TRES GENERALES Y OFICIALES SUPERIORES Y SUBALTERNOS, ASÍ COMO ALISTADOS DETENIDOS EN LA OPERACIÓN 5G DEL MINISTERIO PÚBLICO

SANTO DOMINGO, República Dominicana (18 Noviembre 2021).- En la denominada Operación Coral 5G desplegada la noche del miércoles y madrugada de este jueves en la que fueron realizados 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega, el Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses.

 

Los operativos fueron encabezados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

 

El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana (ERD).

 

    General Julio Camilo Santos Viola, de la Fuerza Aérea.


Según informó el Ministerio Público, la Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

 

    General Boanerges Reyes Batista, del Ejército. 


En una nota de prensa, la Procuraduría informó que, contra éstos “tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa”, a la que llamó Operación Coral 5G.

 

Dijo que al igual que las otras operaciones, Coral 5G “se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”.

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Este caso se desprende del expediente ya judicializado conocido como Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G.

 

El Ministerio Público recordó que en la Operación Coral presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

 

Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

 

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

 

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.

 

 

Imputaciones

 

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

 

De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el CUSEP y CESTUR000, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

 

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

 

 


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