OBAMA IMPONE SANCIÓN DE MIL MILLONES DE DÓLARES A FABRICANTE DE AIRBAGS TAKATA
WASHINGTON (15 Enero 2017). - La sanción de 1,000
millones de dólares al fabricante de airbags Takata, es el último acto del
Gobierno del presidente Barack Obama que culmina su mandato como uno de los más
severos con el sector del automóvil.
El acuerdo del viernes con Takata, por el que el
fabricante japonés acepta su responsabilidad por el defecto que ha causado más
de una decena de muertos en Estados Unidos y casi 200 heridos, se une al que
Washington llegó el 11 de enero con Volkswagen (VW).
Takata, que durante años ocultó a sabiendas el
defecto que provoca la explosión de los airbag defectuosos, pagará una multa de
25 millones de dólares, y creará dos fondos de 125 y 850 millones de dólares
para compensar a víctimas y fabricantes de automóviles, respectivamente.
Además, tres altos directivos de Takata han sido
imputados y se enfrentan a varios cargos de fraude por su papel en el
escándalo.
En el caso de VW, que también aceptó que durante
años había ocultado de forma fraudulenta el trucaje de sus motores diésel para
enmascarar emisiones ilegales, el fabricante alemán pagará una multa de 4,300
millones de dólares.
Esta multa se suma a 15,000 millones de dólares en
indemnizaciones que VW ya había acordado pagar a los propietarios de los
590,000 vehículos trucados en Estados Unidos y las autoridades medioambientales
federales y de California.
Y seis de sus ejecutivos, encargados del desarrollo
y comercialización de los motores trucados han sido imputados por las
autoridades estadounidenses. Uno de ellos, Oliver Schmidt, de 48 años de edad,
ya ha sido detenido.
Pero la mano dura de la administración del
presidente Obama no se limita a estas dos empresas.
En 2015, las autoridades federales obligaron a
General Motors (GM) a pagar la que entonces era la segunda multa más elevada de
la historia del automóvil en Estados Unidos, 900 millones de dólares, por
ocultar durante años el defecto del sistema de ignición de sus automóviles.
El defecto, que GM ocultó desde principios del siglo
XXI hasta 2014, ha causado al menos 124 muertos en Estados Unidos y cerca de
300 lesionados.
Hasta la imposición la semana pasada de la multa de
4,300 millones de dólares a VW, Toyota poseía el récord de la mayor sanción
económica a un fabricante, 1,200 millones de dólares, que acordó pagar en 2014
para cerrar la investigación por las aceleraciones involuntarias de sus
vehículos.
Con toda seguridad, a la lista compuesta por Takata,
VW, GM y Toyota se sumaría en el futuro Fiat Chrysler (FCA) sino fuese porque
el segundo y último término del presidente Obama termina el próximo 20 de
enero.
Y es que el pasado jueves, la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA) acusó a la compañía italo-estadounidense de
un delito similar al cometido por VW: ocultar las emisiones reales de sus
motores diésel utilizando un software.
De probarse las acusaciones de EPA, que han sido
negadas rotundamente por FCA, el fabricante podría verse obligado a pagar 4,600
millones de dólares en multas.
Sin embargo, las probabilidades de que la
investigación contra FCA termine en algo parecido a lo que les ha sucedido a VW
o GM o Toyota son escasas con la llegada a la Casa Blanca del presidente
electo, Donald Trump.
Para empezar, su candidato a dirigir EPA, Scott
Pruitt, ha sido un vocal crítico de las actuaciones de la agencia que se ha
convertido con Obama en el azote del sector del automóvil.
El presidente de FCA, Sergio Marchionne, resumió con
enfado el sentir del sector automotriz por las acciones de EPA y las
autoridades federales al declarar que no son "una clase de
criminales" ni están "intentando transgredir la ley".
Pero la fiscal encargada del caso de Takata, Barbara
McQuade, declaró al anunciar el acuerdo con el fabricante japonés que el sector
del automóvil tiene que cumplir la ley sin excepciones.
McQuade explicó que si los fabricantes no cumplen
con sus obligaciones y "en vez de eso, eligen defraudar, individuos y
empresas responsables, tendrán que rendir cuentas".
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