PARA DAR TRANSPARENCIA A ELECCIONES DEL 2020, ESTE MEDIO DIGITAL Y SU DIRECTOR PROPONEN MIEMBROS DEL PRM Y PRSC AL PLENO DE LA JUNTA CENTRAL
SANTO DOMINGO, República Dominicana (13 Noviembre
2019).- Ante el inminente deterioro que afecta la imagen de la Junta Central
Electoral (JCE), árbitro que por ley administrará y dictará sentencia en los
comicios de febrero y mayo del 2020, haré algunas viables sugerencias por la
salud del sistema electoral.
Este medio digital y su director Ramón González, plantean la incorporación de miembros del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), el principal del país así como del Reformista
Social (PRSC), como integrantes del Pleno de la JCE, para dar credibilidad a
las elecciones del 2020.
Para hello será necesaria una modificación a la Ley que debería ser aprobada a unanimidad en el Senado, como órgano responsable de la selección de los miembros de la JCE.
Para hacer una restrospectiva, corría enero de 2003 cuando en la
agenda del Diálogo Nacional, las tres principales fuerzas políticas, a
instancia de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social
Cristiano (PRSC), así como de organizaciones de la sociedad civil que pedían la
renuncia de Manuel Ramón Morel Cerda, acordaron la modificación de la Ley
Electoral 275-95.
Si traumático fue el camino que debió recorrer ese
proyecto, que en principio encontró el rechazo del oficialismo, liderado en ese
entonces por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso Nacional
donde debía ser aprobado, no menos lo fue luego de ser convertido en Ley por el
Poder Ejecutivo.
La nueva Ley Electoral 02-2003 que dividió a la JCE
en tres instancias: un Pleno, una Cámara Administrativa y otra Contenciosa,
estableció además el aumento de 7 a 9, la matrícula de sus jueces, tarea esta
última en la que las discusiones entre partidos políticos, sociedad civil y
legisladores sobre quién y cómo debían elegirse los nuevos jueces, se
prolongaron durante todo el mes de Febrero y al final resultó frustratoria para
los promotores del proyecto de división de la Junta.
El PLD y el PRSC, partidos que llevaron la voz
cantante en las denuncias sobre la supuesta vinculación de los entonces jueces
de la JCE con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y específicamente con
el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), optaron por “tranzarse” con el
oficialismo, procurando un “equilibrio” político en el tribunal Electoral.
Sin embargo, la “nueva” JCE quedó conformada por los
doctores Morel Cerda, quien la presidía; Luis Arias, Salvador Ramos, Nelson
Gómez, José Luis Tavárez y Rafael Díaz Vásquez (a quienes se los vincula con el
oficialismo); Luis Nelson Pantaleón González y Rafaelina Peralta (recomendados
por el PRSC) y Roberto Rosario, por el PLD.
Sorteados todos esos obstáculos, comenzó entonces la
lucha a lo interno de la JCE, por el descontento de su presidente, el doctor
Morel Cerda, quien al verse despojado por la nueva Ley Electoral de los poderes
omnímodos que hasta entonces ostentaba, la calificó de “inconstitucional”.
Bajo ese argumento, el 9 de enero el abogado Luis
María Ruiz sometió por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de
inconstitucionalidad a la nueva Ley Electoral 02-2003.
A raíz de entonces, y tal como lo expuso en su
carta-renuncia dirigida al presidente del Senado en fecha 30 de Junio, el
doctor Morel Cerda mantuvo en la JCE una actitud “recalcitrante” que llevó a
ese organismo a la picota pública hasta su salida definitiva del mismo, el día
3 de julio.
Entretanto, Morel Cerda, a quien según sus propias
palabras la reforma a la Ley Electoral 275-97 había dejado como un presidente
“gomígrafo”, trató de mantener su hegemonía en la JCE, primero, elaborando un
Reglamento Interno a su medida que fue rechazado por el Pleno de la Junta, y
segundo, haciendo denuncias de supuestos actos internos hasta entonces
desconocidos por la opinión pública.
La situación de la JCE llegó a su punto más álgido
después que el 19 de febrero el Pleno conformó las tres instancias en que está
actualmente dividido ese organismo, y se eligió a los doctores Nelson Gómez
presidente de la Cámara Administrativa y a Salvador Ramos, de la Contenciosa.
La reacción de la oposición a la forma en que
quedaron constituidas las dos estructuras directivas de la JCE fue de rechazo,
alegando que las mismas estaban dominadas por el PRD.
La Cámara Administrativa la integraban además de
Gómez, los doctores Díaz Vásquez y Peralta, mientras que la Contenciosa estaba
conformada por Ramos, Ramón Antonio Hernández Domínguez (quien sustituyó a
Arias cuando éste pasó a ocupar la presidencia de la JCE a raíz de la renuncia
de Morel Cerda), Tavárez, Pantaleón González y Rosario.
Pese a los ingentes esfuerzos de sus miembros por
demostrar la imparcialidad y transparencia de la JCE, al concluir el 2003, no
ha podido borrar el estigma de perredeísta que parece tener impreso y que se ha
matizado con las últimas decisiones de la Cámara Contenciosa, tanto en la litis
interna del PRSC, como en la del PRD.
De nada le había valido a los magistrados de la
Cámara Administrativa, aclarar que las decisiones del tribunal Contencioso en
nada entrañan responsabilidad del órgano encargado de la organización y montaje
de las elecciones.
De ahí, que al concluir el 2003, al igual que en sus
inicios, los partidos de oposición, específicamente el PLD, así como sectores
de la sociedad civil, estaban planteando nuevamente una reestructuración del
tribunal encargado de organizar las elecciones presidenciales del próximo 16 de
mayo del 2004.
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