A CARANDAI CRUZ DE LA MOTA TREINTA AÑOS DE PRISIÓN EN NAJAYO-HOMBRE Y 50 MILLONES DE PESOS DE INDEMNIZACIÓN POR LA MUERTE DE ORLANDITO JORGE MERA
El tribunal ordenó que Cruz de la Mota cumpla la
sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en
San Cristóbal, y el pago de una indemnización de RD$50 millones a la familia de
Jorge Mera.
El expediente instrumentado por el órgano acusador
estableció que el procesado planificó el asesinato del ministro, alegadamente
porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas
de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A, por no cumplir con
los requisitos exigidos por el organismo para el otorgamiento de ese tipo de
licencia medioambiental.
En la audiencia de este miércoles el tribunal escuchó
los testimonios de siete nuevos testigos, la mayoría de la Policía Nacional.
Además, en la audiencia anterior fueron escuchados 10
testigos de cargo aportados por el Ministerio Público, entre los que se
destacan Orlando Salvador Jorge Villegas, hijo de la víctima, y el general de
brigada del Ejército Nacional Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, jefe del
Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y Juan Manuel Curvo
Desangles, ex coordinador nacional de ese Ministerio.
También, fueron escuchados el coronel del Ejército
Wascar Adolfo Montilla Almánzar, exjefe
de Seguridad de Medio Ambiente; el jurista Edilio Segundo Florián Santana, ex
consultor jurídico de Medio Ambiente; los exfuncionarios y abogados Alfonso
María Mendoza Rincón, Porfirio Leonardo, el teniente de la Policía Nicolás
Montero, encargado de la seguridad de Jorge Mera, el cura párroco José
Arismendy León, y las asistentes del despacho, Erika Altagracia Ramírez y
Maribel del Carmen Martínez.
El tribunal, integrado por los jueces Keila Pérez
Santana, Elías Santini Perera y Arisleida Méndez Batista, acogió un pedimento
de las representantes del Ministerio Publico, las fiscales Magalis Sánchez,
María Silvestre y Laura Toledo, para escuchar en calidad de testigos a los técnicos
e investigadores policiales que manejaron las investigaciones y la escena del
crimen.
Fausto Miguel Cruz (Caranday) incurrió en la violación
de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que
tipifican como un delito el porte ilegal de armas de fuego, así como los
artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales
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