EL PODER EJECUTIVO DECLARA DE ALTA PRIORIDAD NACIONAL LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El documento parte de la premisa de que los órganos de
la Administración deben adoptar medidas que sirvan como modelo a seguir por
parte de la ciudadanía y las empresas privadas, fomentando una cultura de
responsabilidad ambiental y energética en todo el país.
Se señala que esta línea de acción es necesaria para
lograr los objetivos de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030, y constituye una práctica de gobierno propia de la idea de
una buena administración.
El citado Decreto establece dos categorías de
consumidores estatales, de conformidad con la sumatoria de todos sus
suministros de energía interconectados a la Red Eléctrica y dispone
obligaciones para cada caso. Igualmente desarrolla iniciativas sobre consumo
energético, desarrollando medidas en materia de ahorro y eficiencia energética,
que van desde aspectos relacionados con la temperatura de los condensadores de
aire a criterios sobre el alumbrado público de las instituciones.
Por igual, el documento presenta metas de ahorro,
planes estratégicos y operativos, el diseño de una campaña nacional de
promoción del ahorro y eficiencia energética, la implementación de fuentes
renovables de energía y otros importantes pasos, en la dirección de generar un
impacto favorable para los dominicanos, tanto en su medio ambiente como en la
economía del país.
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