DATOS ODEBRECHT ESTANCADOS EN BRASIL PORQUE FISCALÍA MEXICANA NO QUIERE FIRMAR ACUERDO
RÍO DE
JANEIRO (11 Octubre 2018).- La información que podría aclarar el pago de
sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en
Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un
acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.
El
ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated
Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda
utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del
caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.
La
constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber
hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos,
lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades,
incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a calificar esta
investigación como “el caso de sobornos en el extranjero más grande de la
historia”.
La gran
mayoría de los países afectados tuvieron que suscribir con Brasil documentos
similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron
procesar a muchos de los implicados.
México y
Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.
“En el caso
de Venezuela es clarísimo porque se trata de una dictadura corrupta y aunque es
el país donde más contratos ha tenido Odebrecht, no se sabe absolutamente
nada”, afirmó José Ugaz, presidente del capítulo de Transparencia Internacional
en Perú y experto en temas de corrupción.
“En el caso
México, tiene que ver con la falta de independencia del procurador general y
presumo que con que personas del entorno del Presidente de la República como el
señor [Emilio] Lozoya [exdirector de Pemex] y otros, están también vinculados a
estos casos”, agregó en conversación telefónica con AP.
Odebrecht
confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de
Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
El escándalo
creció a finales de 2017 con la divulgación de una serie de videos de supuestos
testimonios judiciales de exejecutivos de la constructora --como el exdirector
en México, Luis de Meneses--, que involucraban directamente al exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya.
Lozoya, que
en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña
Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber
recibido sobornos, pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la
empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir
contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.
Pese a estas
evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la
investigación a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia le pidió
divulgar los datos disponibles para facilitar “la rendición de cuentas” y “el
control sobre el actuar de la autoridad”, según un comunicado de principios de
octubre.
Según Ugaz,
exfiscal artífice del desmantelamiento de toda la trama de corrupción del
expresidente peruano Alberto Fujimori, las autoridades mexicanas no tendrían
por qué tener ningún impedimento para aceptar los términos impuestos por Brasil
“como hemos hecho todos los demás países donde está funcionando la
investigación”.
Por eso teme
que el objetivo de tal actitud sea que la trama mexicana quede impune.
“Sin una
autoridad de investigación independiente y con el compromiso de algunos
miembros del partido de gobierno en estos casos de corrupción, se produce una
mezcla fatal, donde la falta de voluntad política lo que busca es generar
impunidad”, sentenció Ugaz.
La
Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil
le proporcione los documentos necesarios.
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