PARA FRENAR EL TRÁFICO DE ARMAS DESDE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO INICIA OFENSIVA DIPLOMÁTICA
La Administración ha pasado a la ofensiva en uno de los temas más añejos —y complicados— para la relación bilateral. El cuerpo diplomático mexicano en la nación norteamericana ha sido instruido para convertir el tema en una prioridad mientras el canciller Marcelo Ebrard abre el debate en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en busca de aliados.
Marcela Celorio, la cónsul de México en Los Ángeles,
explicó que la demanda, por la vía civil, es por “prácticas comerciales
negligentes y falta de responsabilidad corporativa”. “Se trata de hacer
responsables a las empresas”, afirmó la embajadora, quien critica cómo las
compañías han adaptado sus productos al mercado mexicano. Entre estos están los
de Colt, uno de los demandados, que tiene entre sus pistolas la calibre .38 El
Jefe; la calibre .38 El Grito y la Emiliano Zapata 1911, que tiene inscrita en
el cañón la frase atribuida al revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir
de rodillas”. Estos modelos son codiciados por los narcos mexicanos. Uno de los
sicarios que asesinó en 2017 a la periodista Miroslava Breach utilizó una de
estas armas. Entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del
crimen en México entraron ilegalmente por la frontera norte.
“Cuando uno compara las gráficas de venta de armas en
Estados Unidos con las de asesinatos en México, la correlación es muy
importante, como del 80%”, apunta Eugenio Weigend, especialista en violencia
armada del Center for American Progress. Tres factores han disparado el tráfico
desde el norte: un incremento sustancial en la producción de armas de asalto
desde mediados de la década del 2000; la flexibilización de las normas
estatales para adquirir armas y la regulación prácticamente nula de las expos
de armas y las compras por internet.
La frontera entre ambos países es una zona al rojo
vivo pare este comercio. Mientras todo el mundo es testigo de la llegada de
decenas de miles de migrantes del sur a las puertas de Estados Unidos, al mismo
tiempo hay un tráfico invisible en sentido inverso. México cifra en medio
millón de armas anuales el volumen del tráfico, lo que suma unas 10 millones en
dos décadas. Uno puede tener una idea de la fortaleza del negocio por el número
de armerías que han brotado en los más de 3.000 kilómetros de frontera. Hace
una década había 8.354 vendedores registrados en los cuatro Estados fronterizos
(California, Arizona, Nuevo México y Texas). Para 2019 se habían registrado
1.569 más a pesar de que el número de distribuidores nacionales había decrecido
cerca del 2%. Las armerías de la frontera despachan dos veces más armas que el
resto de tiendas en el país, de acuerdo a cifras de la oficina de Alcohol,
Tabaco y Armas, una dependencia que lleva seis años descabezada por la
renuencia de los republicanos a confirmar un nombramiento.
La ofensiva mexicana por el tema requiere un delicado
encaje político en un país donde el derecho a la tenencia de armas está
protegida por la Constitución. “Esta demanda no cuestiona las leyes, políticas
o acciones de Estados Unidos o su Gobierno”, argumenta la parte mexicana en el
litigio, presentado en agosto. “El caso no tiene nada que ver con la segunda
enmienda... Los cárteles no están protegidos por la segunda enmienda y los
demandados no tienen derecho a suministrarles armamento”, continúa el texto.
Steve Shadowen, el estratega de la acusación mexicana,
cree que las once empresas, Smith & Wesson; Barrett, Beretta, Century
International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock; Sturm, Ruger &
Co., Witmer Public Safety Group y las subsidiarias de estas, pedirán al juez
desestimar el caso por no tener base. El abogado radicado en Austin (Texas)
explica que las compañías están blindadas de litigios iniciados por terceros en
suelo estadounidense por una serie de leyes aprobadas por el Congreso en 2005,
durante la presidencia de George W. Bush. El equipo mexicano defiende que esas
normas no tienen un alcance extraterritorial y cómo los daños se produjeron en
México, las empresas no gozan de inmunidad legal. Este asunto se ha llevado
recurrentemente en la mesa de negociaciones bilaterales, con presentaciones
amplias de altos funcionarios mexicanos a sus pares estadounidenses.
“Lo que buscamos con este caso es una orden de la corte
que requiera a los fabricantes reformar el sistema de distribución de armas.
Eso sería muy importante, que tomen en cuenta esas precauciones”, explica
Shadowen, quien entró en contacto con las autoridades mexicanas en 2019 tras la
matanza antimexicana de El Paso, que dejó 22 muertos. El letrado prevé que el
litigio se extienda por varios años y no descarta que llegue a la Suprema
Corte, como ha sucedido con otros casos sobre el derecho a armarse. El Estado
mexicano ha acordado pagar al bufete de Shadowen, que trabajará con tarifas
reducidas, un millón de dólares al año, informó Reuters.
Después de dos años de trabajo en la demanda civil,
una fuente de la cancillería afirma a EL PAÍS que “no es una sorpresa” que las
empresas demandadas presenten su respuesta en bloque. Independientemente de lo
que suceda, este lunes, Ebrard pondrá el tema sobre la mesa en el Consejo de
Seguridad de la ONU. “La demanda no se gana ni se pierde este lunes, pero es
importante porque conoceremos cuál será su defensa”, señala. En Exteriores
esperan, como respuesta de los fabricantes, una campaña de desprestigio. “Dirán
que la culpa es de México porque tiene malas aduanas, una frontera porosa y que
es un país corrupto”, afirman. Más allá del flujo constante de armas
proveniente del norte, el Gobierno de López Obrador ha mostrado muchos
problemas para contrarrestar la violencia.
Especialistas como Weigend califican de audaz el
litigio, que no encuentra un caso similar. Quizá porque pocos como los
mexicanos, además de otros americanos del sur, han aportado al saldo trágico de
la violencia. El analista aplaude la ruta judicial elegida. La demanda se
presentó en Massachusetts, donde se reducen las posibilidades de que el caso
caiga en manos de un circuito con jueces conservadores.
La próxima fecha clave es el 28 de febrero, el límite
para contestar a los argumentos presentados por las empresas este lunes. En un
escenario positivo, la fase de presentación de pruebas arrancará a estas
alturas del próximo año. “Esa será nuestra mina de oro, el punto medular del
litigio”, dicen en Exteriores. “Un acuerdo fuera de la corte está descartado”,
adelantan las fuentes, quienes explican que la demanda fue presentada por el
Estado y no a nombre de las decenas de miles de víctimas para evitar que las
empresas “busquen dar compensaciones individuales”. La cifra de reparación que
se había manejado hace meses era de miles de millones de dólares. Para llegar a
ella el Gobierno debe antes cruzar un largo laberinto judicial.
LUIS PABLO BEAUREGARD-ELÍAS CAMHAJI/El País
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