SUPREMA CORTE DE JUSTICIA APODERADA SOLICITUD POR LA PROCURADURÍA PARA DESIGNACIÓN JUEZ INSTRUCCIÓN CONTRA DOS DIPUTADOS DEL PRM Y UNO DEL PRD IMPLICADOS EN OPERACIÓN FALCÓN
SANTO DOMINGO, República Dominicana (16 Septiembre 2021).- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha sido apoderada por la Procuraduría General de la República (PGR) de una solicitud para la designación de juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera (conocida como Grey), implicados por el Ministerio Público en la Operación Coral.
La diputada Faustina Guerrero Cabrera es un nuevo
nombre que sale a relucir en este caso. Es legisladora por el PRM en la
provincia El Seibo. Además, es esposa de Juan Maldonado, uno de los 21
imputados en el caso Operación Falcón, y servidor público “suspendido
provisionalmente” en sus funciones tras el caso.
Nelson Rafael Marmolejos Gil, señalado en el caso,
también es diputado por el partido de Gobierno en la provincia Santiago y,
según el expediente del Ministerio Público, el señalado cabecilla de la red,
Erick Randhiel Mosquea Polanco, le financió la campaña política.
El tercer diputado señalado es Héctor Féliz Féliz, del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la provincia Pedernales, a quien el
Ministerio Público le imputa el recibir dinero por parte del lugarteniente de
la red de narcotráfico.
Reacciones
diputados
Julio Fulcar, vocero del PRM en la Cámara de
Diputados, es uno de los que aspira a que en el caso se realice un debido
proceso y que se permita que los legisladores pueden defenderse.
“No quiero emitir ningún juicio de fondo para no
adelantarme a los acontecimientos”, expresó Fulcar al ser consultado por este
medio sobre el caso. También señaló que cada acción es individual.
Mientras que Gustavo Sánchez, vocero en la Cámara Baja
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que se “respeta” la
decisión del Ministerio Público en solicitar un juez de la instrucción
especial.
“Aspiramos a que, simplemente, la justicia al final
determine el grado de responsabilidad que cualquier legislador tenga”, acotó.
Sánchez indicó que no deja de ser un “elemento de
preocupación” que ciudadanos que tienen compromiso con las leyes sean
investigados.
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