ESTADOS UNIDOS VALORA AVANCES REPÚBLICA DOMINICANA HACIA ELIMINACIÓN DEL TRÁFICO DE PERSONAS

SANTO DOMINGO, República Dominicana (8 Agosto 2019).- Hoy, se estima que 25 millones de niños y adultos en todo el mundo son víctimas de la trata sexual y laboral. Las promesas de oportunidades y movilidad económica ascendente atraen a muchas víctimas al tráfico de personas, donde el abuso y la manipulación reemplazan rápidamente la esperanza inicial. 

La trata de personas representa una grave violación a los derechos inherentes otorgados a todos, en todas partes.

Desafortunadamente, ni los Estados Unidos ni la República Dominicana están libres de estos crímenes atroces.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó recientemente su Informe sobre la Trata de Personas de 2019, que evalúa la situación de la trata de personas en todo el mundo. 

Este año, como se indica en la narrativa de país de la República Dominicana (PDF, 422 KB), el país se mantuvo en el “Nivel 2”, lo que implica que el gobierno dominicano ha hecho avances considerables hacia la eliminación del tráfico, pero no cumple con los estándares internacionales mínimos en varias áreas.

Un grupo de hombres y mujeres posa frente a un letrero promocional.

El informe detalla los muchos éxitos de la República Dominicana, incluido el primer caso de sentencia máxima, en el cual un tribunal de San Juan condenó a un traficante a 25 años de prisión.

Además, los tribunales ordenaron a dos traficantes que pagaran restitución a sus víctimas. La República Dominicana adoptó un nuevo plan nacional contra la trata, cuyo contenido ha sido elogiado por observadores. La cantidad de agentes de la Policía Nacional que recibieron capacitación en investigación e identificación de víctimas aumentó en un 60% de 2017 a 2018 y el gobierno organizó dos programas de capacitación centrados en la atención a las víctimas. Las autoridades ofrecieron protección a las víctimas identificadas, incluyendo refugio, asistencia de repatriación y acceso a asistencia legal. El Ministerio de Educación también contribuyó brindando capacitación en prevención de la trata a 12,600 líderes estudiantiles adolescentes. El Ministerio de Trabajo hizo esfuerzos notables para aumentar la conciencia y la comprensión sobre los casos de trata laboral.

Desafortunadamente, la falta de recursos, especialmente fuera de Santo Domingo, obstaculizó el progreso dominicano. La Procuraduría General operó con la mitad de los fiscales que tuvo en años anteriores y solo inició 11 investigaciones en 2018, significativamente menos que en años anteriores.

La Unidad de Lucha contra la Trata (ATU) de la Policía Nacional mostró una disminución similar, investigando 45 casos en 2018 versus 83 en 2017.

Aunque el gobierno mantuvo los esfuerzos de protección a las víctimas, las autoridades señalaron que la falta de fondos adecuados, experiencia y recursos físicos prestados hicieron que el apoyo a las víctimas fuera insuficiente.

A pesar del protocolo establecido para la identificación de víctimas, el gobierno no tenía la capacidad suficiente para identificar a los migrantes haitianos en riesgo antes de deportarlos. El elogiado plan nacional tampoco estuvo exento de defectos: muchos están escépticos sobre si el gobierno dedicará suficientes recursos a su implementación.

Para lograr avances significativos en la lucha contra la trata de personas, es crucial que la República Dominicana investigue, procese y condene vigorosamente a los traficantes. 

Para apoyar estos esfuerzos, el gobierno debe evaluar de manera proactiva los indicadores de tráfico entre venezolanos e individuos que corren el riesgo de ser deportados, como los de ascendencia haitiana. También es importante que haya un presupuesto dedicado para garantizar la implementación del nuevo plan nacional. 

Estados Unidos también insta a los legisladores dominicanos a enmendar la Ley de contrabando y trata de personas de 2003 (Ley 137-03) para garantizar la criminalización de todas las formas de trata sexual infantil para ser coherentes con la ley internacional.

Los Estados Unidos apoya los esfuerzos para mejorar la respuesta del gobierno dominicano a la trata de personas. A través de una subvención del Departamento de Estado con la UNODC, el país ha comenzado el proceso de reescritura de la ley 137-03. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el sistema de justicia dominicano también trabajaron con la Asociación Internacional de Juezas para organizar una conferencia regional sobre la trata de personas. La asistencia de varios interlocutores dominicanos de alto nivel demostró el compromiso del gobierno para combatir este problema. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo continuará apoyando activamente a la República Dominicana en su lucha contra la trata de personas.

Por GRAHAM COHEN