresto domiciliario del imputado por una supuesta situación de salud, que no fue sustentada ni por certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ni por certificado médico privado, sino que se trató de una apreciación visual del tribunal.