SAN JUAN, Puerto Rico (20 Marzo 2017).- El Departamento de Transportación y Obras Públicas
(DTOP) emitió una orden administrativa para que se les expida la licencia de
conducir a los inmigrantes que tengan vencida la tarjeta de residente, informó
el presidente del Comité de Dominicanos Pro Derechos Humanos, José Rodríguez.
“Renovar la tarjeta de residente vale $550 y en lo
te llega pasa un tiempo bastante largo”, señaló Rodríguez, quien describió la
acción como un “avance” de la administración de Ricardo Rosselló.
“Eso es muy humano porque a veces las personas no
tienen el dinero para renovarla. Pero, entonces ahora gracias a Dios pueden
renovar su licencia aunque tengan la de residente expirada. Eso es un gran
logro a favor de la comunidad de inmigrantes”, señaló Rodríguez a EL VOCERO.
Dijo que recientemente ha estado en comunicación con
funcionarios de la administración Rosselló y destacó la apertura de La
Fortaleza en apoyo a todos los inmigrantes.
“Cuando hubo las órdenes ejecutivas del presidente
Donald Trump, el gobernador que es demócrata, se expresó y dijo que eran
inhumanas. O sea, que estamos en la misma línea de que Puerto Rico siga siendo
una ciudad santuario para los inmigrantes”, afirmó.
Rodríguez se refirió a la ofensiva de Trump para
restringir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos oriundos de seis países de
mayoría musulmana.
Orden del juez Gelpí
Por otro lado, sostuvo que el capítulo 600 -sección
626 de la Reforma de la Policía, pleito que preside el juez federal Gustavo
Gelpí, prohíbe a los uniformados a detener a una persona con el único fin de
inquirir su estatus migratorio.
“La Policía por orden federal, no puede fungir como
agentes de inmigración y era la mayor problemática que teníamos en
administraciones pasadas”, manifestó.
Observó que en la demanda interpuesta por la
división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos al
gobierno de Puerto Rico, se menciona a la comunidad dominicana como una de las
mayores víctimas de violación de sus derechos.
Observó que en años recientes, tres dominicanos
murieron a manos de la Policía.
Del colchón al banco
Entre los logros adquiridos, recordó que la pasada
administración aprobó la ‘Ley de Acceso Financiero para Todos’, que permite a
inmigrantes que no tienen un estatus formal en la Isla, abrir cuentas de ahorro
y cheques en bancos y cooperativas. Este estatuto continúa vigente.
“Esto fue muy beneficioso porque hay mucho
inmigrante que se gana su dinerito honradamente y lo guardan debajo del
colchón. De hecho, había policías de la División de Drogas que se dedicaban a
entrar a apartamentos de personas y les llevaban el dinero. La gran mayoría en
la Policía es gente seria y honrada, pero hay otros que hay sacarlos. Por esas
cosas es que se aprobó una reforma a la Policía”, expresó.
“Me alegró muchísimo que la superintendente Michelle
Hernández hizo unos movimientos de directores de la División de Drogas”,
comentó.
Señaló que otra ley vigente que beneficia a los
inmigrantes es proveer servicios de salud en hospitales sin preguntar por el
estatus migratorio del paciente. “Esto obliga a atender a los inmigrantes,
tengan o no tengan documentos”, dijo.
Apoyo del Departamento de Estado
Por su parte, el secretario auxiliar del
Departamento de Estado, Eduardo Arosemena dijo a EL VOCERO que hace tres
semanas se emitió una comunicación a todos los Centros de Servicios al
Conductor (CESCO), para que se expidan las licencias aunque la tarjeta de
residente esté vencida.
Mencionó que la Oficina del Inmigrante del
Departamento de Estado continúa operando y que en los próximos días regresará a
su sede original en el Viejo San Juan para que haya mayor compenetración con la
Oficina de Relaciones Exteriores y el Cuerpo Consular.
“Conforme al Plan para Puerto Rico del gobernador
Rosselló, la meta es fortalecerla y ser más participativos en una serie de
asuntos de la vida en sociedad de estos miles de hermanos de diferentes partes
del mundo”, acotó Arosemena Muñoz.
Asimismo, indicó que como parte del plan se incluye
la “Cumbre de la Diáspora Dominicana”, que es la población más amplia en Puerto
Rico.
Dijo que se estima que hay sobre 200,000 dominicanos
en Puerto Rico, tanto con documentación activa y los que no tienen un estatus
regular.
Explicó que la cumbre busca establecer una nueva
relación con esa comunidad, permitiendo su integración a la sociedad
puertorriqueña, atendiendo con diferentes jefes y subalternos de las diferentes
agencias del gobierno temas de derechos humanos, servicios de salud, desarrollo
económico, agricultura, educación y turismo.
A su vez, mencionó el proyecto “De Barrio Obrero a
la 15”, el cual comprende la revitalización de esa área de Santurce en la cual
ubica la mayor concentración de dominicanos.
Expuso que este proyecto pretende que las
estructuras abandonadas en esa zona sean convertidas en espacios gastronómicos,
mercados artesanales y teatros al aire libre, donde haya una convergencia de
culturas latinoamericanas e internacionales con la puertorriqueña.
Otra iniciativa que destacó es el Centro Educativo
Integrado, el cual va a trabajar en conjunto con el Departamento de Educación
para que se puedan ofrecer servicios de calidad en este renglón a personas de
países extranjeros.
Comentó que después de la comunidad dominicana, las
más numerosas son la mexicana con unos 12,000 ciudadanos residentes, la
española con 7,000, la colombiana con 5,800, venezolana con 3,800 y peruana con
2,000.
“Hay otros países como por ejemplo, Ecuador que
tiene 400 y Bolivia con 100. Hay países más pequeños y tienen una población más
pequeña entre 100 a 500 habitantes
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