AFIRMA QUE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE TENER MEDIOS LEGALES PARA HACER CUMPLIR SUS SENTENCIAS
LIMA, Perú
(7 Septiembre 2018).- Al participar como panelista en el Encuentro Anual de
Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de
América Latina, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray
Guevara, señaló que el incumplimiento de algunas sentencias constituye una de
las principales preocupaciones que enfrenta la alta corte y subrayó la
necesidad de contar con los medios legales que le permitan hacer cumplir sus
resoluciones.
Dijo que
esta debilidad ha de ser reparada con una reforma a la ley orgánica que rige a
la alta corte, “como ha ocurrido en España a partir de las reformas adoptadas
en 2007 y 2015, a cuyo tenor −en ocasión de la ejecución de las sentencias del
TC− podrá, de oficio o a instancia de parte, declarar la nulidad de cualquier
resolución que contravenga lo decidido, así como imponer multas coercitivas,
acordar la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados, recabar el
auxilio de la administración y realizar la ejecución sustitutoria de la
decisión”.
Durante su
ponencia, titulada “Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Perspectiva de la República Dominicana”, Ray Guevara expresó que lo ideal es
que quienes están encargados de dar cumplimiento a las resoluciones, lo hagan
de manera voluntaria, lo que no siempre se cumple, convirtiendo así en un
despropósito que atenta contra los derechos fundamentales y la propia
supremacía de la Constitución como instrumento de ordenación general del Estado
de derecho.
“Sin la adecuada
y oportuna ejecución de las sentencias del TC por los poderes públicos, los
órganos del Estado o los particulares, ni la supremacía de la Constitución, ni
la defensa del orden constitucional, ni la protección de los derechos
fundamentales de las personas, ni ninguna otra pretensión o finalidad
reconocida o declarada en una sentencia sería efectiva”, indicó en nota de
prensa enviada a Diario Libre.
Consideró
que el no cumplimiento de las sentencias resta efectividad al pronunciamiento
jurisdiccional y genera en los ciudadanos desconfianza hacia la
institucionalidad democrática. “Ello constituye, además, un atentado contra el
poder jurisdiccional, dejando a los tribunales como simples órganos que
declaran el derecho, pero son incapaces de hacer cumplir lo decidido”, agregó.
Ejecución de Sentencias
El
magistrado Ray Guevara señaló que como parte de los esfuerzos para garantizar
la efectividad de las sentencias que dicta, el Tribunal Constitucional creó la
Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES), que se encarga de
investigar y tramitar las solicitudes tendentes a resolver las dificultades de
ejecución o incumplimiento de las decisiones.
Agregó que
una experiencia a ponderar en casos complejos es la sala de seguimiento
conformada por jueces que supervisen los avances en el cumplimiento de las
sentencias, tal y como ha hecho la Corte Constitucional de Colombia,
inspirándose en los trabajos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la
época Warren.
La
exposición de Ray Guevara formó parte de las actividades del segundo día en el
Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas
Constitucionales de América Latina, al que también asistieron, de este
tribunal, el magistrado Idelfonso Reyes y Nelson Reyes Ureña, juez del TC y
director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, respectivamente.
El evento,
convocado por el Tribunal Constitucional de Perú y el Programa Estado de
Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, tiene como tema
central “El juez constitucional y la ejecución de las sentencias
constitucionales y convencionales en América Latina”.
El programa
incluye conferencias y panales que tendrán como ejes temáticos “El juez
constitucional: rol, competencias y desafíos en el siglo XXI”, “Ejecución y
cumplimiento de las sentencias en los Tribunales, Cortes y Salas
Constitucionales”, la “Ejecución, cumplimiento e implementación de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y la
“Digitalización, accesibilidad y transparencia de las actuaciones de
Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales”.
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