Tras ser inhabilitado en dos estados, ¿Donald Trump aún puede postularse a la presidencia de Estados Unidos?
Ambas decisiones son históricas. El máximo tribunal de
Colorado fue el primero en aplicar a un aspirante a candidato a la presidencia
una inusual prohibición constitucional contra quienes “hayan tomado parte en
una insurrección”. La secretaria de Estado de Maine, demócrata, fue la primera
alta funcionaria electoral en sacar unilateralmente de las boletas a un
aspirante amparándose en esa disposición.
Pero ambas decisiones están en pausa mientras se desenvuelve
el proceso judicial.
Eso significa que Trump permanece en las boletas en
Colorado y Maine y que su destino político se encuentra ahora en manos de la
Corte Suprema de Estados Unidos. El fallo de Maine probablemente nunca entre en
vigor por sí solo. Su principal impacto es incrementar la presión sobre el
máximo tribunal de la nación para que se pronuncie claramente sobre lo
siguiente: ¿Puede Trump postularse aún a la presidencia después del ataque del
6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal?
¿Cuál
es el problema jurídico?
Tras la Guerra Civil, Estados Unidos ratificó su 14ª
enmienda constitucional para garantizar los derechos de las personas que habían
sido esclavas, entre otros. También incluía una cláusula de dos frases llamada
Sección 3, diseñada para impedir que quienes habían pertenecido al gobierno
confederado recuperaran poder gubernamental tras el conflicto.
La
medida dice:
“No podrá ser senador o representante en el Congreso,
ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñar cargo civil o
militar alguno en Estados Unidos o en cualquier estado, quien, habiendo jurado
previamente defender la Constitución de Estados Unidos como miembro del
Congreso, funcionario de los Estados Unidos o miembro de la Asamblea
Legislativa de cualquier estado o funcionario ejecutivo o judicial del mismo,
haya tomado parte en una insurrección o rebelión contra la misma o haya
prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país. Pero el Congreso podrá,
con el voto de dos terceras partes de cada cámara, subsanar esa inhabilidad”.
El Congreso retiró esa inhabilitación para la mayor
parte de los confederados en 1872, y la disposición cayó en desuso. Pero fue
redescubierta tras los sucesos del 6 de enero.
¿Cómo
se aplica esto a Trump?
Trump ya está siendo procesado por el intento de
revocar su derrota electoral de 2020, que culminó con los hechos del 6 de
enero, pero la Sección 3 no requiere una declaración de culpabilidad para
aplicarse. Se han interpuesto docenas de demandas para inhabilitar a Trump
alegando que participó en una insurrección el 6 de enero y ya no está
cualificado para postularse a un cargo público.
Todas las demandas fracasaron hasta el fallo de
Colorado. Y se ha pedido a docenas de secretarios de Estado que lo retiren de
las papeletas. Todos indicaron que carecen de autoridad para hacerlo si no
reciben una orden judicial, hasta la decisión de la de Maine, Shenna Bellows.
La Corte Suprema nunca se ha pronunciado con respecto
a la Sección 3. Es probable que lo haga al sopesar las apelaciones a la decisión
de Colorado: el Partido Republicano estatal ya recurrió y se espera que Trump
interponga el suyo propio pronto. El fallo de Bellows no puede ser apelado
directamente ante la Corte Suprema federal, sino que primero tiene que ser
recurrido en la cadena judicial, comenzando con un tribunal de primera
instancia en Maine.
Sin embargo, la decisión de Maine sí obliga al máximo
tribunal a examinar el caso. Ya era muy probable que los jueces escucharan el
caso de Colorado, pero la decisión de Maine elimina cualquier duda.
Trump perdió en Colorado en 2020 y no necesita ganar
allí para lograr una mayoría en el Colegio Electoral el año próximo. Pero sí
obtuvo uno de los cuatro votos colegiados de Maine en las últimas
presidenciales al imponerse en el 2º Distrito del Congreso, por lo que la
decisión de Bellows tendría un impacto directo sobre sus posibilidades en los
comicios de noviembre.
Hasta que el máximo tribunal emita su fallo, cualquier
estado podría adoptar su propia norma acerca de si Trump, o cualquier otra
persona, pueda estar en las boletas. Este es el tipo de caos jurídico que se supone
que la corte debe evitar.
¿Cuáles
son los argumentos en el caso?
Los abogados de Trump tienen varios argumentos contra
la presión para inhabilitarlo. Primero, no está claro si la Sección 3 es
aplicable al presidente: un borrador antiguo mencionaba ese puesto, pero fue
retirado, y las palabras “funcionario de Estados Unidos” en otras partes de la
Constitución no se refieren al presidente, según alegan.
