JUEZ BLOQUEA LA ORDEN DEL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE SUSPENDER LAS DEPORTACIONES POR 100 DÍAS
TEXAS (26 Enero 2021).- El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden la pasada semana al considerar que la nueva Administración actuó de forma arbitraria al no consultar la orden ejecutiva previamente con el Estado.
El magistrado Drew B. Tipton del Tribunal de Distrito
Sur de Texas detuvo la implementación a nivel nacional de la orden dada por
Biden el mismo día que asumió el poder, el pasado 20 de enero. “Prohíba la
implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20
de enero titulado ‘Pausa Inmediata de Cien Días de Expulsiones’”, dice la orden
dada este martes.
En su primer día en la Casa Blanca, Biden firmó una
serie de medidas ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria y una de las
cuales era esta moratoria en las deportaciones “de ciertos no ciudadanos cuya
deportación haya sido ordenada” para garantizar que Estados Unidos tenga un sistema
migratorio justo y eficaz.
El juez Drew B. Tipton ya había pedido este lunes al
Gobierno información sobre cuántos inmigrantes habían sido puestos en libertad
como consecuencia de esta suspensión de las deportaciones. En un mensaje en su
cuenta de Twitter, Paxton celebró la victoria, resaltando que “Texas es el
PRIMER estado de la nación en presentar una demanda contra la Administración de
Biden. Y GANAMOS”.
Paxton, conocido por retar varias veces los programas
de inmigración de los demócratas e impulsar una petición para que el Tribunal
Supremo impidiera la certificación de la victoria electoral de Biden, se
congratuló del fallo judicial: “Dentro de los 6 días posteriores a la toma de
posesión de Biden, Texas DETUVO su congelación de deportación”.
“Esto fue una
insurrección sediciosa de izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos”, concluyó.
Tipton, un juez designado por el expresidente Donald Trump, programó una
audiencia para el 28 de enero, cuando ambas partes deberán explicar sus
argumentos.
“La acción del Gobierno viola la Constitución, las
leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)”, por el cual el Gobierno
debía exponer sus planes al estado, señalaba la demanda ante el Tribunal de
Distrito del Sur de Texas. La orden de Tipton puede permanecer en vigor hasta
14 días y puede extenderse otros 14 días.
La ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
había presentado un escrito a favor de la medida tomada por el Gobierno Biden,
pidiendo al tribunal que rechazara la solicitud. “No se debe permitir que
continúe esta demanda”, dijo Kate Huddleston, abogada de la ACLU de Texas.
La ACLU argumentó que el estado de Texas no había
probado un daño irreparable, un requisito para su solicitud de una orden de
restricción temporal para bloquear la orden ejecutiva del presidente, y que la
demanda no tiene fundamento.
“La pausa de la Administración sobre las deportaciones
no solo es legal sino necesaria para garantizar que las familias no sean
separadas y que las personas no vuelvan al peligro innecesariamente mientras la
nueva Administración revisa las acciones pasadas”, insistió Huddleston.
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