La ONU pide libertad incondicional para el exprocurador Jean Alain Rodríguez, afirma privación libertad ha sido arbitraria
"Teniendo en cuenta todas las circunstancias del
caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Sánchez inmediatamente en
libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros
tipos de reparación, de conformidad con el Derecho internacional", señaló
el grupo en un informe.
Esta instancia analizó este caso en su 97º sesión, que
celebró entre fines de agosto y principios de agosto, aunque su opinión legal ha
sido emitida semanas después.
Los expertos de la instancia de la ONU también
reclaman al Gobierno dominicano una investigación exhaustiva e independiente de
las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del
exprocurador y que "adopte las medidas pertinentes contra los responsables
de la violación de sus derechos".
Rodríguez Sánchez, procurador general entre 2016 y
2020, inició investigaciones por sobornos a funcionarios dominicanos por parte
de la empresa brasileña Odebrecht, lo que condujo en su día a la detención de
empresarios, funcionarios y políticos tanto del Gobierno como de la oposición.
El grupo de trabajo ha concluido que la detención fue
arbitraria por irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por
el hecho de que el día de su arresto, el 29 de junio de 2021, no se presentó
debidamente la orden de detención ni se explicaron las razones de la misma.
Rodríguez Sánchez solo pudo comparecer ante un juez
para defender su inocencia pasadas dos semanas de la detención, pese a que las
normas internacionales de derechos humanos establecen que ese lapso no debe
superar las 48 horas.
Posteriormente, prosigue el dictamen del grupo de
trabajo, se le aplicó una prisión preventiva de 18 meses antes del juicio, sin
que se presentaran argumentos razonables sobre un posible riesgo de fuga.
"Este lapso de tiempo fue no sólo excesivo, sino
violatorio de las normas y garantías internacionales contra la detención
arbitraria", señala.
Durante el proceso, los magistrados se negaron a
examinar los alegatos relativos a la detención arbitraria, lo cual
"también constituyó una violación del derecho de Rodríguez Sánchez a ser
oído por un tribunal imparcial", agrega.
El grupo de trabajo también mostró preocupación por el
hecho de que durante el proceso funcionarios del Estado y de la Fiscalía hicieran
una serie de declaraciones públicas tratando de desacreditar a Rodríguez
Sánchez.
Además, durante los traslados a las dependencias
judiciales "fue transportado con fuertes escoltas militares para
presentarlo como un criminal peligroso", lamenta el dictamen.
El grupo de trabajo también denunció que la vida de
Rodríguez Sánchez estuvo en peligro durante la detención preventiva en la
cárcel de Najayo, desde julio de 2021 hasta enero de este año.
La defensa del exprocurador sostuvo a este respecto
que Rodríguez Sánchez estaba rodeado de presos que él investigó o a cuyo
encarcelamiento contribuyó, incluidos narcotraficantes, acusados de lavado de
dinero o incluso de asesinatos.
En el informe, el grupo de trabajo de la ONU lamentó
que el Gobierno de la República Dominicana emitiera una "respuesta
tardía" a las alegaciones de la defensa del exprocurador.
Dicha defensa denunció ante el grupo de trabajo numerosas
presiones externas contra el exprocurador durante el proceso, desde el
asesinato de su escolta a amenazas de muerte a sus familiares y robos en su
domicilio.
El exprocurador general había sido acusado por la
Fiscalía de dirigir un "entramado de corrupción administrativa"
cuando estuvo al frente del Ministerio Público, en la llamada operación
'Medusa'.
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