Segundo, incluso si es aplicable a la presidencia,
sostienen, esta es una cuestión “política” sobre la que deberían decidir los
votantes, no jueces que no obtuvieron el cargo por elección popular. Tercero,
si los jueces desean involucrarse, de acuerdo con los letrados, estarían
infringiendo el derecho de Trump a un proceso jurídico imparcial al determinar
categóricamente que no es elegible sin llevar a cabo algún tipo de proceso de
investigación como un largo juicio penal. En cuarto lugar alegan que lo
ocurrido el 6 de enero no fue una insurrección en el sentido de la Sección 3,
sino un motín. Finalmente, incluso si fue una insurrección, señalan que Trump
no estuvo involucrado, simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libertad
de expresión.
Por supuesto, los abogados que quieren inhabilitar a
Trump también tienen argumentos. El principal es que el caso es realmente muy
sencillo: lo ocurrido el 6 de enero fue una insurrección, Trump la incitó y
está inhabilitado.
¿Por
qué ha demorado tanto?
El incidente ocurrió hace tres años, pero las
impugnaciones no estuvieron “maduras”, por usar el término jurídico, hasta que
Trump solicitó entrar en las boletas estatales este otoño.
Pero el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo
tiene que ver también con otra cuestión: nadie ha querido emitir realmente un
fallo sobre los méritos del caso. La mayoría de los jueces han descartado las
demandas por cuestiones técnicas, incluyendo que las cortes carecen de
autoridad para decir a los partidos a quién poner en sus papeletas para las
primarias. Los secretarios de Estado también han evitado actuar, normalmente
diciendo a quienes les piden que prohíban que Trump se postule que carecen de la
autoridad jurídica para hacerlo a menos de que una corte se lo ordene.
Nadie puede evadir el asunto ya. Expertos legales han
advertido que, si la Corte Suprema federal no emite una directriz clara sobre
el asunto, podría derivar en un caos en noviembre, o en enero de 2025, si es
que Trump gana las elecciones. Imaginen, apuntan, si el máximo tribunal evade
la cuestión o dice que no es una decisión que le corresponda a las cortes y los
demócratas ganan por una leve mayoría en el Congreso. ¿Confirmarían a Trump o
declararían que es inelegible bajo la Sección 3?
¿Por
qué lo hizo Maine?
Maine tiene un proceso inusual en el que se requiere
que el secretario de Estado lleve a cabo una audiencia pública sobre
impugnaciones a las posiciones de los políticos en las papeletas y luego emita
un fallo. Diversos grupos de votantes de Maine, entre ellos uno bipartidista de
exlegisladores estatales, interpusieron una reclamación de este tipo, lo que provocó
la decisión de Bellows.
Bellows es demócrata, exdirectora de la sección de la
Unión Americana de Libertades Civiles en el estado y cuenta con una larga
trayectoria de críticas a Trump en redes sociales. Los abogados de Trump le
pidieron que se recusara del caso, citando publicaciones en las que calificó lo
sucedido el 6 de enero como “una insurrección” y lamentó la absolución del
exmandatario en su juicio político por el incidente.
Se negó alegando que no estaba emitiendo un fallo con
base en sus opiniones personales. Pero el precedente que establece es notable,
según sus críticos. En teoría, funcionarios electorales de todos los estados
podrían decidir que un candidato no es elegible basándose en un novedosa teoría
jurídica con respecto a la Sección 3 y suspender así sus candidaturas.
Los conservadores alegan que la Sección 3 podría
aplicarse a la vicepresidenta, Kamala Harris, por ejemplo. Si en su día se
utilizó para impedir que accedieran a un puesto público incluso aquellos que
donaron sumas pequeñas a individuos confederados, ¿no podría usarse contra de
Harris, dicen, porque recaudó dinero para los arrestados en los disturbios que
siguieron al asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en
2020?
¿Es este un asunto partidista?
Desde luego que lo es. Bellows es demócrata y todos
los jueces de la Corte Suprema de Colorado fueron designados por demócratas.
Seis de los 9 magistrados de la Corte Suprema federal fueron nombrados por
republicanos, tres de ellos por el propio Trump.
Pero los tribunales no siempre se dividen en líneas
partidistas predecibles. El fallo en Colorado fue de 4-3: tres jueces nombrados
por demócratas no estuvieron de acuerdo en inhabilitar a Trump. Varios juristas
conservadores destacados han promovido el uso de la Sección 3 en contra del
expresidente.
Ahora veremos cómo lo maneja el máximo tribunal del
país.
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