LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS CANCELADA POR EL GOBIERNO DE NICARAGUA
“Este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la
legítima defensa por parte de los Jesuitas y sin que haya una instancia
judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente
injustificados y arbitrarios”, es cuanto afirman en un comunicado los miembros
de la Provincia de Centro América de la Compañía de Jesús, tras la publicación,
este 23 de agosto, del decreto del Gobierno de Nicaragua, por medio del Acuerdo
Ministerial N.105-2023, con el cual se aprobó la “cancelación de la personalidad
jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua” y se estableció que
la Procuraduría General de la República traspase al Estado los bienes inmuebles
y muebles de la misma.
No
hubo oportunidad a la legítima defensa
En el comunicado se da a conocer que, esta decisión se
tomó sin que conste se hayan realizado los procedimientos administrativos
establecidos por ley. “Como sucedió en la mayoría de los más de tres mil casos
similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen
desde el 2018 – se lee en el comunicado – este acuerdo se llevó a cabo sin dar
oportunidad a la legítima defensa por parte de los Jesuitas y sin que haya una
instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad
totalmente injustificados y arbitrarios”.
Asimismo, se recuerda en el documento que, en los días
pasados, el Gobierno había quitado a la Asociación Compañía de Jesús de
Nicaragua uno de sus bienes: la residencia donde vivían algunos de sus miembros
en Managua. “En esta ocasión, además de la ocupación del inmueble, se desalojó
a sus moradores sin darles un tiempo razonable para recoger y llevarse sus
pertenencias personales”.
Un
contexto nacional de represión sistemática
Ante ello, la Provincia de Centro América de la
Compañía de Jesús condenó esta nueva agresión en contra de los jesuitas de
Nicaragua. La considera enmarcada en un contexto nacional de represión
sistemática calificada como “crímenes de lesa humanidad” por el grupo de
expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones
Unidas. Por ello, confirman que, “todo ello está encaminado al pleno
establecimiento de un régimen totalitario”. Y a la vez, responsabilizan “al
Presidente y a la Vicepresidenta actual de Nicaragua por estar, por lo menos,
cohonestado estos hechos e impidiendo existan condiciones de independencia y
neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para frenarlos,
revertirlos y sancionarlos”.
Cese
la represión y se restablezca el diálogo
Asimismo, los Jesuitas en Centroamérica piden a la
pareja presidencial que, “cese la represión, acepte la búsqueda de una solución
racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los
Derechos humanos, el estado de derecho. Respete la libertad y total integridad
de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos
colaboran”.
Y agradeciendo las innumerables muestras de
reconocimiento, apoyo y solidaridad que ha recibido ante estos crecientes
atropellos, la Compañía de Jesús, “se une a los miles de víctimas nicaragüenses
que están esperando se les haga justicia y se repare el daño que el actual
gobierno nicaragüense está causando”.
ODUCAL:
Cese la creciente agresión que afecta el sistema universitario
Por su parte, la Organización de Universidades
Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL), en representación de sus 116
afiliadas, manifiesta su profunda preocupación frente el asedio, la
confiscación de bienes y el cierre que ha sufrido la Universidad
Centroamericana (UCA) con sede en Managua y expresa su solidaridad con su
comunidad educativa. “La UCA – se lee en un comunicado – es una institución
católica de la Compañía de Jesús con más de 60 años de historia que ha hecho un
gran aporte a través de su docencia, investigación y enorme incidencia pública,
buscando insistentemente y con valentía la paz y la justicia en Nicaragua”.
Y piden que, “sean revertidas y corregidas
inmediatamente las drásticas, inesperadas e injustas medidas adoptadas por el
órgano judicial nicaragüense en contra de las instituciones educativas
universitarias católicas. Cese la creciente agresión que afecta el sistema
universitario nicaragüense y sus integrantes. Se busque una solución racional
en la que imperen la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la
libertad de cátedra”.
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