EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS BLINDA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES HOMOSEXUALES
WASHINGTON (16 Junio 2020).- La valentía de Aimee Stephens, una transgénero que fue despedida de la funeraria en la que trabajaba cuando les comunicó que quería vivir e ir vestida como mujer, se ha traducido hoy en una histórica victoria judicial para los derechos de los gays y transexuales en Estados Unidos, el fallo más importante para este colectivo desde la legalización del matrimonio homosexual en el 2015.
El Tribunal Supremo del país norteamericano acaba de fallar que la ley de los derechos civiles de 1964 que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo –aprobada en plena ola de protestas raciales-- protege a los empleados LGBTQ de ser despedidos con motivo de su orientación sexual. La decisión ha obtenido un respaldo mucho más amplio de lo que se esperaba dadoque hay mayoría de jueces conservadores en la corte: sólo tres de sus nueve jueces han votado en contra. El presidente del Tribunal, John Roberts, y el conservador Neil Gorsuch, nombrado por Donald Trump, se han sumado a los magistrados de orientación progresista para aprobar el fallo.Brett Kavanaugh disintió de las conclusiones.
El Título VII de esa legislación hace que sea ilegal decidir despedir a un empleado en razón de su sexo, recuerda la sentencia. “No tenemos ninguna duda en reconocer cuál es hoy la consecuencia necesaria de esa decisión legislativa: una empresa que despide a un individuo simplemente por ser gay o transgénero está desafiando la ley”, afirma la sentencia, redactada por Gorsuch.
Aunque los legisladores que redactaron la ley original en su día no previeron cuáles serían todos sus efectos o “consecuencias que se han hecho evidentes a lo largo de los años”, como la discriminación por maternidad o la prohibición del acoso sexual de los empleados masculinos. “Pero los límites de la imaginación de los redactores de la ley no ofrecen ninguna razón para ignorar las demandas de la ley”, concluye el fallo, que blinda la protección legal para estos trabajadores, desigual hasta ahora entre los diferentes estados del país.
La protagonista detrás del principal caso que ha llevado a la histórica sentencia no ha podido celebrarla. Aimee Stephens, que en octubre del 2019 testificó en silla de ruedas ante el Tribunal Supremo, falleció el pasado 12 de mayo a los 59 años por lo que ha sido su viuda, Donna, quien ha recibido el fallo. Trabajaba desde hace seis años como director de una funeraria de Michigan. Llevaba casi tres décadas trabajando en el sector. Le gustaba su trabajo, que incluía ofrecer consuelo a otros. Pero llegó un punto en que su conflicto por su identidad sexual le desbordó hasta el punto de sopesar suicidarse.
En lugar de hacerlo, Stephens fue de frente con su empresa y les escribió una carta contando su verdad . Les suplicaba que la dejaran ir a trabajar como mujer. Dos semanas después fue despedida. Había más personas con luchas similares. También Gerald Bostock, un empleado público de Georgia, fue a los tribunales después de que sus evaluaciones profesionales empeoraran sospechosamente y se utilizaran para justificar su despido tras saberse que se había apuntado a un club deportivo para gays. Y Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Long Island (Nueva York) que fue despedido tras contar a una colega que era homosexual. El hombre falleció el año pasado pero su familia continuó la lucha por él.
La esperada sentencia del Tribunal Supremo llega después de varias decisiones de la administración Trump, que desde que llegó a la Casa Blanca en el 2017 han erosionado los derechos del colectivo LGBTQ, en especial de los transexuales. Deseoso de complacer a la derecha cristiana, una parte clave de la base electoral del republicano, este mismo mes el presidente Donald Trump retiró la ley que prohibía a las compañías aseguradoras negar atención médica a los pacientes transgénero. Con anterioridad, aprobó una ley que permite a los albergues para indigentes financiados con dinero federal rechazar a las personas transgénero u obligarlas a usar las instalaciones que corresponden a su sexo de nacimiento, además de otra que permite al Pentágono no reclutar a personas transgénero, una polémica reforma que recibió el aval del Supremo en una ajustada sentencia de enero del 2019.
La Administración Trump intervino en el juicio para defender que el Título VII de la ley de derechos civiles no pretendía ofrecer protección a estas personas cuando fue aprobada, en contra de lo que había defendido y aplicado bajo el mando de Barack Obama durante los ocho años anteriores. Los jueces han echado por tierra los argumentos de Trump. “Una empresa que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero lo está despidiendo por características o acciones que no se habrían cuestionado en el caso de personas de otro sexo. El sexo tiene un papel necesario e incuestionable en la decisión, exactamente lo que el Título VII prohíbe”, escribe Gorsuch.
Por BEATRIZ NAVARRO/La Vanguardia
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