MARGARITA ENTRE 3,329 FUNCIONARIOS NO HAN PRESENTADO DECLARACIÓN JURADA DE BIENES

SANTO DOMINGO, República Dominicana (12 Agosto 2016).- Casi al finalizar el Gobierno, al 19 de julio, todavía faltaban por depositar su declaración jurada de bienes 3,329 funcionarios públicos, el 53%, incluida la vicepresidenta de la República, sin que hayan recibido la debida sanción por su incumplimiento.

Un total de 6,216 servidores están obligados a declarar su patrimonio, de los cuales 2,295 cumplieron con la ley.

Asimismo, ninguna de las declaraciones juradas depositadas ante las autoridades competentes está siendo en estos momentos auditadas o examinada por razones administrativas o penales.

Estos datos están contenidos en un boletín del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PEDD) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), dado a conocer ayer, con base en la información oficial suministrada por la Cámara de Cuentas.

El estudio fue presentado en rueda de prensa en la PUCMM por el vicerrector de Investigación e Innovación, David Álvarez; el coordinador del PEDD, Fernando Ferran, y el presidente del Centro Juan XXIII, Enrique Noboa.

Desglose por ley. El PED da seguimiento, a través de su Laboratorio P. José Antonio

Esquivel, al cumplimiento de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio y a su Reglamento de aplicación, en colaboración con el Centro Juan XXIII.

Según el boletín, el total de funcionarios que depositaron sus declaraciones incluye a 1,267 que debieron hacerlo en función de la Ley 311-14 y a 1,028 que lo hicieron en cumplimiento de la derogada Ley 82-79.

Entre los que no han declarado sus bienes se encuentran 2,065 funcionarios que no han entregado sus declaraciones en curso, en función de la Ley 311-14, y 1,264 que aparecen en uno de los listados de la Cámara de Cuentas como no incluidos en la derogada Ley 82-79, pero sí en la Ley 311-14 y que “aún no han depositado sus declaraciones”.

Sanciones. El levantamiento señala que las sanciones a quienes incumplen con la obligación de hacer su declaración jurada, o por falsedad y fraude de datos presentados bajo juramento, incluyen desde la calificación judicial de falta grave o de tercer grado, hasta delitos que conllevan multas y cárcel por información falsa, así como incautación y decomiso de bienes.

Apunta que la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República son responsables de auditar la veracidad de la documentación depositada en cumplimiento de la ley e investigar y someter a los funcionarios infractores.

“Ni siquiera se investiga y somete por presunción de enriquecimiento ilícito, como establece el artículo 19 de la Ley 311-14, a aquellos servidores públicos que cesaron en sus funciones y no realizaron su declaración jurada de patrimonio”, lamenta el informe.

Por tanto, refiere, que el 100% de esos 3,329 funcionarios que no han presentado su declaración jurada de patrimonio se arropa con la impunidad.

“Sencillamente, en estos momentos, no se sabe que estén siendo investigados y/o sometidos por el Ministerio Público u otra dependencia estatal”, indica.

Veracidad. Otro elemento de la investigación es que ignora si todas las declaraciones presentadas son fidedignas.

“No hay evidencia escrita, al menos de dominio público, en el sentido de que lo declarado bajo juramento haya sido verificado por la autoridad competente”, se advierte.

El informe recoge un universo de 50 de los funcionarios más prominentes del Estado dominicano, quienes en su mayoría, un 84 por ciento, han cumplido con la ley al presentar sus declaraciones de patrimonio en el plazo de ley, según la Cámara de Cuentas.

Sin embargo, todos ellos permanecen inmunes a cualquier régimen de consecuencias en la justa medida en que, al no ser investigados como ordena la ley, tampoco pueden comprobarse eventuales irregularidades, falsedades o fraudes en sus documentos, establece el informe.

Considera que incluso lo necesario e indispensable como declarar bajo juramento el patrimonio, no es suficiente para que la ley se cumpla.

Exentos. La investigación arroja que partiendo de que no se verifican las declaraciones, el 100% de los 6,216 servidores públicos permanecen exentos de un dominio pleno de la Ley 311-14.

Por un lado, los que no depositan su declaración, por el régimen de impunidad que los resguarda para que nada les acontezca a pesar de que es de conocimiento de las autoridades e incluso del público en general que están infringiendo la ley.

Y en segundo lugar, los que sí depositan su declaración, porque, aun cumpliendo, no hay autoridad que los investigue y en consecuencia, o bien los traduzca a la justicia o bien por el contrario pueda dar fe pública de la veracidad de cuanto se declara y así los libere incluso de la legítima “presunción de enriquecimiento ilícito” o de sospechas de “corrupción administrativa”, como establece la ley.

Desacato. Apunta que cualquiera que sea la hipótesis correcta para explicar tales fenómenos, el continuo incumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio evidencia desacatos e irregularidades, tanto de un alto porcentaje de los funcionarios obligados a declarar su patrimonio, como de los responsables decumplir y hacer cumplir las previsiones de la ley.

Expresa que todo eso no hace más que poner en entredicho el carácter de derecho que se le atribuye y quiere reconocer al Estado dominicano, por lo que procede corregir la situación y mejorar en lo sucesivo el control, la fiscalización y la aplicación de la referida ley.

El informe establece que se requiere mayor responsabilidad y celo de parte de las autoridades responsables de garantizar la aplicación de la Ley 311-14.

Frenar la impunidad. El PEDD concluye en su trabajo que la Ley de Declaración Jurada de Bienes requiere salir de su “estado de coma, al menos, deteniendo la impunidad que beneficia a todos los funcionarios que no depositan las informaciones sobre sus finanzas personales al ingreso y/o a la salida de los cargos públicos”.

El organismo académico aboga también porque tanto la Cámara de Cuentas, como el Ministerio Público, de acuerdo a los recursos con que dispongan, comiencen a escudriñar de manera aleatoria el número total de las declaraciones depositadas.

Sugiere que las autoridades inicien al menos con el análisis del 10% de las declaraciones juradas y aumenten cada año ese porcentaje hasta llegar a dar pleno cumplimiento al mandato de la ley vigente.

Afirma que se requiere por medio de disposiciones reglamentarias, que se detenga la impunidad de todos los funcionarios que no depositan sus declaraciones de ingreso y/o de salida.

Sin acciones. La Cámara de Cuentas ha declarado en reiteradas ocasiones la falta de cumplimiento de la ley por parte de miles de funcionarios, pero que es al Ministerio Público que le toca actuar ante esa situación de desacato.

“De no remediarse la actual situación, la Ley 311-14 continuará en estado comatoso, en lo que la impunidad continúa siendo la norma y la ética del servidor público una escurridiza expresión de buena voluntad, irremediablemente burlada”, concluye el informe.

Fuente: HOY