PODER EJECUTIVO PROMULGA LEY 28-23 DE FIDEICOMISO PÚBLICO, SERÁ REGIDA POR LA LEY 340-06 SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SANTO DOMINGO, República Dominicana (17 Marzo 2023).- El presidente Luis Abinader promulgó en la tarde de hoy la ley que regula el fideicomiso público en la República Dominicana.
La esperada norma jurídica es ahora la Ley 28-23 y
regula por primera vez la importante figura del fideicomiso público,
estableciendo un marco legal innovador para su organización, estructura y
funcionamiento.
La ley estipula que la constitución de los
fideicomisos públicos estará sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo
mediante decreto y deberá cumplir con el artículo 128, numeral 2, de la
Constitución de la República, en casos específicos.
Asimismo, garantiza que las compras y contrataciones
públicas en el marco del fideicomiso público se rijan por la Ley 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Públicas, Obras y Concesiones, y sus modificaciones,
asegurando una gestión eficaz y responsable de los fondos públicos.
En cuanto al acceso a la información, la ley establece
un precedente al exigir que todas las informaciones contenidas en el Contrato
de Fideicomiso u otros actos sujetos a registro público sean reveladas por el
Fideicomitente a través de su respectivo Departamento u Oficina de Acceso a la
Información Pública, conforme a la Ley de Libre Acceso a la Información
Pública.
La supervisión y regulación de los fideicomisos
públicos recaerá en el ente gubernamental participante en el fideicomiso, la
Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del
Mercado de Valores, según corresponda, en función del objeto del fideicomiso.
Esta estructura de supervisión garantiza la transparencia y la rendición de
cuentas en el uso de los recursos públicos.
La norma en cuestión también aborda las sanciones
administrativas, estableciendo un sistema de clasificación de infracciones en
muy graves, graves y leves.
La Superintendencia de Bancos tendrá la facultad de
imponer sanciones a las fiduciarias, siguiendo los criterios establecidos en la
Ley número 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administración y de Procedimiento Administrativo.
La promulgación de esta ley marca un hito en la
historia de la República Dominicana y demuestra el compromiso con la
transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos
públicos.
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