PRESIDENTE DONALD TRUMP AFIRMA QUE SE IMPONDRÁ A LA JUSTICIA EN EL VETO MIGRATORIO

LOS ÁNGELES (5 Febrero 2017).- El cierre de las fronteras de Estados Unidos para los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana dictado por la Casa Blanca hace nueve días ha provocado, primero, estupor mundial, después protestas masivas en los aeropuertos, luego acciones judiciales y, finalmente, un conflicto institucional con un tono bronco inaudito en Estados Unidos. La última expresión de ese conflicto fue el ataque, vía Twitter, que lanzó este sábado el presidente Donald Trump contra el juez federal que la víspera paralizó cautelarmente el veto migratorio.

En Twitter, el presidente Donald Trump escribió: “¡La opinión de este pseudojuez, que básicamente le quita a nuestro país la capacidad de aplicar las leyes, es ridícula y será revertida!”. Y también: “Cuando un país no puede decir quién puede y quién no entrar y salir, especialmente por razones de seguridad, ¡gran problema!”.

El juez federal del Estado de Washington James Robart (nombrado por George W. Bush) ordenó el viernes por la tarde como medida cautelar la suspensión completa de la ejecución de la orden del presidente en todo el territorio de EE UU, con un lenguaje que no dejaba margen alguno a la interpretación. El juez apeló al “daño irreparable” que el veto supone para los demandantes.

Los efectos fueron inmediatos. El Departamento de Estado anunció que los visados volvían a ser válidos. Interior dio orden de dejar de aplicar las nuevas normas. Las aerolíneas, que estaban rechazando en origen a cualquier ciudadano de estos países por la inseguridad jurídica respecto a sus visados, comenzaron a admitir a estos pasajeros.

El sábado por la mañana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, el Ministerio del Interior) publicó una nota en la que anunciaba un recurso judicial contra la decisión “lo antes posible”. El juez ha citado a las partes el lunes. Si se mantiene la suspensión, el Gobierno puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones de la costa oeste, con sede en San Francisco, y después ante el Supremo, en Washington.

La cronología de los hechos es la siguiente. El viernes 27, Donald Trump dictó una orden ejecutiva (un decreto) en la que suspendía durante 90 días todos los visados de siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen) y paralizaba la entrada de refugiados durante 120 días, y de manera indefinida en el caso de los sirios. La orden dejaba un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación.

La policía de aduanas (CBP) empezó inmediatamente a rechazar en los aeropuertos a todos los ciudadanos de esos países, incluidos algunos con residencia permanente en EE UU. Gente que esperaba a sus familiares en los aeropuertos se quedó, literalmente, mirando la puerta de salida de la terminal y sin respuesta.

Abogados de organizaciones de derechos civiles acudieron a los principales aeropuertos a ayudar a esas familias. Un juez de Virginia dictó una primera medida cautelar para suspender la aplicación de la orden pero, según los abogados, fue ignorada por los agentes de aduanas, dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, provocando la sensación de discrecionalidad e inseguridad jurídica. El secretismo del DHS sobre la situación en los aeropuertos ha sido casi absoluto. Solo a través de demandas judiciales se pudo conocer que al menos 60.000 personas se han visto afectadas en esta semana.

Finalmente, el Estado de Washington (al que se sumó el de Minnesota) presentó el lunes pasado ante un juez federal de Seattle una nueva demanda. Robart la resolvió el viernes y sufrió tras ello un durísimo ataque personal de Trump.

Erosión del debate cívico

No es raro que un juez de rango federal detenga una orden del Ejecutivo. La gran promesa del presidente Barack Obama a los inmigrantes irregulares, por ejemplo, fue destruida por un juez federal de Texas. Pero el sábado, Trump elevó el conflicto entre instituciones a un nuevo nivel de incivilidad. En Twitter acusó a “este pseudojuez” de arrebatarle la capacidad de dictar leyes, lo que considera “ridículo” y será “anulado”. Trump parece entender que la política de inmigración de Estados Unidos consiste solo en lo que él diga, independientemente de las leyes y la Constitución.

El choque entre instituciones es intrínseco a la vida política de EE UU, donde la Casa Blanca, las Cámaras legislativas, la judicatura, el Gobierno federal, los Estados y los municipios defienden ferozmente sus áreas de poder, todos contra todos. Lo inaudito es, primero, la agresividad con la que la Casa Blanca ha dictado y ordenado la ejecución de una orden que afecta a la esencia misma del país, como la política de inmigración. Segundo, que se hiciera sin consultar ni buscar la opinión de nadie fuera del Despacho Oval. Tercero, la falta de transparencia respecto a su aplicación. Y por último, el tono con que el hombre de negocios reconvertido en político se refiere al juez que le ha llevado la contraria después de una semana de caos.

Trump, un hombre que ha demostrado poca tolerancia a las críticas, que considera a la prensa “la oposición” y tiene un umbral de autocontrol histriónico sorprendentemente bajo, es desde hace dos semanas el hombre más poderoso del mundo. Pero el que pierde los nervios en Twitter cada pocos días ya no es Donald Trump, es el presidente de EE UU. La consecuencia está siendo una erosión del debate cívico y del respeto institucional, hacia y desde la Casa Blanca, que el país no conocía desde los tiempos de Richard Nixon. El despido fulminante de la fiscal general en funciones, por negarse a defender en los tribunales la orden migratoria, provocó varias comparaciones con la dimisión de dos fiscales generales de Nixon por negarse a cumplir sus órdenes.

UN DECRETO QUE CAUSA UN “DAÑO IRREPARABLE”

P. X. S.

El fallo del juez James Robart de Seattle suspendió el viernes la aplicación en todo el país de la orden de la Casa Blanca por el “daño irreparable” que produce, según los demandantes, a residentes permanentes. El fallo contiene, además, un párrafo de conclusión con gran contenido pedagógico para entender lo que está pasando. El juzgado, dice, “es una de las tres ramas del Gobierno” iguales en su autoridad, en referencia al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “No es trabajo de esta Corte hacer política ni juzgar lo acertado de ninguna política en particular promovida por las otras dos ramas (…). El trabajo del Poder Judicial, y de esta Corte, se limita a asegurarse de que las acciones de las otras dos ramas se ajustan a nuestras leyes y, más importante, a nuestra Constitución”.

El juez Robart asegura que es “consciente del impacto” que la decisión tiene en las partes implicadas en el conflicto y en la ciudadanía. Pero “las circunstancias presentadas hoy son tales que (la Corte) debe intervenir para cumplir su papel constitucional en nuestro Gobierno tripartito”, destaca.

En la tarde del sábado, no se sabe si después de leer el fallo, Donald Trump volvió a tuitear: "¿En qué se está convirtiendo nuestro país cuando un juez puede detener una prohibición de viajar de Seguridad Nacional y cualquiera, incluso con malas intenciones, puede entrar en Estados Unidos?".

Por PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL/El País.es