TRAS SER MENCIONADO EN "CASO MEDUSA", COIMUNICADOR MILTON CORDERO, EL POPULAR "LECHUGA" DESVINCULADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SANTO DOMINGO, República Dominicana (2 Julio 2021).- La Dirección General de Aduanas (DGA) desvinculó de la institución al comunicador Milton Cordero, popularmente conocido como Lechugaluego de ser mencionado en el expediente acusatorio contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el denominado caso «Medusa».
Cordero desempeñaba las funciones de coordinador de
prensa de Aduanas.
Devengó un salario de RD$75,000,00 pesos mensuales en
la Procuraduría General de la República, como coordinador en la Coordinación
Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Sin embargo, «Lechuga» nunca desempeñó el cargo citado
en la Procuraduría, aunque sí cobraba.
Además, siempre de acuerdo con las autoridades del
Ministerio Público, el comunicador figura como accionista de una de las
empresas investigadas y que ofrecía servicios a la Procuraduría General de la
República.
Además de Rodríguez, en el caso Medusa están
implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander
Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra,
Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén
Calzado.
La solicitud de medida de coerción fue pospuesta para
el próximo jueves a solicitud de la defensa.
Qué
dice la acusación
En el documento con la solicitud de medida de coerción
al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes se indica que los imputados
utilizaron la Procuraduría para distraer cuantiosas sumas de dinero y formaron
un concierto de voluntades para cometer actos contrarios a la ley,
trasgrediendo el fin esencial del Ministerio Público, que es el de perseguir y
de implementar la política contra el crimen.
Entre los perjuicios enlistados que el Ministerio
Público atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores al
Estado figura la eliminación de las principales fuentes de información de la
organización con el objetivo de destruir evidencias de los hechos cometidos, lo
que ha derivado en pérdidas irreparables de información en áreas como
Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales.
También la creación de empresas a través de
testaferros para venderle a la Procuraduría en violación a la Ley de Compras y
Contrataciones y la Ley de Lavado de Activos.
Según la cintila, o avance de imputaciones, depositada
ante la magistrada coordinadora de los juzgados de la instrucción, la sede de
la Procuraduría fue convertida en un centro de envase y distribución de ron que
era utilizado en la campaña para la elección del candidato presidencial del PLD
en 2019, la escogencia de alcaldes y regidores y la campaña presidencial de
2020.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa les atribuye, además, la destrucción de evidencias en
un gran operativo de trituración en la etapa de transición de 2020, hecho que
ha privado a la Procuraduría de parte de su memoria histórica. “Incineraron
documentos de la Procuraduría sin dejar actas ni constancia del proceso”, se
señala.
Colaboradores
Entre los colaboradores del exprocurador que son perseguidos
figuran Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto,
Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra,
Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Empresa Desarrollo, Individuo
& Organización (DIO).
De acuerdo con el Ministerio Público, antes de ser
designado procurador Jean Alain había estado, desde 2012, al frente de CEI-RD,
desde donde llevó a sus principales colaboradores, entre ellos los coimputados
Rafael Stefano Canó Sacco, director de gabinete; Jonnathan Joel Rodríguez
Imbert, director general administrativo del Ministerio Público; Alfredo
Alexander Solano Augusto, subdirector financiero, y Javier Alejandro Forteza
Ibarra, director de Tecnología de la Información.
Centro
de operaciones
Según el Ministerio Público, el grupo, liderado por
Jean Alain, convirtieron a la Procuraduría General en un centro de operación de
la estructura criminal para estafar al Estado con más de 6 mil millones de
pesos.
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