DERECHOS DE LAS MUJERES, LOS GINECÓLOGOS DESACONSEJAN LA PRUEBA PARA OIR EL LATIDO FETAL ANTESS DE LA SEMANA 11 DEL EMBARAZO
BARCELONA (17 Enero 2023).- La intención del gobierno de Castilla y León, expresada por su vicepresidente Juan García-Gallardo (representante de Vox), de hacer escuchar a las embarazadas el latido fetal antes de abortar -desmentida en las últimas horas por el presidente de la Junta tras la polémica generada- topa con los criterios médicos basados en la ciencia.
Todas las sociedades científicas especializadas en
obstetricia y ginecología desaconsejan el uso de la ecografía doppler –la que
permite escuchar el latido fetal– antes de la semana once de embarazo por
razones de seguridad para el embrión. Y, según las estadísticas del Ministerio
de Sanidad, prácticamente tres de cada cuatro abortos se practican antes o
durante la semana ocho de gestación, periodo en que la prueba que permitiría a la
madre escuchar el corazón del feto está por tanto desaconsejada desde el punto
de vista médico por los riesgos que conlleva.
“Tanto la sociedad catalana de Obstetricia y
Ginecología como la española y la internacional recomiendan no utilizar la
ecografía doppler, la que permite escuchar el latido del feto, por debajo de
las diez semanas y seis días de gestación por el efecto térmico de esta
tecnología”, explica el coordinador de la sección de Ecografía y Medicinal
Fetal de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, Gerard Albaigés.
Y agrega que, a partir de la semana 11 de embarazo, el
uso de la tecnología doppler se considera seguro “si te atienes al principio
ALARA, que pasa por usar una energía tan baja como sea posible para minimizar
el riesgo teórico”.
Contraproducente
para el embrión
Albaigés, que también es director de I+D de Medicina
Fetal en el servicio de obstetricia de Dexeus Mujer, explica que el riesgo se
deriva de someter a un embrión que está creciendo a la energía que genera el
doppler y que, por lo que han visto en investigación animal, podría resultar contraproducente
para el mismo.
Por ello, los protocolos de las sociedades científicas
prevén que sólo se utilice a partir de las 10 semanas y 6 días de gestación,
una vez acabado el periodo embrionario.
Como consecuencia de esos protocolos, los ginecólogos
sólo recurren a esta prueba para detectar el latido del corazón en las primeras
semanas de embarazo cuando necesitan constatar que el embrión sigue con vida.
“Si tienes dudas de que la gestación sea evolutiva o no, usas el doppler para
saber si hay latido o no, pero limitándote al mínimo tiempo posible conforme al
principio ALARA y asegurándote de que el ecógrafo está bien calibrado y
sometido a baja carga térmica”, detalla el especialista de la Societat Catalana
d’Obstetricia i Ginecologia.
En todo caso, el latido del corazón ni se ve ni se oye
hasta la sexta semana de desarrollo embrionario. A partir de ese momento puede
verse mediante una ecografía convencional y escucharlo si se añade la
tecnología doppler, que es la que está desaconsejada hasta alcanzar la semana
11 de embarazo.
De ahí que los médicos hayan celebrado que el presidente
de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco corrigiese ayer a su
vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), y aclarase que “no se obligará a
los médicos ni a las mujeres” a realizar pruebas de latido fetal antes de
abortar. “La medida buscaba meter presión a la embarazada, y eso no me parece
correcto; la voluntad es de la gestante y los ginecólogos lo que hemos de hacer
es darle apoyo”, apunta Albaigés.
En esta línea, la Organización Médica Colegial (OMC)
rechazó ayer emitir comunicado alguno respecto a la polémica suscitada por el
gobierno castellano-leonés, alegando que esos anuncios “son políticos”, sin
fundamento científico ni médico.
Fuentes de la entidad recuerdan que la relación entre
médico y paciente es confidencial, y el facultativo se debe exclusivamente a
conseguir el bienestar del paciente. “Ningún político puede obligar a un médico
a nada, ni a un paciente a realizarse pruebas que no quiera; está en la ley”,
enfatizan.
Además, desde la OMC se rechaza que los médicos deban
aplicar cualquier protocolo que no haya sido elaborado y avalado por los
expertos y las evidencias científicas. “Los protocolos los hacen los técnicos,
no los políticos”, señalan. Y recuerdan que una comunicación de la
administración autonómica (si es que se produjera) sólo puede tener carácter de
recomendación y no obliga a nadie.
Por MAYTE RYUS/la
Vanguardia
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