EL FISCAL GENERAL DE ISRAEL IMPUTAL AL PRIMER MINISTRO POR COHECHO, FRAUDE Y ABUSO DE PODER EN TRES CASOS DE CORRUPCIÓN
JERUSALÉN (22 Noviembre 2019).- En una decisión
aplazada por dos procesos electorales consecutivos desde comienzos de año, el
fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, imputó al primer ministro en
funciones, Benjamín Netanyahu, por cohecho, fraude y abuso de poder en tres
casos de corrupción investigados por la policía a partir de 2015. El líder del
Likud, que no está obligado a dimitir de su cargo mientras no haya sentencia
firme, se convierte en el primer jefe de Gobierno en ejercicio acusado de
soborno en la historia del Estado judío. Si es declarado culpable puede
afrontar una condena de hasta 10 años de prisión.
En su propio partido conservador han empezado a
oírse voces que amenazan con darle la espalda si no se aparta de la política
tras haber sido formalmente acusado por el fiscal general. La imputación se
produce mientras el país se encamina a unas terceras elecciones generales, en
pleno bloqueo político. Mandelblit ha tenido que aguardar a la celebración de
dos comicios —en abril y septiembre— con resultados no concluyentes antes de
presentar cargos. Nadie podrá acusar ahora al fiscal general de haberse
entrometido en las elecciones.
Tras el fracaso de los dos principales candidatos a
formar Gobierno —Netanyahu y el centrista Benny Gantz—, Israel acaba de entrar
en un limbo político de tres semanas, con la Kneset (Parlamento) dejada a la
deriva antes de una tercera convocatoria a las urnas.
A los 70 años recién cumplidos, la larga trayectoria
política de Netanyahu entra ya en tiempo de descuento. El líder con quien se ha
identificado a Israel en el mundo en los últimos tiempos emprende una
navegación por aguas judiciales desconocidas hasta ahora en su país. Ningún
primer ministro en activo —Ehud Olmert dimitió en 2009 en medio del escándalo
público— había sido imputado hasta ahora.
El pasado diciembre la policía israelí hizo pública
su recomendación de acusar al mandatario en un nuevo escándalo de corrupción,
que se sumaba a otros dos ya investigados. Los agentes constataron en el
denominado caso 1.000 que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y
2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados
en cerca de un millón de shequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del
productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios
millones de dólares en beneficios fiscales.
Anticorrupción también recomendó la imputación del
primer ministro por el caso 2.000, en el que se desvelaron las conexiones del
gobernante con Arnon Moses, editor de Yedioth Ahronoth, el diario de mayor
circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses
en contrapartida a medidas legales que favorecieran la difusión del rotativo.
En ambos casos la Fiscalía ha presentado cargos por fraude y abuso de poder.
En la investigación considerada más grave, el
llamado caso 4.000, se han analizado durante tres años favores gubernamentales
concedidos por Netanyahu que reportaron un beneficio fiscal de unos 250
millones de euros al grupo de telecomunicaciones Bezeq. En contrapartida, esta
compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro y de su familia
el portal informativo Walla. Se trata de un escándalo demoledor, con
intercambio de ventajas legales por favores mediáticos. La imputación de
soborno es clave para acabar con la carrera política del veterano gobernante.
La policía anticorrupción y el órgano israelí
equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguran contar con
indicios suficientes de que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más
cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los
contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de
redactores y editores sirviéndose de sus estrechos vínculos” con los principales
accionistas. El objetivo era publicar “artículos y fotos halagadores y suprimir
el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”.
Netanyahu acumuló el cargo de ministro de
Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que era también el máximo responsable
político del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial
que integra telefonía fija, Internet, móviles, medios de comunicación y una
plataforma de canales de pago.
Antiguo
asesor legal del Gobierno
“No hay lugar para el soborno y el fraude en la vida
pública”, advirtió de entrada el fiscal general al anunciar la imputación de
Netanyahu en una comparecencia ante la prensa. “Es un día triste para el país y
para mí en particular”, enfatizó Mandelblit, un antiguo jurista militar que fue
asesor legal del Gabinete de Netanyahu entre 2013 y 2016. “Pero también es un
día importante para un Estado democrático”, remachó.
Más de 140 testigos, entre ellos ministros y altos
cargos, han sido interrogados durante cerca de cuatro años en un sumario de más
de 800 páginas redactado por un equipo de una veintena de fiscales. Los
abogados de Netanyahu pudieron presentar alegaciones el pasado octubre en un
trámite de audiencia abierto por la Fiscalía General.
