NUEVA LEY ANTICORRUPCIÓN EN EL VATICANO; DIRECTIVOS SOLO PODRÁN ACEPTAR REGALOS MENORES DE 40 EUROS
CIUDAD DEL VATICANO (29 Abril 2021).- "La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes".
Son las palabras iniciales del nuevo Motu proprio de Francisco sobre la transparencia, con el que el Papa exige a todos los empleados en niveles directivos de la Santa Sede, y a todos los que desempeñan funciones de administración activa, funciones jurisdiccionales o de control, que firmen una declaración en la que aseguren que no han recibido condenas firmes, que no están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal. Y no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia.
Esta medida sigue a la del 19 de mayo de 2020, cuando
el Papa Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública, y era
necesaria, explica el Pontífice, porque la corrupción "puede manifestarse
en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la
contratación pública, y por ello la normativa y las mejores prácticas a nivel
internacional prevén para quienes desempeñan funciones clave en el sector
público obligaciones particulares de transparencia con el fin de prevenir y
combatir, en cada sector, los conflictos de intereses, las modalidades
clientelares y la corrupción en general". Por ello, la Santa Sede, que ha
adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, "ha
decidido ajustarse a las mejores prácticas para prevenir y combatir" este
fenómeno "en sus diversas formas".
Así, el Papa ha decidido añadir artículos al
Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a todos los
que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3 (es decir, desde
los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos
directivos de cinco años), y a todos los que tienen funciones de administración
jurisdiccional activa o de control y supervisión. Tendrán que firmar una declaración
en el momento de la contratación y después cada dos años.
Se les solicita testificar de no haber tenido condenas
firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y de no haberse beneficiado de
indulto, amnistía o gracia, y de no haber sido absueltos por prescripción.
Además, de no estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a
investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción,
fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales,
explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos, evasión o
elusión fiscal.
El Motu proprio del Papa exige que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal. No podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia.
Está prohibido que todos los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros.
También deben declarar que no poseen, ni siquiera a
través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en
sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con
alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean
residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o
de estudios). Deberán garantizar, según su conocimiento, que todos los bienes,
muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como
las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades
lícitas. También es significativa la petición de "no tener"
participaciones o "intereses" en sociedades o empresas que operen con
fines contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia.
La Secretaría para la Economía podrá realizar
comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas en papel por
los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas o mendaces,
podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos.
Por último, se prohíbe -y esta novedad afecta a todos
los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los
organismos afines- aceptar, por razón de su cargo, "regalos u otros
beneficios" de un valor superior a 40 euros.
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