DERECHOS DE LAS MUJERES, LOS GINECÓLOGOS DESACONSEJAN LA PRUEBA PARA OIR EL LATIDO FETAL ANTESS DE LA SEMANA 11 DEL EMBARAZO

BARCELONA (17 Enero 2023).- La intención del gobierno de Castilla y León, expresada por su vicepresidente Juan García-Gallardo (representante de Vox), de hacer escuchar a las embarazadas el latido fetal antes de abortar  -desmentida en las últimas horas por el presidente de la Junta tras la polémica generada- topa con los criterios médicos basados en la ciencia.

Todas las sociedades científicas especializadas en obstetricia y ginecología desaconsejan el uso de la ecografía doppler –la que permite escuchar el latido fetal– antes de la semana once de embarazo por razones de seguridad para el embrión. Y, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, prácticamente tres de cada cuatro abortos se practican antes o durante la semana ocho de gestación, periodo en que la prueba que permitiría a la madre escuchar el corazón del feto está por tanto desaconsejada desde el punto de vista médico por los riesgos que conlleva.

“Tanto la sociedad catalana de Obstetricia y Ginecología como la española y la internacional recomiendan no utilizar la ecografía doppler, la que permite escuchar el latido del feto, por debajo de las diez semanas y seis días de gestación por el efecto térmico de esta tecnología”, explica el coordinador de la sección de Ecografía y Medicinal Fetal de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, Gerard Albaigés.

Y agrega que, a partir de la semana 11 de embarazo, el uso de la tecnología doppler se considera seguro “si te atienes al principio ALARA, que pasa por usar una energía tan baja como sea posible para minimizar el riesgo teórico”.

Contraproducente para el embrión

Albaigés, que también es director de I+D de Medicina Fetal en el servicio de obstetricia de Dexeus Mujer, explica que el riesgo se deriva de someter a un embrión que está creciendo a la energía que genera el doppler y que, por lo que han visto en investigación animal, podría resultar contraproducente para el mismo.

Por ello, los protocolos de las sociedades científicas prevén que sólo se utilice a partir de las 10 semanas y 6 días de gestación, una vez acabado el periodo embrionario.

Como consecuencia de esos protocolos, los ginecólogos sólo recurren a esta prueba para detectar el latido del corazón en las primeras semanas de embarazo cuando necesitan constatar que el embrión sigue con vida. “Si tienes dudas de que la gestación sea evolutiva o no, usas el doppler para saber si hay latido o no, pero limitándote al mínimo tiempo posible conforme al principio ALARA y asegurándote de que el ecógrafo está bien calibrado y sometido a baja carga térmica”, detalla el especialista de la Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia.

En todo caso, el latido del corazón ni se ve ni se oye hasta la sexta semana de desarrollo embrionario. A partir de ese momento puede verse mediante una ecografía convencional y escucharlo si se añade la tecnología doppler, que es la que está desaconsejada hasta alcanzar la semana 11 de embarazo.

De ahí que los médicos hayan celebrado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco corrigiese ayer a su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), y aclarase que “no se obligará a los médicos ni a las mujeres” a realizar pruebas de latido fetal antes de abortar. “La medida buscaba meter presión a la embarazada, y eso no me parece correcto; la voluntad es de la gestante y los ginecólogos lo que hemos de hacer es darle apoyo”, apunta Albaigés.

En esta línea, la Organización Médica Colegial (OMC) rechazó ayer emitir comunicado alguno respecto a la polémica suscitada por el gobierno castellano-leonés, alegando que esos anuncios “son políticos”, sin fundamento científico ni médico.

Fuentes de la entidad recuerdan que la relación entre médico y paciente es confidencial, y el facultativo se debe exclusivamente a conseguir el bienestar del paciente. “Ningún político puede obligar a un médico a nada, ni a un paciente a realizarse pruebas que no quiera; está en la ley”, enfatizan.

Además, desde la OMC se rechaza que los médicos deban aplicar cualquier protocolo que no haya sido elaborado y avalado por los expertos y las evidencias científicas. “Los protocolos los hacen los técnicos, no los políticos”, señalan. Y recuerdan que una comunicación de la administración autonómica (si es que se produjera) sólo puede tener carácter de recomendación y no obliga a nadie.

 

 

Por MAYTE RYUS/la Vanguardia

 

 

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