EN ESPAÑA, LA SANTA SEDE RENUNCIÓ A LAS EXENCIONES EN IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS
Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de
Asuntos económicos de la CEE explica en Canal 24h el sistema fiscal de la
Iglesia a partir de la renuncia de la Iglesia a la exención del ICIO.
Ello supone, en la práctica, que la Iglesia en España
tendrá, a partir de este momento, el mismo régimen de exenciones fiscales que
el resto de confesiones religiosas que tienen suscritos convenios de
colaboración con el Estado. Se trata además del mismo régimen especial
aplicable a las fundaciones, incluidas las de los partidos políticos,
asociaciones de utilidad pública, ONGs de desarrollo, federaciones deportivas,
etc. El régimen fiscal previsto en la ley de mecenazgo.
Ya en 2006 la Iglesia, en otro intercambio de notas,
renunció a las exenciones y no sujeciones por IVA y ahora se completa con el
resto de las exenciones que no tienen los demás. La Iglesia, en sus aspectos
económicos, quiere operar en la sociedad bajo el principio de no privilegio y
no discriminación, y siempre además en el pleno respeto al derecho a la
libertad religiosa.
A partir de este momento, en consecuencia, no se podrá
hablar de “privilegios fiscales de la Iglesia”, en tanto en cuanto su régimen
de beneficios fiscales es el mismo que el del resto de entidades no lucrativas.
El Gobierno, por su parte, declara su compromiso de respetar este régimen de
equiparación previsto en la ley, tanto en el contenido del régimen fiscal como
en el sistema de acceso establecido para las confesiones religiosas: un sistema
de equiparación.
Es posible que algunos se pregunten por la polémica
relativa al IBI que periódicamente aparece en la escena mediática. ¿Pagará la
Iglesia, por fin, el IBI? La realidad es que no hay tal polémica. La Iglesia
paga el IBI de todos sus bienes salvo aquellos que están específicamente
exentos en el artículo 15 de la ley 49/2002. Unas exenciones que son
exactamente iguales que las que tienen el resto de entidades sujetas a este
régimen fiscal y, por tanto, que no derivan de ningún acuerdo con la Iglesia.
El régimen fiscal vigente no diferencia a la Iglesia, en materia de IBI, del
resto de entidades no lucrativas. No existe ningún régimen especial para la
Iglesia en este impuesto. Si el Parlamento determina otra cosa eso implicaría a
todas las instituciones señaladas en la Ley de Mecenazgo.
Podrá discutirse si un comedor social de Caritas debe
pagar o no IBI, o si un bien propiedad de una fundación y alquilado a un
tercero lo debe hacer. Pero esa discusión debe hacerse con todo el sector y no
solo con la Iglesia. Las exenciones fiscales para las entidades no lucrativas
existen en todos los sistemas tributarios modernos y permiten a las entidades
beneficiarias realizar su labor en favor de la sociedad. Una labor que ahorra
mucho dinero a los contribuyentes y que genera un gran valor social.
Este acuerdo es un paso más en el camino ya iniciado
por la Iglesia en España hace varias décadas de adaptación a la sociedad y de
trasparencia. Sin privilegios, pero sin discriminaciones, en el pleno respeto
al principio de libertad religiosa. En este contexto, la Iglesia reitera su
compromiso con la sociedad y con el bien común, dando a conocer el conjunto de
iniciativas que realiza y que constituyen su contribución a la sociedad. Un ejemplo
de ello lo tenemos cada año en la Memoria de actividades que se presenta en el
mes de mayo, una memoria sometida a un proceso de verificación externa y
disponible en la web de la Conferencia Episcopal.
Evidentemente, como todo acuerdo, no ha sido fácil,
porque requería del esfuerzo y la flexibilidad de todas las partes y no siempre
es sencillo llegar a un punto de equilibrio. Hay que agradecer, por tanto, la
voluntad de todos para, desde posturas y enfoque muy diversos, haber sido
capaces de llegar a un este texto.
Tal vez algunos quieran hacer una lectura política del
acuerdo y de la oportunidad del mismo. Con todo respeto, la Iglesia se maneja
en otras coordenadas y en otros contextos. El acuerdo llevaba gestándose desde
hace meses, pero la necesidad de dotarle del marco jurídico adecuado conforme
al derecho internacional requería sus tiempos, que han concluido en este
momento.
La Iglesia quiere seguir haciendo su labor en la
sociedad, proponiendo sus valores y contribuyendo al bien común. Sin privilegios,
sin discriminaciones.
Fernando Giménez Barriocanal
Vicesecretario para asuntos económicos
De la Conferencia Episcopal Española
Fuente: CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
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