TRUMP HABLA DE SU PLAN PROTECCIONISTA PARA LA MANUFACTURA DENTRO DE ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON (24 Enero 2016).-
El presidente Donald Trump afirmó ayer su intención de echar hacia
delante un plan que proteja la producción manufacturera dentro de Estados
Unidos, un tema que mantiene en alerta a la industria y las autoridades de
Puerto Rico.
Como adelantó durante la campaña, Trump sostuvo que
una empresa que quiera “despedir a todos sus empleados en Estados Unidos y
construir una fábrica en algún otro sitio”, se enfrentará a “un impuesto
sustancial en la frontera”. Habrá ventajas tributarias , dijo, para las
manufactureras que fabrican sus productos en EEUU.
Trump afirmó que no tiene problemas en que las
empresas se relocalicen dentro de los estados, pero que como parte de su plan –
que parece ser prospectivo y que choca con la política pública tradicional pro
libre comercio de los republicanos-, tendrá consecuencias si una fábrica decide
reubicar su producción fuera de EE.UU.
“Si va a otro estado, eso es grandioso. Si quieres
ir de Ohio a Indiana o de Indiana a Ohio, eso está bien. Ves, tienes 50
grandiosos, maravillosos gobernadores para negociar con ellos. No es que
estemos eliminando la competición. Pero, si te vas a otro país y (con eso)
decides que vas a cerrar y cesar a 2,000 o 5,000 personas…vamos a imponer un
impuesto en la frontera”, indicó el presidente de EE.UU., en un desayuno en la
Casa Blanca con altos ejecutivos, incluidos representantes de Dell, Whirpool,
Ford, Johnson & Johnson, Space X y Tesla, Arconic e International Paper.
El presidente Trump -quien en su mensaje inaugural
prometió tener políticas públicas nacionalistas dirigidas a colocar a EE.UU.
primero-, solicitó a los ejecutivos que regresen en un mes con un plan dirigido
a apuntalar la manufactura. Luego prevén tener reuniones cada tres meses.
Aunque tendrá que explicar cómo no incrementar el
déficit fiscal, Trump sostuvo que su plan es reducir la tasa máxima
contributiva para las empresas e individuos a entre 15% y 20%. También cree
posible reducir en 75% las normas reglamentarias.
Para fines contributivos estadounidenses, Puerto
Rico es una jurisdicción extranjera, aunque coexiste legislación que permite
tratamiento doméstico, como en el caso de las empresas sujetas a la sección 199
del Código de Rentas Internas federal.
Las empresas manufactureras que hacen negocios como
compañías foráneas, sin embargo, son las que pagan el arbitrio sobre las ventas
que estableció la ley 154 de 2010 y que ahora representa cerca de $1,900
millones anuales en recaudos.
La Coalición del Sector Privado confía que cuando se
comiencen a discutir los detalles de cualquier plan dirigido a imponer un
impuesto en la frontera -que no es particularmente popular en el Congreso-, quedará
claro que cuando el presidente Trump se refiere a Estados Unidos también
incluye a los territorios.
“En el léxico de un presidente que recién comienza
no me extraña que está hablando de los 50 estados. Eso no implica que en la
definición de un proyecto esté Estados Unidos completo. Cuando los técnicos
diseñen la legislación hay muchas avenidas que atender”, indicó el presidente
de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses.
Por su parte, el director ejecutivo de la
Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Carlos Mercader, afirmó que han
iniciado las conversaciones con sectores del Congreso que atenderán la
legislación que impulsará una reforma contributiva, lidiará con cualquier
impuesto sobre la frontera y otros cambios en el sistema que pueden impactar a
Puerto Rico.
“La reforma tributaria es un asunto prioritario”,
indicó Mercader, quien reafirmó que aún no se ha firmado el contrato de
cabildeo con la empresa del exdirector de campaña de Trump Corey Lewandowski,
Avenue Strategies, quien ha dicho que ya aseguró al gobernador Ricardo Rosselló
como cliente. Lewandowski ha indicado que su rol será cabildear el Ejecutivo
federal.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer
González, tiene previsto presentar legislación tributaria dirigida a incentivar
la inversión en Puerto Rico.
Durante la pasada sesión del Congreso, la Coalición
del Sector Privado y el gobierno de Alejandro García Padilla hicieron causa
común a favor de un plan que incluía enmendar la sección 245ª del Código de
Rentas Internas federal para lograr reducir a 3% el impuesto de repatriación de
las empresas manufactureras que hacen negocios en Puerto Rico.
Las expresiones de Trump sobre un nuevo impuesto en
la frontera a manufactureras que quieran repatriar productos fabricados en el
extranjero se dieron el mismo día en que firmó una orden ejecutiva que expresa
la decisión de su gobierno de retirarse del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), suscrito junto a otros 11 países. La retirada de
EE.UU. fue una promesa de campaña – tanto de Trump como de Hillary Clinton- y
ya se daba por descontado que el Congreso no lo iba a firmar.
El presidente Barack Obama vio en el TPP una
oportunidad para aumentar la presencia de EE.UU. en Asia. El acuerdo lo
firmaron Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam,
Canadá, México, Perú y Chile. Pero, requería el apoyo de las legislaturas de
cada país.
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