TRAS ADVERTENCIA DE CONGRESISTAS , PROCURADURÍA GENERAL RECULA Y DEJA SIN EFECTO COBRO DE MULTAS A APRESADOS EN HORARIO DEL TOQUE DE QUEDA
SANTO DOMINGO, República Dominicana (16 Enero 2021).- Ante las quejas de legisladores que consideraban ilegal el cobro de multas a apresados durante el toque de queda y la amenaza de citar la procuradora General de la República y al director general de la Policía Nacional, el Ministerio Público revocó, el pago.
La procuradora General Miriam Germán, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”
La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito
revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas
instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía
los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones
emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.
Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de
enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del
Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas
sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en
declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz
de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.
De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público
deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas
impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como
lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo
del año 2001.
Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la
procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las
acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de
las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan
frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el
cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la
pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.
Aunque procedió a revocar su instrucción tras
analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la
ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y
su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas
adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.
El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula
sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para
quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para
prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.
Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora
expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie
de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de
conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común
para proceder y evitar la discrecionalidad”.
“La Procuraduría General de la República refuerza su
interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y
al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte
soluciones”, establece la nota de prensa.
Recordó que al momento de iniciar el estado de
emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró
frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el
mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las
medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la
pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de
multas establecido en la Ley General de Tránsito.
Dicha legislación permite el pago voluntario de la
multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional,
beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.
Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo
una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio
Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales
para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes
por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas
para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.
Revuelo
La emisión del instructivo dirigido a fiscales, causó
revuelo en varios sectores, por los montos de las multas por violar el toque de
queda, que iban desde RD$1,000 hasta RD$100,000 y por la sustentación jurídica
de la medida.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) fue
una de las organizaciones que se pronunció al respecto. Aseguró que el
instructivo de la Procuraduría General de la República no se sustentaba en un
poder normativo de acuerdo con lo que establece la legislación sobre la
materia.
Igualmente opinaron legisladores, quienes argumentaron
que solo el Congreso tiene competencia para establecer montos de multas.
Tras los cuestionamientos, la Procuraduría anunció que
revisaría el instructivo. Este viernes, finalmente decidió revocarlo, y dispuso
a los fiscales, que toda persona que sea.
No hay comentarios.: