Proyecto de ley de Dirección Nacional de Inteligencia aprobado en primera de lectura de urgencia en Cámara de Diputados
El pleno legislativo liberó de trámite el proyecto
refundido, con el objetivo de remitirlo a la Comisión Permanente de Fuerzas
Armadas para que sea estudiado una vez más y se ponderen algunas observaciones.
El pliego de ley había sido aprobado en pasadas
legislaturas, pero perimía, al generar controversias.
La pieza es una fusión de tres iniciativas sometidas
por los diputados Julito Fulcar, Braulio de Jesús Espinal y Lourdes Josefina
Aybar, así como por el senador Milcíades Franjul.
Esta iniciativa tiene por objeto crear la Dirección
Nacional de Inteligencia, como órgano centralizado del Estado, destinado a
proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de
Inteligencia.
Uno de los considerandos de la legislación explica que
resulta oportuno plantearse una nueva regulación de los servicios de
inteligencia en la que se recojan, de forma detallada y sistemática, la
naturaleza, los objetivos, los principios y las funciones, los cuales
representan aspectos sustanciales de la organización de la DNI, “en sustitución
del Departamento Nacional de Investigaciones”.
El Sistema Nacional de Inteligencia es el conjunto de
relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado
dominicano, bajo la coordinación de la DNI, con la finalidad de proveer
información estratégica para la seguridad nacional.
Reglamento
de aplicación en 90 días
La Dirección Nacional de Inteligencia, en un plazo de
90 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley, elaborará y
propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación.
Partes
controversiales del proyecto
El proyecto de ley ha sido criticado por tener algunos
aspectos considerados por algunos legisladores violatorios a la Constitución,
como es el artículo 26, que trata sobre las sanciones.
En ese sentido, Dionis Sánchez, vocero de la bancada
de Fuerza del Pueblo en el Senado, argumentó en una sesión que dicho artículo
es contrario a lo establecido por la Carga Magna en lo que respecta a la
libertad de expresión e información, según el artículo 49 de la Ley Sustantiva.
Según el artículo 26 del proyecto, quien oculte
informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia, sobre las
cuales tengan datos o conocimiento, relativas a sus atribuciones señaladas en
el artículo 9 de esta ley, “será sancionado con prisión menor de dos a tres
años y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público”.
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