Salvo que no tenga más remedio que aceptar un
acuerdo judicial para cerrar todos los casos a cambio de su retirada de la
política con penas de menor cuantía, Netanyahu se atrincherará previsiblemente
en la inmunidad de la Kneset. Como primer ministro cuenta con un blindaje
especial frente a las imputaciones, que no ampara al resto de los miembros del
Gabinete. De ahí su insistencia en seguir siendo jefe de Gobierno para poder
situarse bajo el paraguas de la ley básica (constitucional) de Israel.
El proceso penal puede durar años. Olmert, su
predecesor en el cargo, tardó siete años en ser juzgado y condenado. Pero sin
una clara mayoría parlamentaria, que el líder del Likud no ha podido apuntalar
en dos repeticiones electorales, Netanyahu ha visto cómo se debilita el escudo
que le garantiza inviolabilidad mientras no dicte sentencia el Supremo.
“Es una victoria para los guardianes [del sistema
democrático] de Israel”, razonaba el columnista Anshel Pfeffer en Haaretz. “Han
demostrado que, al margen de sus orígenes políticos —y Mandelblit no es
precisamente un progresista— son capaces de obligar a rendir cuentas al hombre
que ha concentrado más poder en sus manos en la historia del país”.
El exgeneral Gantz, con quien Netanyahu ha librado
las dos últimas batallas en las urnas, coincidió también en que Israel vivió
“uno de sus días más tristes” pero afirmó que el primer ministro ya contaba con
“un mandato moral” para seguir gobernando.
"Investigar
a los investigadores"
“Lo que ha ocurrido aquí ha sido una tentativa de
golpe de Estado contra el primer ministro”, aseguró Benjamín Netanyahu en una
declaración televisada. “Hay que investigar a los investigadores”, advirtió en
una encendida intervención en la que acusó a policías y fiscales de haberse
dejado “contaminar por la presión política” de la oposición para dar
credibilidad a “falsas acusaciones”. “No pienso dimitir y seguiré al frente de
los destinos de este país”, concluyó.
Para Netanyahu, la investigación ha sido una “caza
de brujas” desencadenada por la izquierda israelí desde la policía y la prensa.
Los abogados del primer ministro sostuvieron que no tuvo ninguna conexión con
los negocios del grupo Bezeq, que resultaba socialmente permisible recibir
regalos de amigos y que otros políticos antes que él se comunicaron con el
editor del diario Yedioth Ahronoth.
En Israel, la policía y la justicia suelen actuar
con notable independencia respecto del poder ejecutivo. A causa de sus
actuaciones fue encarcelado durante cinco años el antiguo presidente del Estado
hebreo Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales. Las
pesquisas de los agentes también contribuyeron a mantener entre rejas durante
más de 14 meses al exjefe de Gobierno Ehud Olmert, declarado culpable de
delitos de corrupción inmobiliaria por sentencia firme en 2016.
Después de haber batido el récord de David Ben
Gurion, padre fundador del Estado de Israel, al haber ejercido como primer
ministro más de 13 años (los últimos 10 de forma consecutiva), el líder del
Likud se enfrenta ahora a una insumisión en su propio partido, donde uno de sus
mayores rivales, el ministro Gideon Saar, ha pedido ya la celebración de
elecciones primarias.
EL
EXTRAÑO CASO DE LOS SUBMARINOS
A finales de 2018, la policía de Israel exoneró a
Netanyahu en uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país.
Sin embargo, los investigadores de la unidad antifraude recomendaron acusar a
algunos de sus más estrechos colaboradores por el llamado caso 3.000: la compra
de submarinos a los astilleros alemanes ThyssenKrupp para la Armada israelí por
2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros).
El abogado personal y primo de Netanyahu, David
Shimron; el ex jefe de su Gabinete interno David Sharan; el exministro de
Infraestructuras Eliezer Zandberg, y un antiguo jefe de la Marina de Guerra, el
almirante Eliezer Marom, figuraban en la lista de acusados presentada por la
policía al fiscal general.
Pese al lodazal descrito por los agentes en su
entorno, el primer ministro conservador salió aparentemente indemne —tocado
pero no hundido— de la larga investigación por el escándalo de los submarinos,
en la que fue interrogado en varias ocasiones por el tráfico de sobornos en la
adjudicación de los sumergibles.
La investigación policial del caso 3.000 se basó en
el testimonio de un arrepentido. El representante de ThyssenKrupp en Israel,
Michael Ganor, se libró de una dura condena después de aceptar colaborar con
los agentes y convertirse en testigo de cargo. Reconoció haber entregado al
almirante Morom 600.000 shequels (143.000 euros) por “aconsejar” la
adjudicación a los astilleros alemanes de tres submarinos y cuatro patrulleras,
y por pagar al abogado Shimron —a quien Ganor tenía precisamente en nómina en
calidad de letrado— otros 270.000 shequels por “abrir puertas” burocráticas.
Por JUAN CARLOS SANZ/El País
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