PUERTO RICO IMPONE NUEVAS RESTRICCIONES POR AUMENTO CASOS DE CORONAVIRUS; GOBERNADOR PEDRO PIERLUISI FIRMÓ UNA ORDEN EJECUTIVA
Contrario a las órdenes anteriores que duraban entre dos
y tres semanas, la firmada ayer no tiene fecha de expiración. Según explicó el
primer ejecutivo en conferencia de prensa junto al secretario de Salud, Carlos
Mellado, esta nueva orden incluye un resumen de las directrices que siguen
vigentes, así como las nuevas disposiciones.
Entre las órdenes que siguen vigentes, el gobernador
mantuvo el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados como comercios,
oficinas médicas y casinos. La única excepción es cuando se trate de un evento
con 20 personas o menos en el que todos los presentes estén vacunados contra el COVID-19. La mascarilla también es requerida en los espacios abiertos si se
trata de un evento en el que participen más de 50 personas.
Con el inicio de la vacunación a los menores entre 5 y
11 años autorizados a recibir la dosis pediátrica de la vacuna de Pfizer,
Pierluisi indicó que a partir del 31 de enero de 2022 todos los estudiantes
estarán obligados a vacunarse contra el covid-19.
En estas edades, los estudiantes que no se vacunen
podrán presentar una exención religiosa o médica y no tendrán que entregar
prueba negativa al COVID-19 semanalmente. No obstante, adelantó que el
Departamento de Salud realizará pruebas de coronavirus aleatorias en las
escuelas.
Según la orden ejecutiva, hasta el 31 de enero próximo
los menores de 5 a 11 años pueden ser llevados a eventos multitudinarios solo
si presentan el resultado negativo al COVID-19 y sin que la prueba tenga más de
72 horas. A partir del primero de febrero, los niños en estas edades se regirán por
las mismas directrices que aplican al resto de la población.
Los niños de menos de 5 años no pueden ser llevados a
eventos multitudinarios.
Los empleados gubernamentales —incluyendo los
contratistas del gobierno— están obligados a vacunarse contra el virus. Aunque
Pierluisi eliminó el requisito de entregar una declaración jurada para
justificar exenciones religiosas o médicas, mantuvo que los empleados no están
vacunados deben entregar una prueba negativa al covid-19.
Contrario a órdenes anteriores que exigían que el
resultado de la prueba se entregara los lunes, el mandatario informó que ahora
pueden entregarlo cualquier día de la semana, pero deben mostrar esta evidencia
una vez por semana.
La orden establece por primera vez que los empleados municipales
están obligados a vacunarse contra el coronavirus, independientemente de lo que
se haya aprobado en cada ayuntamiento. Estos funcionarios deben presentar
evidencia de que están vacunados —o comenzaron el proceso de vacunación— y en
caso contrario tienen que realizarse las pruebas de COVID-19 semanalmente y
presentar el resultado.
La nueva orden incluye otra disposición novel: en caso
de que una persona haya tenido covid-19, en vez del resultado negativo debe
presentar el resultado positivo a COVID-19 dentro de los pasados tres meses.
También debe presentar los documentos que evidencian la recuperación,
incluyendo una carta del proveedor médico certificando que se recuperó de la
enfermedad.
La
postura de Salud
Mellado dejó saber que el contrato con la Guardia Nacional para intervenir con los turistas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín se extendió hasta abril de 2022.
Explicó que el 80% de los turistas
que llegan a la Isla cumplen con la disposición de presentar evidencia de
vacunación o prueba negativa al COVID-19. Agregó que con este servicio han
identificado unos 6,000 casos positivos en el aeropuerto.
Sobre las dosis de refuerzo, Mellado indicó que han
puesto unas 295,000, lo que compara pobremente con las más de dos millones de
personas que se han vacunado en la Isla. Cuando se le preguntó por qué no
habían hecho obligatoria esta tercera dosis de refuerzo, indicó que esperan las
indicaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC,
en inglés), que mantienen la recomendación de las dosis de refuerzo para una
población específica, incluyendo los mayores de 65 años y las personas con
factores de riesgo.
Fuente: EL VOCERO
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