TRUMP HABLA DE SU PLAN PROTECCIONISTA PARA LA MANUFACTURA DENTRO DE ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON (24 Enero 2016).-  El presidente Donald Trump afirmó ayer su intención de echar hacia delante un plan que proteja la producción manufacturera dentro de Estados Unidos, un tema que mantiene en alerta a la industria y las autoridades de Puerto Rico.

Como adelantó durante la campaña, Trump sostuvo que una empresa que quiera “despedir a todos sus empleados en Estados Unidos y construir una fábrica en algún otro sitio”, se enfrentará a “un impuesto sustancial en la frontera”. Habrá ventajas tributarias , dijo, para las manufactureras que fabrican sus productos en EEUU.

Trump afirmó que no tiene problemas en que las empresas se relocalicen dentro de los estados, pero que como parte de su plan – que parece ser prospectivo y que choca con la política pública tradicional pro libre comercio de los republicanos-, tendrá consecuencias si una fábrica decide reubicar su producción fuera de EE.UU.

“Si va a otro estado, eso es grandioso. Si quieres ir de Ohio a Indiana o de Indiana a Ohio, eso está bien. Ves, tienes 50 grandiosos, maravillosos gobernadores para negociar con ellos. No es que estemos eliminando la competición. Pero, si te vas a otro país y (con eso) decides que vas a cerrar y cesar a 2,000 o 5,000 personas…vamos a imponer un impuesto en la frontera”, indicó el presidente de EE.UU., en un desayuno en la Casa Blanca con altos ejecutivos, incluidos representantes de Dell, Whirpool, Ford, Johnson & Johnson, Space X y Tesla, Arconic e International Paper.

El presidente Trump -quien en su mensaje inaugural prometió tener políticas públicas nacionalistas dirigidas a colocar a EE.UU. primero-, solicitó a los ejecutivos que regresen en un mes con un plan dirigido a apuntalar la manufactura. Luego prevén tener reuniones cada tres meses.

Aunque tendrá que explicar cómo no incrementar el déficit fiscal, Trump sostuvo que su plan es reducir la tasa máxima contributiva para las empresas e individuos a entre 15% y 20%. También cree posible reducir en 75% las normas reglamentarias.

Para fines contributivos estadounidenses, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera, aunque coexiste legislación que permite tratamiento doméstico, como en el caso de las empresas sujetas a la sección 199 del Código de Rentas Internas federal.

Las empresas manufactureras que hacen negocios como compañías foráneas, sin embargo, son las que pagan el arbitrio sobre las ventas que estableció la ley 154 de 2010 y que ahora representa cerca de $1,900 millones anuales en recaudos.

La Coalición del Sector Privado confía que cuando se comiencen a discutir los detalles de cualquier plan dirigido a imponer un impuesto en la frontera -que no es particularmente popular en el Congreso-, quedará claro que cuando el presidente Trump se refiere a Estados Unidos también incluye a los territorios.

“En el léxico de un presidente que recién comienza no me extraña que está hablando de los 50 estados. Eso no implica que en la definición de un proyecto esté Estados Unidos completo. Cuando los técnicos diseñen la legislación hay muchas avenidas que atender”, indicó el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses.

Por su parte, el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Carlos Mercader, afirmó que han iniciado las conversaciones con sectores del Congreso que atenderán la legislación que impulsará una reforma contributiva, lidiará con cualquier impuesto sobre la frontera y otros cambios en el sistema que pueden impactar a Puerto Rico.

“La reforma tributaria es un asunto prioritario”, indicó Mercader, quien reafirmó que aún no se ha firmado el contrato de cabildeo con la empresa del exdirector de campaña de Trump Corey Lewandowski, Avenue Strategies, quien ha dicho que ya aseguró al gobernador Ricardo Rosselló como cliente. Lewandowski ha indicado que su rol será cabildear el Ejecutivo federal.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, tiene previsto presentar legislación tributaria dirigida a incentivar la inversión en Puerto Rico.

Durante la pasada sesión del Congreso, la Coalición del Sector Privado y el gobierno de Alejandro García Padilla hicieron causa común a favor de un plan que incluía enmendar la sección 245ª del Código de Rentas Internas federal para lograr reducir a 3% el impuesto de repatriación de las empresas manufactureras que hacen negocios en Puerto Rico.

Las expresiones de Trump sobre un nuevo impuesto en la frontera a manufactureras que quieran repatriar productos fabricados en el extranjero se dieron el mismo día en que firmó una orden ejecutiva que expresa la decisión de su gobierno de retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), suscrito junto a otros 11 países. La retirada de EE.UU. fue una promesa de campaña – tanto de Trump como de Hillary Clinton- y ya se daba por descontado que el Congreso no lo iba a firmar.

El presidente Barack Obama vio en el TPP una oportunidad para aumentar la presencia de EE.UU. en Asia. El acuerdo lo firmaron Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. Pero, requería el apoyo de las legislaturas de cada país.