Regresarán a la prisión al general De los Santos Viola, Fuerza Aérea República Dominicana, por violar medida de coerción de arresto domiciliario, oficial superior está acusado en Caso Coral/Coral5G
En el mes de mayo del año 2023, los jueces de la
Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron la
prisión preventiva que pesaba en contra del general De los Santos Viola, por
medidas menos gravosas como son el arresto domiciliario, impedimento de salida
del país y el uso de un localizador electrónico.
El Ministerio Público solicitó la variación del
arresto domiciliario de De los Santos Viola a Prisión Preventiva por no cumplir
con su arresto domiciliario al salir de su domicilio sin autorización judicial.
El órgano acusador entregó al tribunal las evidencia
que dan fe de que el citado imputado abandonó el lugar designado para cumplir
su arresto domiciliario. El Ministerio Público se mantiene vigilante para que
los imputados cumplan con las medidas de coerción que les son impuestas por los
tribunales.
Para mantener el arresto domiciliario la magistrada
Méndez afirmó que en torno a De los Santos Viola aún persiste el peligro de
fuga.
Durante la audiencia celebrada el jueves, el órgano
acusador pidió al tribunal el rechazo del pedimento de variación de medida que
hiciera la defensa del acusado, por el hecho del imputado haber violado la
prisión domiciliaria y no presentar presupuestos nuevos.
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de revisión
de medida de coerción interpuesta por la defensa del mayor general Adán Cáceres
Silvestre, a quien el Ministerio Público acusa en el expediente judicial
Coral/Coral5G.
En su intervención, Camacho pidió fuera rechazada la
solicitud de variación de medida hecha por la defensa de Cáceres, “ya que no ha
sido presentado ningún nuevo documento, ni han variado las condiciones que
llevaron a esta decisión del Sexto Juzgado de Instrucción”.
El órgano persecutor estuvo representado por el
procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la
Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, Miguel Collado, Jonathan
Elías Pérez, Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
En el entramado de corrupción fue desmantelado durante
las operaciones Coral y Coral 5G, dirigidas por la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En el expediente son acusados Cáceres Silvestre,
exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan
Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad
Turística (Cestur).
De los Santos Viola, junto a José Manuel Rosario Pirón
también fueron enviados a juicio Alejandro Montero, Boanerges Reyes, Carlos
Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba,
Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin
Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez, Julio de los Santos Viola, Kelman
Santana, Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los
Santos, Pedro Castillo Nolasco, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón,
Rossy Guzmán, Santiago Suárez, Tanner Flete Guzmán, Yehudy Guzmán Alcántara y
Raymel Del Rosario Viola.
También, las personas jurídicas Randa Internacional
Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, S.O.S Carretera,
S.S.A Corporation, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium,
Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF,
Distribuidora TAFL, Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor
Jesucristo, Meijo Comercial, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV
Agroindustrial, Optumus E.I.R.L. y RyF Agroindustrial.
Mientras que quedaron pendiente la audiencia
preliminar para S.O.S Carretera S.R.L., S.S.A Corporation S.R.L, Meijo
Comercial, E.I.R.L y Optumus E.I.R.L.
En el proceso los acusados recibieron distintas
medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva por 18 meses, luego de
que el Ministerio Público demostrara su vinculación con los hechos de
corrupción, logrando además que el caso fuera declarado de tramitación
compleja.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso
contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas que son
acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Los involucrados en el entramado de corrupción
operaron en perjuicio del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez
y la Adolescencia (Conani).
Los cargos por los que son procesados incluyen
asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de
funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos entre
otros hechos delictivos.
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