PRESIDENTE ABINADER INSTRUYE REALIZAR EL PRIMER CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
La realización de este censo se enmarca dentro del
objetivo del presidente Luis Abinader de dotar al Estado dominicano de cada vez
mayor transparencia para beneficio de todo el país.
Se
tendrá registro detallado
Este ambicioso proyecto, que se desarrollará del 3 al
21 de julio, permitirá tener un registro detallado y fidedigno del capital
inmobiliario de la nación, que hasta la fecha no ha sido precisamente
cuantificado.
El resultado de este censo ofrecerá una imagen clara y
completa de los activos inmobiliarios del Estado, los cuales incluyen: bienes y
edificaciones del Gobierno central; edificaciones de instituciones
descentralizadas; infraestructuras vitales como las viales, hidráulicas y
eléctricas; instituciones mixtas con el Estado; acciones inmobiliarias mixtas
con el Estado; bienes mineros propiedad del Estado y tierras propiedad del Estado
Dominicano, entre otros.
Para este proyecto, se ha diseñado un plan de
ejecución que incluye la implementación de una tecnología especializada para el
almacenamiento, seguimiento y control de la información obtenida. Este sistema
de gestión de proyectos permitirá un manejo eficiente y continuo de los datos.
Censo
en tres fases
El censo se desarrollará en tres fases claves. La
primera fase consistirá en el levantamiento de información de todas las
propiedades estatales. La segunda fase será el censo físico de los bienes
inmuebles del Estado Dominicano, que permitirá confirmar y complementar la
información recolectada en la primera fase. Finalmente, en la tercera fase se
presentarán los resultados del censo.
En una visión a futuro, se espera que este censo
facilite la creación de normativas que aseguren la automatización del sistema.
De este modo, todos los bienes adquiridos por el Estado Dominicano se
registrarán mensualmente en tiempo real, al igual que los bienes que salgan del
sistema estatal.
Censo marcará un hit
Este censo nacional de bienes inmuebles es una
iniciativa que marca un hito en la historia de la administración de los bienes
del Estado dominicano, al establecer un precedente de transparencia y
responsabilidad en la gestión de los activos nacionales.
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